03 de agosto de 2020
03 de agosto de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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En el debate, intervienen el fiscal Adrián García Lois y Abel Córdoba
Ushuaia: comenzó el juicio contra una familia acusada de trata de personas
El líder del clan, compuesto por seis integrantes, está acusado de engañar, a través de falsas ofertas laborales publicadas en el diario Clarín, trasladar y explotar sexualmente al menos a 18 mujeres en un conocido prostíbulo denominado “Black and White”.

Este mediodía, comenzó el juicio oral contra una familia acusada de trata de personas con fines de explotación sexual en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego. El clan está acusado de haber engañado, a través de falsas ofertas laborales, al menos a 18 mujeres en situación de vulnerabilidad en “Black and White”, un reconocido boliche de esa ciudad.

Según la investigación, el líder de la banda, identificado como Víctor Morales, habría sido el encargado de la captación, el traslado y el recibimiento de las víctimas, en su mayoría provenientes de diferentes provincias y países limítrofes. La pareja de Morales y una de las hijas de ellos habrían sido las encargadas del prostíbulo junto a otra mujer quien, además, habría cumplido las funciones de “celadora” ya que muchas víctimas la señalaron como la encargada de impartir amenazas. No solamente vigilaba que nada se saliese del orden establecido por la organización criminal, sino que también sumaba infracciones para que se realizaran continuos descuentos. Si bien en la práctica, las chicas rara vez recibían dinero, esas multas servían de excusa para que los escasos montos se reduzcan.

De todas maneras, las tres mujeres eran las responsables de cobrar las cuotas de las deudas y multas y quienes les entregaban un comprobante del dinero que les correspondería, pero que, “por razones de seguridad”, las imputadas gentilmente guardaban. Esto se desprende de la declaración de las víctimas.

Por su parte, la ex mujer del líder de la banda habría estado a cargo de la tramitación de los pasajes de las víctimas y de la administración de las ganancias económicas del prostíbulo. A través de la investigación, se pudo determinar que los bienes adquiridos por su el esposo fueron puestos a nombre de ella. Finalmente, el hijo trabajaba ocasionalmente en el local nocturno reemplazando a algunas de las encargadas.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Ushuaia. La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo, había iniciado una investigación a partir de una denuncia del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) que daba cuenta de avisos clasificados publicados en el diario Clarín que reclutaba mujeres para trabajar en un prostíbulo de la provincia. Con el tiempo, advirtieron que se trataba de la causa que llevaba adelante el fiscal Juan Soria y por ello se unificaron.

El 27 de abril de 2012, se realizaron cinco allanamientos, tanto en el prostíbulo como en los domicilios particulares de los imputados y el lugar donde eran alojadas las víctimas. Como resultado, 15 mujeres fueron rescatadas y secuestraron importantes sumas de dinero, un arma de fuego y medicamentos con la droga Oxapro 75 (utilizados para realizar abortos).

El 15 de mayo de ese mismo año, el juez Federico Calvete dictó el procesamiento de los seis imputados y el 3 de septiembre el representante del Ministerio Público solicitó el requerimiento de elevación a juicio, firmado por el fiscal ad hoc Fernando Pedro Rota.

En el debate oral interviene el fiscal Adrián García Lois con la colaboración del titular de la Unidad Fiscal de Litigio Oral Estratégico, Abel Córdoba.

Origen de la causa

El 20 de marzo de 2010, una mujer denunció en una comisaría de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, que su hija de 18 años había viajado a Ushuaia para ejercer la prostitución en un cabaret y que ese día le había enviado un mensaje de texto en el que la advertía a su madre de una situación sospechosa. La Fiscalía estableció que no solamente esa joven podía ser víctima de un caso de trata de personas con fines de explotación sexual, sino que habría otras que también habrían sido captadas en otras ciudades del país y trasladadas hacia la capital de Tierra del Fuego para explotarlas en Black and White.

Paralelamente, el 7 de abril de 2010 se había recibido en Protex información del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) sobre un anuncio publicado en el diario Clarín del día 4 de octubre de 2009 que daba aviso de la búsqueda de “señoritas para cabarets en Ushuaia” con un teléfono para comunicarse. A partir de ese momento, la Procuraduría a cargo de Marcelo Colombo dispuso una investigación preliminar ya que consideraron que podía tratarse de una oferta laboral engañosa.

Cuando Protex advirtió que ambas causas podían ser parte de la misma organización criminal, envió su investigación preliminar a la Fiscalía Federal de Ushuaia para unificarlas y solicitó una serie de medidas para colaborar en el caso. De esta manera, se estableció que la banda contaba con una conocida página web que recibía una gran cantidad de visitas diarias y donde se publicitaban los “servicios” que ofrecía el prostíbulo, con el detalle de la cantidad de mujeres de diferentes partes del país que se podía “elegir”.

A partir de las pruebas recolectadas, el titular de la Protex, Marcelo Colombo, consideró que había indicios suficientes para considerarlo un caso de trata de personas y aportó nuevos elementos probatorios como escuchas telefónicas y la constatación, a través de información de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, de otros cuatro avisos publicados en el mismo diario entre diciembre de 2011 y enero de 2012.

Finalmente, el 27 de abril de 2012 se realizaron los cinco allanamientos.

Funcionamiento de la banda

Morales habría sido el encargado de captar víctimas en situación de vulnerabilidad, oriundas de diferentes provincias y países limítrofes, a través de falsas ofertas laborales o “recomendaciones” de personas allegadas para trasladarlas y explotarlas sexualmente en el histórico prostíbulo, ubicado en el centro de la ciudad de Ushuaia. Las víctimas residirían en otro domicilio por el cual los imputados les descontaban $300 mensuales en concepto de alquiler.

El prostíbulo habría funcionado todos los días desde las 00:00 hasta las 6:00, aproximadamente. Contaba con dos habitaciones destinadas a la realización de los denominados “pases”, por un valor entre $600 y $800 del cual percibirían entre un 60 y un 70 por ciento del total ya que el resto se lo apropiaban los imputados.

Por otro lado, la banda había implementado un sistema de multas por supuestas “infracciones” cometidas por parte de las víctimas tales como llegar tarde, no limpiar la casa o excederse del tiempo correspondiente en los “pases”. Todas las penalizaciones rondaban los $300.

Las víctimas poseían libretas sanitarias y se realizaban análisis y controles ginecológicos a pedido del líder de la banda en un lugar que él mismo “recomendaba” y por los cuales se les cobraba $400. Como muchas de ellas no contaban con ese dinero, se traducía como “deuda”. Además, las víctimas debían concurrir a la comisaría de la zona para realizar un trámite que las mujeres definieron como “antecedentes” o “buena conducta”. Allí, les tomarían las huellas digitales y se consignaban los datos en un registro.