27 de febrero de 2024
27 de febrero de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Intervino el fiscal Pablo Camuña con colaboración de Protex
Tucumán: condenaron a los líderes de una banda dedicada a la trata de personas
El Tribunal Oral Federal dictó penas de ocho años de prisión para los dueños de dos históricos prostíbulos y otros cuatro años para dos partícipes secundarios.  Además, los jueces ordenaron el decomiso de uno de los locales. Se trata de una organización criminal que captaba mujeres en situación de vulnerabilidad para explotarlas sexualmente.

Anoche, el Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a ocho años de prisión a Ernesto Robles y Mercedes Medina, por encontrarlos responsables del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Ambos regenteaban dos prostíbulos denominados “Bar California”, un histórico local nocturno que funcionaba al menos desde hacía 15 años, y “Night Club”, frente a la ex terminal de ómnibus de la capital provincial.

Además, los jueces sentenciaron a cuatro años para otros dos imputados, Aníbal Iván Frías y María Rosa Juárez, por considerarlos partícipes secundarios mientras que otros tres acusados resultaron absueltos. Finalmente, los magistrados ordenaron también el decomiso del local “Bar California”.

Los integrantes de la banda, quienes llegaron a la instancia de debate oral con prisión preventiva, fueron encontrados culpables de haber captado a mujeres en situación de vulnerabilidad para trasladarlas y explotarlas sexualmente.

En sus alegatos, el fiscal Pablo Camuña, que contó con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y de la delegación Tucumán de la Procuraduría especializada, había solicitado 11 años para los principales imputados y 10 para los secundarios.

Durante la audiencia de ayer, estuvo presente Susana Trimarco, quien encabeza la Fundación María de los Ángeles que actuó como querellante durante el proceso.

La investigación se había iniciado tras una denuncia de la Fundación María de los Ángeles realizada a la justicia federal de Tucumán en abril de 2013. El 13 de septiembre, se realizaron los allanamientos en ambos prostíbulos, donde se hallaron importantes sumas de dinero, preservativos, cartuchos calibre .16, .28 y .125 y dos municiones calibre 1125 mm. El 8 de octubre de 2013, los siete imputados fueron procesados con prisión preventiva, en diciembre de 2014, el fiscal federal Carlos Alfredo Brito solicitó la elevación a juicio y el 25 de noviembre de 2015 comenzó el debate oral.

A lo largo de las audiencias, declararon ante el Tribunal cuatro víctimas de identidad reservada que fueron rescatadas de los prostíbulos. Las mujeres brindaron detalles del funcionamiento de la banda.

Cómo funcionaba la banda

Los dos principales imputados serían una pareja que deberá responder en calidad de coautores. La mujer habría sido la encargada de la explotación “comercial” y de la captación, traslado y acogida de mujeres en situación de vulnerabilidad con fines de explotación sexual.

Por su parte, el hombre era quien le habría dado las instrucciones a su pareja sobre cómo proceder en la administración de ambos locales. En la resolución, el juez dio por probado que era el encargado de “resolver” de manera violenta algunos conflictos y habría promovido y facilitado las tareas de captación, traslado, acogimiento y explotación sexual de personas empleando violencia e intimidación sobre las víctimas.

Las mujeres debían realizar jornadas de 11 horas por día en condiciones insalubres y, tanto ellas como sus familias, habrían sufrido violencia física, amenazas e intimidaciones, incluso a través de armas de fuego.

La banda habría contado con la colaboración de otros cinco cómplices que cumplían tareas como la administración del dinero, participación en los mecanismos de captación de mujeres y del control sobre ellas. Uno de los acusados sería, además, un hombre con salidas transitorias del Penal de Villa Urquiza, quien habría cumplido el rol de seguridad interna y externa, y de amedrentar a las mujeres, ya sea por no cumplir los pagos o por resistirse a las órdenes de la proxeneta. Asimismo, una de las víctimas lo identificó como el encargado de facilitarle drogas.

La organización criminal habría implementado un sistema de multas y de rotación entre los prostíbulos y otros ubicados en las provincias de Catamarca y La Rioja. Los imputados habrían obligado a otras mujeres a hacer las veces de “encargadas” para asegurarse que no declaren en su contra.

En su declaración, una de las víctimas aseguró que tuvo que realizar “pases” hasta los ocho meses de embarazo así como también en ocasiones donde se encontraba enferma. Asimismo, relató que tenían una suerte de “discurso” armado para que declarasen luego de los procedimientos judiciales, el cual consistía en decir que “trabajaban por su cuenta” y que, como castigo extremo, las mantenían encerradas en una de las habitaciones del prostíbulo.