El fiscal subrogante Julio Zárate, a cargo de la Fiscalía Federal de Río Gallegos, solicitó la elevación a juicio oral de la causa que involucra al dueño de una empresa de ganado porcino, a su pareja y a su cuñada por el delito de explotación laboral en perjuicio de trece personas que trabajaban en la finca. En conjunto con la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) cuya coordinación ahora está a cargo de Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), la fiscalía solicitó medidas cautelares tendientes a hacer cesar la comisión del delito y a decomisar los bienes que han sido instrumento del delito.

En el requerimiento, el fiscal Zarate acusó tanto al dueño como a su pareja de haber captado, trasladado y acogido a trece personas, con la finalidad de explotarlas laboralmente, abusando de la situación de vulnerabilidad de cada una de las víctimas. Por su parte, con respecto a la cuñada del hombre, se le imputó el haber colaborado en la captación y traslado de tres personas y del acogimiento de los trece trabajadores.

A su vez, se le atribuyó a la pareja del dueño haber desobedecido la orden impartida por el juez federal Marcelo Vázquez, quien dispuso la prohibición de contacto con los testigos y víctimas, de la que fue notificada por parte de personal de la División Trata de Personas de la Policía de la Provincia de Santa Cruz. El desobedecimiento de la orden judicial habría ocurrido el 7 de junio 2023 cuando, valiéndose de una cuestión de salud mental de una víctima, la persuadió para que desista de viajar con su familia a Chile.

Por otra parte, en cuanto a las medidas cautelares, la fiscalía pidió el embargo preventivo de los inmuebles utilizados para asegurar las reparaciones económicas que correspondan en favor de las víctimas del caso. También, se solicitó la inhibición general de los bienes de los tres imputados y la prohibición de innovar respecto de la situación habitacional de las víctimas.

Trata de personas

A partir de la denuncia realizada por una mujer en 2022, se llevaron adelante distintas tareas investigativas tendientes a constatar domicilios involucrados y vehículos utilizados, como así también comercios o lugares donde se prestaban los servicios comerciales de las personas señaladas. Ante la existencia de indicios sobre la presunta comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, se realizaron allanamientos en la chanchería, en panaderías, en el comercio donde estaban ubicadas las instalaciones administrativas y en la vivienda en donde residió la víctima que denunció la situación. De esa manera, la División Trata de Personas de la Policía de la Provincia de Santa Cruz procedió a rescatar a las presuntas víctimas de trata laboral, como así también al secuestro de toda documentación de interés para la causa.

A partir de la investigación, de los informes incorporados al expediente, de los secuestros de distintos elementos y de las declaraciones testimoniales de las víctimas, la fiscalía indicó que “se encuentra debidamente probado la participación de los implicados en la captación, traslado, acogimiento a las víctimas, con fines de explotación laboral, valiéndose de su situación de vulnerabilidad -en su calidad de ciudadanos extranjeros, provenientes de otras provincias, de escasos recursos económicos, la falta de oportunidades y de trabajo en sus lugares de origen-, que los llevó a aceptar condiciones de trabajo que no solo eran ilegales, sino que además no se respetaban las exigencias mínimas por su condición de seres humanos”.

El fiscal Zarate señaló en el requerimiento de elevación que “las victimas presentan rasgos comunes: en tanto son de otras provincias o extranjeros, buscando un porvenir más auspicioso para su proyecto de vida, de origen humilde, de zonas desfavorecidas con problemas sociales, carentes de una contención real y afectiva, sin recursos económicos, sin manejar su propio dinero y muchos llegaron al lugar de explotación gracias a que los pasajes fueron abonados por los tratantes”. Además, una de las victimas llegó a expresar que, durante el periodo de lactancia, le impedían gozar del derecho a amamantar a su bebé.

Además de la situación de vulnerabilidad, la fiscalía agregó la existencia de una deuda inicial por parte de las víctimas que debieron satisfacer con su trabajo físico en largas jornadas laborales que resultan mucho más extensas que las dispuestas por ley. También se señaló que el tiempo de descanso era insuficiente, que realizaban múltiples tareas a cambio de la promesa de un salario mensual -fraccionado y tardío-, sin recibo de sueldo, sin aportes y sin horas extras.

Por último, remarcó el fiscal que algunos de los trabajadores dormían en viviendas ubicadas dentro de la finca, en condiciones precarias, sin calefacción, ni agua, llegando a utilizar una de las víctimas un tacho de pintura para efectuar sus necesidades. En ese sentido, señaló que “darle vivienda a las víctimas era una forma de tenerlos bajo su dominio para que trabajen extensas jornadas y avasallar los tiempos de descanso, privacidad o de finalización de la jornada laboral, restringiendo finalmente su autonomía de decidir cuándo ingresar o egresar del espacio de trabajo”.

La investigación

La causa se inició el 2 de septiembre de 2022 cuando una mujer de nacionalidad venezolana acudió a la Comisaría Séptima de Río Gallegos para realizar la denuncia por trata laboral contra una empresa de ganado porcino, lugar donde había trabajado hasta esa fecha como Ingeniera de Producción Animal. Una vez instruida la causa, mantuvo una entrevista con la División Trata de Personas en conjunto con el equipo del Programa Nacional de Rescate, donde indicó que trabajaba desde marzo de ese año de lunes a lunes, que se le había prometido un pago de 100.000 pesos por mes y que sólo le estaban pagando en cuotas de forma esporádica.

Sobre cómo consiguió el empleo, la victima contó que en 2018 viajó a Argentina para continuar con sus estudios y que en marzo de 2022 realizó varias publicaciones en diversos grupos de la red social Facebook, donde la contactó el empleador de la granja de criaderos de cerdos. Allí, además del trabajo, le proporcionaron una vivienda emplazada dentro del mismo predio de la granja, lo cual tanto para ir a comprar comida como para acceder a la ciudad era necesario contar con un vehículo para salir de la finca.

A su vez, relató que, a fines de junio de 2022, a causa de las nevadas, sufrió un accidente de trabajo, que le causó una lesión en su rodilla derecha, por lo cual debió ser atendida en el Hospital Regional de Río Gallegos. De los tres días de reposo que le dieron, sólo el primero se lo respetaron ya que le dijeron que debía atender a los animales y manejar al personal, aduciendo que "para eso se le pagaba". Agregó que tiempo después comenzó a sentir dolores estomacales muy intensos, situación que luego derivó en vómitos y diarrea. Que cuando acudió nuevamente al hospital se hallaba con un cuadro de grave deshidratación e infección urinaria, permaneciendo en observación durante nueve horas, informándole los médicos que su cuadro gastrointestinal era consecuencia de una parasitosis infecciosa.

También expresó que, de acuerdo a la denuncia, cuando le mencionó al empleador que dejaría de trabajar, éste le respondió de mala manera que debía esperar hasta que llegara otra persona que nunca llegó, siéndole negada la autorización para retirarse del lugar. Expresó además que comenzó a tener mucho miedo porque no contaba con nada de dinero, por su condición de migrante y por no tener una red de apoyo cercana. Por último, indicó que se había enterado (a través de un compañero de trabajo) que el encargado le dijo a su esposa que no debían pagarle más el sueldo para que no se vaya. Por este motivo, el 1° septiembre de 2022 decidió irse, con la ayuda de algunos de sus compañeros laborales.