A partir de las acciones impulsadas por la Fiscalía General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán a cargo del fiscal Pablo Camuña en conjunto con la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes, dirigida por María del Carmen Chena, se recuperaron efectivamente y se tomó posesión de dos inmuebles que funcionaron como prostíbulos y que fueron decomisados en el marco de dos juicios orales por trata de personas.

Uno de ellos había sido decomisado en el marco de la causa “California”, donde un grupo criminal conformado por siete personas fue juzgado por haber captado y acogido mujeres con la finalidad de explotarlas sexualmente, situación que se consumó en dos inmuebles que funcionaron como prostíbulos en la capital tucumana. El juicio de ese caso se llevó adelante en diciembre del año 2015 y el decomiso del local fue ordenado por la Cámara Federal de Casación Penal luego que el Tribunal Oral de Tucumán omitiese pronunciarse sobre el decomiso requerido por la fiscalía de juicio.

El segundo inmueble fue decomisado en el marco de la causa “Díaz”, donde otra banda fue condenada por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en un prostíbulo denominado “Night Club”, que funcionaba en un local contiguo al mencionado en el párrafo anterior. El debate de ese caso se llevó a cabo en diciembre de 2021, con penas que fueron de los cuatro y a los nueve años de prisión para las tres personas involucradas en la causa.

La medida de entrega de los inmuebles fue solicitada en el marco de lo establecido en la ley 27.508, creadora del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, requiriendo la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que realizase el desalojo de los inmuebles y llevase adelante las medidas administrativas pertinentes, con la finalidad de entregarlo provisoriamente en custodia a la Fundación María de los Ángeles, organización no gubernamental de Derechos Humanos presidida por Susana Trimarco, cuyo objeto específico es la prevención de la trata de personas y la asistencia a sus víctimas.

En ese marco, se solicitó que se asignara a los inmuebles un destino de utilidad pública, conforme establece la Acordada 2/2018 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ello hasta tanto la sentencia condenatoria adquiera firmeza y corresponda la ejecución del bien, cuyo producido deberá ser destinado a la reparación de las víctimas.

Los inmuebles decomisados se encuentran en una zona de la ciudad de San Miguel de Tucumán donde históricamente funcionaron prostíbulos y se espera que el destino de utilidad pública permita resignificar los espacios históricamente utilizados para la explotación de mujeres y convertirlos en lugares donde se generen acciones de prevención y reparación a víctimas.