Funcionarias de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) expusieron en el marco del segundo encuentro de una capacitación planificada por el Ministerio Público Fiscal de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santiago del Estero. El objetivo de la iniciativa consiste en generar herramientas para el conocimiento y el correcto abordaje de las víctimas del delito de trata de personas, como para la colaboración en el inicio y la realización de investigaciones estratégicas sobre este fenómeno criminal.

La actividad está dirigida a personal de diferentes organismos públicos de la provincia, como la Dirección de Género, la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales.

En primer lugar, la prosecretaria de la PROTEX, Octavia Botalla, centró su exposición en las tareas que lleva a cabo el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la utilización de la línea telefónica 145 (para la denuncia de este crimen) y el circuito interno de funcionamiento de la PROTEX.

La funcionaria subrayó las intervenciones articuladas entre todos los organismos de manera de lograr buenos resultados. Asimismo, puso de relieve el trabajo con perspectiva de género en este tipo de casos, las reparaciones a las víctimas y el recupero de activos. Botalla expuso estadísticas de intervenciones por organismos, de derivaciones, de tipos de denuncias y de desapariciones con o sin indicio de trata. En este punto puso a disposición la Guía práctica para la búsqueda de personas elaborada por la PROTEX.

En tanto, la coordinadora del Programa Especial de Acompañamiento a Víctimas de Trata y Explotación de Personas de la DOVIC, Malena Nisman, expuso sobre el trabajo de esa dirección acerca del abordaje a las víctimas en el transcurso del proceso penal desde que inicia hasta el fin de la ejecución de la pena. El equipo completo de esa oficina está integrado por Myriam Munne, María Eugenia Borroni, Ariana Sandez, Andrea Vázquez, quienes abordarán en el próximo encuentro de esta capacitación cuestiones relativas al acompañamiento y la asistencia a las víctimas, y Fernanda Rebasa, quien compartió la presentación junto a Nisman.

La funcionaria resaltó que las necesidades de las víctimas, sus sentimientos y preocupaciones son factores fundamentales a tener en cuenta a la hora de realizar un acompañamiento adecuado que contribuya a la restitución de derechos y también a una reparación acorde. Precisó que los dos grandes pilares que guían el trabajo son la perspectiva de derechos humanos y la perspectiva de género. “Estas dos miradas nos permiten saber que quienes llegan a ese conflicto no lo hacen en igualdad de situaciones y condiciones. Esto nos permite quitarnos nuestros preconceptos, porque todos y todas estamos insertos e insertas en una sociedad con patrones que implican que las mujeres estamos en condiciones de desigualdad; por ejemplo percibimos un salario 30 por ciento menor que los hombres por la misma tarea”, describió.

Nisman indicó que, si bien hay quienes afirman que una condena es una reparación, lo cierto es que hay que preguntarse qué desea, necesita y reclama la víctima y tener en cuenta que no a todas se las repara de la misma manera. “Lo fundamental es poder escuchar, tomarla como un sujeto de derechos y acompañarla en la reconstrucción de su proyecto vital”, explicó.

Continuando con este debate, Rebasa expuso sobre un caso utilizando nombres ficticios para preservar la identidad de la víctima. Reseñó que, en el contexto de la pandemia de COVID-19, una mujer mayor de edad solicitó tramitar un nuevo DNI para cambiar el nombre que aparece en su documento actual por el nombre con el que se hace llamar desde hace 10 años. Cuando era pequeña, su madre y su padrastro permitieron que hombres abusaran de ella a cambio de comida o dinero, explicó la ponente, motivo por el cual existe un proceso penal actualmente en curso. El nuevo nombre que había adoptado la víctima le permite disociarse de la madre, pues no se reconoce con el nombre anterior, asegura el equipo interdisciplinario de acompañamiento. “Teníamos que salirnos de la caja, para atender esta demanda de la víctima y buscar herramientas para dar respuesta a esa necesidad. Ya se hizo una presentación en el fuero federal luego de realizar una interpretación armónica entre el derecho internacional y el nacional”, precisó Rebasa, quien trabajó en la presentación junto a Ariana Sandez, psicóloga del equipo.

La directora de la DOVIC, Malena Derdoy, señaló en el cierre de la presentación que “hacer una derivación es confiar en el otro”. Explicó que “la interdisciplina, en el ámbito judicial, es mínimamente novedoso” y que junto al equipo de la PROTEX “estamos consiguiendo” que este tipo de abordajes se lleve cabo en una mayor cantidad de casos.