El fiscal general a cargo de la Unidad Fiscal Federal de Salta, José Eduardo Villalba, formalizó está mañana ante el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio, la imputación contra un hombre y una mujer por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y por su calidad de “ministros de un culto”. Ambos encabezaban una congregación umbanda que veneraba a San La Muerte-

El juez Bavio dispuso -en línea con el pedido de la fiscalía- la prisión preventiva de la pareja -que en el caso del hombre será de cumplimiento efectivo mientras que la mujer será bajo arresto domiciliario- y el embargo preventivo del predio donde funcionaba el templo, en la localidad salteña de Villa San Antonio. Por otro lado, a instancias de la solicitud del defensor de las víctimas, el magistrado ordenó la devolución de un Volkswagen Gol Trend -secuestrado en el allanamiento- que los acusados utilizaban y que era propiedad de una de las mujeres que habían captado.

El caso comenzó en febrero de este año cuando una persona se acercó a realizar la denuncia y luego se sumaron otros testimonios. En la causa se contó con los aportes de la fiscal María Alejandra Mángano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que coincidió con la fiscalía respecto al encuadre legal del caso.

La acusación

El fiscal Villalba sostuvo que, bajo la pantalla de líderes espirituales, la pareja acusada se dedicaba a captar personas en estado de vulnerabilidad, para doblegarles la voluntad y así someterlas al ejercicio de la prostitución. Agregó que los dos acusados obligaban a sus víctimas a entregarles entre el 40 y 70% de las ganancias que obtenían por la actividad a la que ellos las inducían.

“Esa captación iba dirigida a personas vulnerables, angustiadas, que llegaban a la congregación en busca de protección. Allí, si bien recibía cierta contención espiritual, a la vez se le generaba en ellos una exigencia de contribución, induciéndolas al ejercicio de la prostitución, para luego quedarse con las ganancias, situación que tenemos por probado ya en, al menos, dos casos”, recalcó el fiscal.

Señaló que el inmueble en el que residen y donde funciona el templo, según las pruebas reunidas, habría sido obtenido gracias al aporte dado por víctimas que fueron captadas e inducidas a prostituirse y realizar pago de cuotas mensuales, para lo cual los acusados no sólo se encargaban de facilitar los lugares para el ejercicio de la prostitución en esta ciudad, sino también en el Estado Plurinacional de Bolivia, tal como surge de las pruebas recolectadas en la investigación.

Recordó también que en el allanamiento practicado en el templo secuestraron, además del vehículo, 18.600 dólares, 61.000 pesos, numerosa documentación que ahora es motivo de pericias y un arma de fuego de la cual la pareja no tenía la documentación, por lo que el fiscal solicitó al juez que declare su incompetencia y se derive el caso a la justicia ordinaria.

“El objetivo de los acusados como líderes espirituales no tenía nada que ver con el culto. No tenemos dudas de ello, aquí están en juego los derechos humanos, pues a partir del dolor de la gente, un dolor funcional a los imputados, se llevó a las víctimas a una vida incompatible con la dignidad humana”, afirmó Villalba.

Medidas de coerción

En la audiencia de esta mañana, el fiscal Villalba también pidió que se dicte la prisión preventiva respecto de la pareja, debido a la naturaleza y gravedad del hecho, en el cual el Estado Argentino tiene el compromiso internacional de perseguir este tipo de ilícitos, al tiempo que resaltó el peligro de entorpecimiento latente, pues el acusado posee una gran influencia sobre las víctimas dada su condición de líder espiritual, al punto tal que logró doblegar la voluntad de las mismas, situación que también hizo extensiva hacia su pareja.

Para fundamentar su pedido, el titular de la Unidad Fiscal Federal Salta mencionó la expectativa de pena negativa respecto a una condena de ejecución condicional y no descartó que, a partir de que se adopte la medida requerida, se presenten más víctimas, tal como ya sucedió en los últimos días.

A su turno, el defensor de Victimas, adhirió a los planteos realizados por la fiscalía, mientras que la defensa de los acusados no objetó la acusación, aunque sí se pronunció en contra de la prisión preventiva, oportunidad en que solicitó que se adopten otras medidas menos gravosas, como el compromiso de colaborar con el proceso o la presentación de sus clientes, en los tiempos que el magistrado disponga.