El Juzgado Federal de Río Grande, en línea con lo solicitado por el fiscal federal Marcelo Rapoport, dispuso el procesamiento de dos hombres y una mujer acusados de trata de personas con fines de explotación sexual. Además, el magistrado ordenó mandar trabar embargo hasta cubrir la suma de 250 mil pesos sobre los tres imputados y dispuso la prohibición de salida del país  y de la provincia de Tierra del Fuego.

Los imputados están acusados de conformar una organización delictual mediante la cual explotaban sexualmente al menos a cinco víctimas en situación de vulnerabilidad en un "privado" ubicado en la ciudad fueguina de Río Grande. La principal imputada, Nancy del Valle Zelaya, habría realizado falsas ofertas laborales a las víctimas, en su mayoría oriundas de distintas provincias del norte del país, con el objetivo de que ellas pudieran obtener “beneficios económicos”. La banda se hacía cargo del traslado y, de esta manera, se les generaba una “deuda” a las víctimas desde el comienzo, que debían saldar “con su trabajo”.

Se pudo establecer que las víctimas debían realizar jornadas desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana y también que los imputados se quedaban el 35% de lo obtenido por cada una de ellas. Asimismo, se les retenía el costo por el alquiler de las piezas donde vivían tres de ellas.

Según la investigación llevada a cabo por la Fiscalía, Nancy del Valle Zelaya era la encargada del “privado” y controlaba a las víctimas. Además,  cobraba los servicios que ellas prestaban y las deudas de los “clientes”. Por su parte, Walter Mario Javier Obregón, su marido, sería el responsable de la logística de la morada y Oscar Darío Obregón, el responsable de la seguridad del lugar.

Además, a raíz de la pesquisa también se pudo establecer que  Zelaya  utilizaba de forma exclusiva la Agencia de Remises llamada “APRAR” para efectivizar los traslados de las víctimas y clientes del lugar.

Como consecuencia, el representante del MPF solicitó una serie de allanamientos que se llevaron a cabo el 19 de agosto: en la remisería APRAR, en los domicilios particulares de Nancy del Valle Zelaya, Walter Javier Obregón y Oscar Darío Obregón y en el domicilio donde funcionaba el “privado”, con el objetivo de rescatar a las víctimas que se encontraban en dicha vivienda.

En su resolución, el magistrado destacó la particularidad de la ubicación geográfica del lugar, ya que “incrementa de algún modo el estado de indefensión y vulnerabilidad” de las víctimas, que se encuentran alejadas de sus grupos familiares y amigos, en tanto  “la venida hasta estas latitudes en general implica un desplazamiento más arduo y complejo que del resto del país, toda vez que la provincia es una isla”. De esta manera, el juez remarcó que esta singularidad implica un “mayor grado de dificultad a la hora de querer emprender la vuelta a sus hogares o de acceder a vías de comunicación para ello”, concluyó el juez.

La Fiscalía cuenta con la colaboración de la Dirección de Recuperación de Activos y Decomisos de Bienes, a cargo de Carmen Chena.