El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Ushuaia, con la integración unipersonal de la jueza Ana María D'Alessio, condenó a dos mujeres por encontrarlas culpables del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, que tuvo como víctimas a al menos dos jóvenes en situación de vulnerabilidad. En el juicio intervino la Fiscalía General ante ese Tribunal, a cargo interinamente de María Lía Hermida.

Por un lado, a Adriana del Valle Zapata se le impuso la pena de 8 años de prisión por ser considerada autora del delito, mientras que Flavia Lorena Garrido fue condenada a 3 años de prisión en suspenso, a quien encontraron como partícipe necesaria. Zapata deberá además abonar una multa de 30 mil pesos.

De acuerdo a la investigación, la principal imputada era la dueña de un prostíbulo denominado L’Toile, ubicado en el centro de la ciudad de Río Grande, en el que se explotaban sexualmente a mujeres en situación de vulnerabilidad. A lo largo de la pesquisa se constató que, a través de falsas ofertas laborales,  engañó y trasladó al menos a dos mujeres desde Mendoza y Tigre, provincia de Buenos Aires.

El 8 de mayo declaró una de las víctimas en la etapa de instrucción suplementaria. El 17 de ese mes comenzó debate y a lo largo del juicio declararon las dos víctimas y dos testigos.

La investigación, a cargo del fiscal federal Marcelo Rapoport, se inició en mayo de 2013 y en diciembre de ese mismo año fueron procesadas. Y en mayo de 2015 la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó el procesamiento de Zapata.

La principal imputada era dueña de un prostíbulo ubicado en el centro de la ciudad de Río Grande, en el que se explotaban sexualmente a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Origen de la causa

La investigación se inició el 2 de mayo de 2013, cuando una joven declaró en la comisaría de Río Grande que había llegado desde Mendoza hacía diez días a raíz de una oferta laboral que había recibido de quien sería la dueña del prostíbulo. Además, la acusada le habría dicho a la víctima que para obtener la libreta sanitaria debía mantener relaciones sexuales con un policía y le habría prometido un muy buen pasar económico, "un lindo hogar" y hacerse cargo de su traslado.

Sin embargo, una vez llegada, la imputada nunca le abonó el dinero prometido y la mujer comenzó a sufrir maltrato psicológico hasta que la aislaron del resto del grupo que ejercía la prostitución en ese local nocturno. Finalmente, la joven se fue del lugar y “se quedó en la calle”. En su denuncia afirmó que otras chicas también iban a ser trasladas desde Mendoza.

"Así las cosas, tengo por acreditado que Angélica del Valle Zapata, captó en Mendoza a R., y pagó su traslado terrestre hasta Rio Grande; le proporcionó alojamiento en esa ciudad y todo ello con la finalidad de su explotación sexual en el local L´Etoile del que era propietaria. Que la víctima tenía una condición de calle que precarizaba sus condiciones de vida y que Zapata sabía de ello puesto que el diálogo por el que la convocó ocurrió en esas condiciones", indicó la magistrada.

El 17 de mayo de ese mismo año, al momento de arribar un vuelo procedente de Buenos Aires, la tripulación de Aerolíneas Argentinas identificó a una joven que no quería descender del avión debido a un ataque de nervios. Luego de asistirla, la mujer le relató a personal policial que le habían pagado el pasaje de ida con la promesa de un puesto de trabajo en una fábrica electrónica. Sin embargo, mientras estaba en la sala de espera de Aeroparque recibió el llamado de una amiga -quien habría sido la intermediaria con la dueña del prostíbulo-, quien le dijo que no subiera al avión porque se había enterado de que en realidad el supuesto empleo iba a ser en un cabaret y no en una industria, como le habían ofrecido.

Entonces, la víctima llamó a la persona que había abonado el boleto para decirle que no iba a viajar y la mujer la amenazó con matar a los hijos si no lo hacía. Posteriormente, la policía identificó a la acusada en el aeropuerto. Como consecuencia, el fiscal Rapoport solicitó la acumulación de ambas causas por tratarse de la misma acusada y en septiembre de 2013 solicitó el allanamiento en el prostíbulo L’Toile. Durante el procedimiento, la principal imputada quedó detenida y se constató la presencia de ocho mujeres en el lugar, la encargada del local nocturno y dos hombres que se desempeñaban como personal de seguridad. Además, se evidenciaron signos de sustancias tóxicas y condiciones sumamente precarias respecto a la situación edilicia, de higiene e insalubridad.

"Tengo por probado que por medio de una tercera persona, Flavia Garrido tomó contacto con G., cuya situación de vulnerabilidad conocía y le propuso viajar a Tierra del Fuego para poder trabajar en la fábrica Lenovo en la que percibiría un sueldo y tendría resuelta su situación de vivienda. Que la intervención de Garrido tenía como destino final, lograr la incorporación de G. al grupo de mujeres que eran explotadas en el local L´Etoile. El motor de la captación desarrollada por Garrido, fue el engaño acerca de la posibilidad de obtener una solución laboral favorable", señaló la magistrada.