La fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, Indiana Garzón, solicitó que se inicie el trámite de ejecución del decomiso del prostíbulo “Negro el 20”, ubicado en la ciudad santiagueña de La Banda y que funcionó durante más de 30 años. Se trata de un nuevo pedido luego de la sentencia dictada en octubre de este año mediante la cual los jueces dispusieron esta medida.

“A este órgano decisorio no le queda duda alguna que el local ‘Negro el 20’ de propiedad del acusado Cancino Franco fue, precisamente, el inmueble que ha servido para cometer el delito referenciado y cuyo decomiso –tal como manda el digesto punitivo- debe ser aplicado a un destino especial –en el presente caso, a la asistencia de la víctima”, afirmaron los jueces. En ese sentido, hicieron hincapié en que el destino específico para los bienes decomisados por el delito de trata de personas está establecido textualmente en la Ley de Trata de Personas, esto es, brindar asistencia directa a las víctimas de ese delito.

Por consiguiente, dado que los bienes recuperados por trata de personas tienen un destino legal específico y resulta evidente que no constituyen recursos propios del Poder Judicial, la CSJN no tiene facultades de administración ni de control sobre tales bienes.

En relación a la ejecución del inmueble, el Tribunal sostuvo que “en caso que se opte por llevar adelante la subasta en forma directa, se establezcan garantías de transparencia y eficiencia, a cuyo efecto el Excmo. Tribunal puede tener presente el proceso regulado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (ver Acuerdo N° 3604/2012) a raíz de la reforma al Código Procesal Civil y Comercial por la cual se incorporó la subasta judicial electrónica”.

Por su parte, en el dictamen presentado en conjunto con la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, a cargo de Carmen Chena, hicieron hincapié en el  proceso regulado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires  a raíz de la reforma al Código Procesal Civil y Comercial por la cual se incorporó la subasta judicial electrónica para la ejecución de los bienes afectados a un proceso.

Destacaron que se trata de una “problemática recurrente al momento de ejecutar los bienes decomisados”, principalmente para el caso de los bienes inmuebles, por la intervención de "operadores que alteran el sistema de libre oferta", con el fin de que se establezcan garantías de transparencia y eficiencia.

En el caso intervino la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano.

El caso

La víctima oriunda de la localidad misionera de Colonia Oasis de la Ciudad de Jardín América fue engañada a través de una falsa oferta laboral y llevada hasta la ciudad de La Banda, Santiago del Estero donde fue obligada a prostituirse en un local nocturno de esa localidad.

La joven relató que una vez que llegó a la whiskería, donde fue golpeada, “no la dejaban ver ni el sol” y la controlaban todo el tiempo. Dijo que fue violada cuatro o cinco veces entre cuatro personas del lugar que le decían que era “para que aprendiera porque ella estaba ahí para obedecer”. Además, detalló que en el prostíbulo había otras mujeres oriundas de la Provincia de Santa Fe, “pero que no podían hablar”.