El Ministerio Público Fiscal de la Nación, en forma conjunta con la Secretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Santiago del Estero, organiza un ciclo de capacitaciones interinstitucionales sobre trata y explotación de personas. Los encuentros están destinados a diferentes organismos públicos de la provincia, tales como la Dirección de Género, Secretaría de Trabajo, Ministerio de Salud, Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, entre otras, como así también diferentes fuerzas de seguridad, provinciales y nacionales, como la División Trata de Personas y Gendarmería Nacional, entre otros.
Repartido en tres encuentros a celebrarse los días jueves, el primero tendrá inicio hoy: será de 17 a 19, a través de la plataforma Cisco Webex Meeting -número de reunión 173 506 9253, contraseña tratapersonas-. Los subsiguientes se desarrollarán en las dos semanas próximas. Las capacitaciones serán dictadas por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), organismos dependientes de la Procuración General de la Nación.
Tanto el Ministerio Público Fiscal como la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia coincidieron en comenzar a generar herramientas provinciales para el conocimiento y correcto abordaje de las víctimas del delito de trata de personas, como así también para la colaboración en el inicio y realización de investigaciones estratégicas sobre la problemática.
Quienes organizan la capacitación resaltaron que la trata de personas es un fenómeno complejo que constituye una vulneración a los derechos humanos, cuyas víctimas tienen la particularidad de encontrarse en una especial situación de vulnerabilidad. Así, consideraron que Santiago del Estero no es ajena a este fenómeno y la provincia, hasta la fecha, aún no cuenta con organismos específicos de abordaje a las víctimas. La asistencia y contención resultan fundamentales, incluso en el más incipiente estado de una investigación, y por ello son necesarias intervenciones conjuntas entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación y los organismos provinciales.
Con este ciclo se intenta generar herramientas inmediatas, eficaces y coordinadas que permitan no sólo realizar investigaciones estratégicas, sino también garantizar el derecho al acceso a la justicia de las víctimas, lo que implica “adoptar medidas de protección y asistencia a la víctima como una de las obligaciones a cargo del Estado”(según lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el precedente Trabajadores de la Hacienda Brasil verde, párrafo 319).