El Tribunal Oral Federal de Resistencia revocó la prisión domiciliaria de una mujer coautora del delito de trata de personas y ordenó su encarcelamiento. Los jueces del tribunal hicieron lugar al planteo del fiscal general Federico Carniel, quien solicitó se desestimase el pedido de cese de prisión presentado por la defensa de la mujer, que está coimputada por la explotación sexual de una víctima menor de edad.

La imputada fue detenida el 26 de diciembre de 2014, y por una resolución interlocutoria del 27 de febrero de 2015, se le otorgó detención domiciliaria, dada su extensión conflictual familiar, económica y social. De esta manera, la modalidad de encierro devino como medio atenuante, de resguardo de sus hijos menores de edad, uno de ellos por entonces recién nacido. En noviembre de ese mismo año, un informe de la Oficina de Servicio Social del Poder Judicial de Chaco manifestó el incumplimiento de pautas compromisorias por parte de la mujer.

En octubre de 2016, personal policial de la ciudad chaqueña de Charata presentó un parte informativo en el que da cuenta de agresiones físicas y verbales perpetrados por la mujer, sus hijos y dos mujeres más después de haber detenido a uno de ellos luego de que descartara en su huida elementos aparentemente robados.

Un segundo informe de la Oficina de Servicio Social resultó desfavorable y revelador de actividades tanto de la imputada y su familia hacia sus vecinos, como también de situaciones graves de convivencia con maltrato por parte de la mujer hacia sus hijos. Esto motivó que la titular del Juzgado del Menor de Edad y la familia de Charata dispusiera provisoriamente la guarda de los niños como también una restricción de acceso y acercamiento para la mujer.

La defensa de la imputada presentó un pedido de cese de prisión, que devino en la intervención del fiscal Carniel. En su dictamen, el representante del Ministerio Público Fiscal destacó que existen en el expediente indicadores de riesgo como los ya mencionados que justifican su detención cautelar. Además, el fiscal destacó que se debe evaluar la gravedad del delito y los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino.

En ese sentido, puso de relieve que de los autos surge que la víctima y su círculo familiar han sido objeto de amenazas por parte de la imputada, por lo que la posibilidad de que la mujer pudiese recuperar su libertad opera como un medio de coacción psicológica para la víctima y su familia.

El fiscal destacó, entre otros aspectos, que la víctima y su círculo familiar habían sido objeto de amenazas por parte de la imputada, por lo que la posibilidad de que la mujer pudiese recuperar su libertad operaba como un medio de coacción psicológica, tanto para la víctima como para su familia.

Los integrantes del tribunal contemplaron así que los hijos menores de edad, cuyos cuidados precisamente fueron los datos sensibles para otorgarse la modalidad de detención domiciliaria, aparecían ahora ignorados por su madre. A ello se suman las frecuentes y constantes ausencias del domicilio donde debía permanecer, del que faltaba sin previa autorización y haciendo caso omiso de los apercibimientos tanto del tribunal como del juzgado de primera instancia.

Por ello, el Tribunal resolvió revocar el régimen de prisión domiciliaria de la imputada y su posterior alojamiento en una unidad penitenciaria para mujeres próxima a su domicilio. Asimismo, se dio intervención a la Subsecretaría de niñez, adolescencia y familia y al juzgado del Menor de Edad y Familia de Charata para tomar los recaudos necesarios respecto al mayor de sus hijos.