07 de julio de 2022
07 de julio de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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En línea con el pedido de los fiscales Diego Velasco, Alejandra Mángano y la titular de la DGRADB, María del Carmen Chena
Ordenaron la ejecución de un decomiso y su asignación al Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata de Personas
Lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de la Capital Federal. Se trata de 685.170 pesos, 7.899 dólares y 970 euros, secuestrados en los allanamientos, además de dos millones de pesos ofrecidos por el condenado como reparación El dinero se destinará a indemnizar a las catorce víctimas de explotación sexual identificadas en el caso.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de la Capital Federal, conformado unipersonalmente por el juez Daniel Horacio Obligado, ordenó la transferencia de 2.685.170 de pesos, 7.899 de dólares y 970 euros a la cuenta del “Fideicomiso de Administración - Fondo de Asistencia a Víctimas de Trata - Ley 26.364” para indemnizar a las catorce víctimas de explotación sexual damnificadas en el caso. La decisión se da en línea con lo solicitado por los fiscales Diego Velasco y María Alejandra Mángano -titulares de la Fiscalía General N°6 ante los TOF de la Capital Federal y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) respectivamente- y por María del Carmen Chena, a cargo de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) de la Procuración General de la Nación.

De acuerdo con la investigación, Rogelio Martín Arce -junto a otras personas aún no identificadas- explotó sexualmente, desde fecha incierta hasta el 19 de marzo de 2019, a por lo menos catorce mujeres en situación de vulnerabilidad. Las víctimas se desempeñaban en un prostíbulo que funcionaba bajo la fachada de un centro de spa y casa de masajes dentro de un edificio de la calle Maipú al 300 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El 27 de octubre de 2020, en el marco de un juicio abreviado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 condenó al hombre a cuatro años y tres meses de prisión por considerarlo responsable del delito de "explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena, aunque mediare consentimiento de las víctimas". Además, ordenó el pago de una indemnización por dos millones de pesos y dispuso dispuso el decomiso de 685.170 pesos, 7.899 dólares y 970 euros que fueron incautados en los allanamientos.

Oportunamente, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron que, ante la firmeza de la decisión, se transfiriera todo el dinero -tanto la indemnización como el dinero secuestrado a la cuenta del “Fideicomiso de Administración - Fondo de Asistencia a Víctimas de Trata - Ley 26.364”. Ese fideicomiso tiene como objetivo la efectivización de las restituciones y reparaciones económicas que correspondan a las víctimas como medida destinada a reponer las cosas al estado anterior a la comisión del delito. En este contexto, el Tribunal hizo lugar al requerimiento y ordenó la transferencia del dinero y su destino al pago directo de las víctimas identificadas en la investigación, lo que estará a cargo Unidad Ejecutiva del Fondo, con asistencia de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) de la Procuración General de la Nación.

El referido Fondo fue dispuesto por la Ley 26.842 que incorporó el actual artículo 27 de la Ley 26.364 de "Prevención y Sanción de la Trata de Personas". En 2019 la Ley 27.508, creó el fondo de Asistencia a las víctimas de trata, lo que fue reglamentado por el decreto 844/19.  El 26 de octubre del año pasado se publicó en el Boletín Oficial la resolución 1473/2021 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación donde se aprobó el “Contrato de Fideicomiso de Administración, Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - Ley 26.364”, celebrado entre ese Ministerio y “Bice Fideicomisos SA”.