Un joven de 25 años murió el 22 de diciembre pasado por ahorcamiento en la Unidad Penal N°6 de Rawson, tras haber sido sometido a golpes y malos tratos, y haber sufrido la quita de su medicación psiquiátrica.

La muerte se produjo a más de mil kilómetros de los tribunales porteños a cargo del cumplimiento de su condena, apenas tres días después de que funcionarios de la Procuraduría contra la Violencia Institucional pudieran constatar la situación que estaba padeciendo y pese a que el fiscal federal de Rawson había presentado un habeas corpus para que cesara ese destrato.

Al joven le habían prometido un traslado -que incluso fue ordenado por el juez de ejecución penal a cargo de su caso y el Servicio Penitenciario Federal no cumplió con la disposición- y tratamiento médico.

Cristian Pereyra, así se llamaba, estaba detenido en la Unidad Federal N° 6 de Rawson. Llevaba dos años en esa condición, tras ser condenado en un juicio abreviado.

El jueves 19 de diciembre del año pasado la Procuvin inspeccionó esa cárcel de máxima seguridad -donde constató violaciones de derechos y una situación estructural grave-, y llegó al “buzón de castigo” en el que estaba alojado el joven.

Los funcionarios Ana Laura López y Roberto Cipriano García entrevistaron a Cristian, a quien encontraron en muy mal estado físico y psíquico, muy sucio, con quemaduras y el pelo chamuscado. Estiman que estaba sumamente angustiado como consecuencia del régimen carcelario. Aquel día, en esas condiciones y en soledad, cumplía 25 años. Durante el encuentro el joven le contó a los representantes de la Procuvin que durante la jornada anterior había sido golpeado en un pabellón y que el Cuerpo de Requisa lo encerró en su celda también a los golpes, lo que acrecentó su temor a ser agredido de nuevo. Reclamó que lo cambiaran de pabellón pero no obtuvo respuesta alguna. Debió prender fuego su celda para tener la atención penitenciaria, y recién ahí, aparecieron los agentes.

En ese contexto, lo sacaron de la celda y lo golpearon con golpes de puño y palos. Le inyectaron gas pimienta en la boca y los ojos, y luego lo confinaron al “buzón” en el que lo encontró la Procuvin.

En su celda no tenía sanitario ni agua. Al momento de la entrevista llevaba 18 horas sin tomar nada, aun cuando la irritación causada por el gas pimienta aumentaba su necesidad de hidratarse.

Durante la noche anterior no le suministraron la cena, y tampoco le llevaron comida en el transcurso de la mañana. Como no le permitieron ducharse, tenía las huellas de los golpes y el fuego en su cuerpo. Lo único que llevaba consigo era la ropa que vestía. La celda estaba vacía, a excepción de pedazos de colchones rotos: le negaron las mantas y la ropa de cama (foto). Tenía marcas en la cabeza, varias escoriaciones y moretones en la espalda, tórax, piernas y un corte en unos de sus brazos.

Cristian relató a López y Cipriano García que venía solicitando atención psiquiátrica y la medicación que tenía prescripta, tal como sucedió mientras estuvo alojado en los penales de Devoto y Ezeiza. Pero cuando llegó a Rawson el especialista de la unidad decidió interrumpir el tratamiento y no brindarle ninguno alternativo.

Esa decisión fue admitida abiertamente por el psiquiatra del Servicio Penitenciario Federal, al sostener "que no hay que medicar a las personas. Si están bajo tratamiento, los interrumpe y los deja a la deriva", señaló el titular de la Procuvin, Abel Córdoba.

Pereyra había presentado tres habeas corpus en dos meses, pero tampoco así logró que se atienda su salud. La Procuvin expresó que es previsible que una privación del proceso, sin dispositivos que atenúen los efectos de esa interrupción, deje a la víctima/paciente en un estado más grave que al comienzo.

Habeas corpus y denuncia penal

Cipriano García se comunicó desde la celda con el Juzgado de Ejecución N°4 de la Capital Federal, a cargo de Marcelo Peluzzi -el joven estaba detenido en Rawson a disposición de un juez porteño-, y le transmitió la gravedad del caso, como así también la necesidad del traslado y la atención médico-psicológica. También se le requirió al fiscal federal de Rawson, Fernando Gelvez, que presente un habeas corpus para que se aborde el caso de inmediato y que el detenido comparezca ante un juez, como así también una denuncia penal por los hechos constatados para que se inicie la investigación correspondiente.

Ese mismo jueves Cristian declaró ante Gelvez, quien formuló el requerimiento de instrucción y lo amplió al día siguiente.

El desempeño del juzgado

Luego, Pereyra se presentó a la audiencia ante el conjuez Miguel Ángel Donnet, en el marco del habeas corpus presentado por el fiscal: allí solicitó ayuda psiquiátrica extra-muros ante la negativa de brindarle un tratamiento en la Unidad 6.

Desde el juzgado federal se comunicaron por teléfono con el segundo Jefe de Seguridad de la cárcel, subalcaide Fernández, y le aseguraron a Pereyra que cuando se reintegrara sería atendido por los médicos del servicio de asistencia, y que luego sería alojado en una nueva celda bajo el régimen común.

También se le requirió al funcionario penitenciario un seguimiento diario, haciendo responsable a esa división de su integridad física.

Una práctica extendida

El domingo 22 de diciembre, alrededor de las 15.30, el juez de ejecución Peluzzi comunicó a Procuvin que Cristian Pereyra fue encontrado muerto luego del mediodía en el área de Sanidad, donde estaba alojado para su curación.

También informó que había ordenado el traslado de Rawson en el mismo momento que recibió el llamado -es decir, el jueves anterior-, pero que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) no cumplió su disposición. Para esas horas de la tarde, la fiscalía chubutense tampoco había sido notificada por el juzgado federal de resolución alguna respecto al habeas corpus.

Sobre ese último punto, la hipótesis que se maneja en la investigación es que el juzgado habría hecho desistir a Cristian del habeas corpus, derivándolo al propio Servicio Penitenciario Federal, que antes lo había golpeado, puesto en un “buzón” sin las condiciones mínimas de habitabilidad e higiene y negado líquido y alimentos.

La práctica -extendida, según explicó Córdoba- consiste en decirle al detenido-golpeado que le darán lo que pide a cambio de renunciar al mecanismo constitucional.

Esa “negociación” opera con sustento en la disparidad y la violencia, ya que la persona privada de su libertad se enfrenta con el sistema penitenciario y judicial sin que nadie lo represente. De hecho, la audiencia de la que participó Pereyra se celebró sin la presencia de su abogado defensor.

La autopsia concluyó que el joven murió por "asfixia mecánica por comprensión extrínseca a nivel del cuello", es decir, ahorcado.

Los gastos de la inhumación de los restos fueron costeados con el dinero del peculio que el joven recibía por trabajar en la cárcel.