Personas con 23 horas de encierro diario en los "pabellones de aislamiento" -sin la formalización de la sanción- en celdas con vidrios rotos, una habitación con facas y elementos punzantes sin rotular y cadenas para la sujeción de personas halladas entre el equipamiento del personal penitenciario fueron algunas de las irregularidades constatadas por la inspección encabezada este lunes por fiscales, jueces y defensores en la Unidad Federal N°6 de Rawson y que llevaron al fiscal federal local, Fernando Gelvez, a requerir anteayer la investigación de los agentes penitenciarios por -en principio- incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los hallazgos llevaron a Gelvez a clausurar y resguardar el lugar a cargo sector de requisa y un armario, que quedaron a disposición del Juzgado Federal de la capital chubutense. Y las cadenas, que podían constituir un elemento de tortura, directamente fueron secuestradas. Como luce en las fotografías que acompañan esta nota, las cadenas tienen estribos y tres de ellas llevan gasas o vendas en sus extremos.

Los funcionarios también se llevaron la llave del "depósito de elementos secuestrados" en el sector requisa para que el juzgado "realice un inventario y posterior secuestro de los elementos u objetos antes descriptos y de todos los que sean prohibidos para el uso de internos y penitenciarios".

Además, gestionaron ante el SPF la regularización y mejoramiento de las condiciones de las personas que habían visto agravada su privación de la libertad en los pabellones de aislamiento.

La inspección fue llevada a cabo en el marco del Sistema de Coordinación y Seguimiento de control Judicial de Unidades Carcelarias, que está integrado por jueces, defensores y fiscales federales de diferentes instancias, funcionarios del Poder Ejecutivo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), como miembro consultivo.

El monitoreo fue encabezado por el juez de la Cámara de Casación Federal Gustavo Hornos; el fiscal federal Gelvez; el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Abel Córdoba; los jueces nacionales de la Capital Federal Sergio Paduzak y Martín Vazquez Acuña; el defensor general y miembro de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, Ricardo Richiello, y el director de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Ariel Cejas.

Junto a otros funcionarios judiciales y del Ministerio Público, totalizaron unas quince personas las que el lunes recorrieron el penal durante nueve horas y se entrevistaron en forma confidencial con 100 hombres encerrados de los más de 400 que actualmente integran la población carcelaria.

El Sistema de Coordinación y Seguimiento de la situación carcelaria fue creado el 26 de junio de 2013 y desde entonces realiza recomendaciones generales de funcionamiento y formula consideraciones particulares respecto de cada lugar de encierro al que realiza visitas. En ese contexto, se concretaron entrevistas a funcionarios y a personas encerradas, de carácter confidencial en este último caso.

23 horas en un buzón

El lunes, los funcionarios pudieron constatar en las celdas de aislamiento que al menos unas 20 personas estaban sancionadas sin sanción formal, con la condición de privación de la libertad agravada. Esos detenidos pasaban 23 horas dentro de un "buzón" -tal la denominación en la jerga carcelaria de las celdas de aislamiento-, fuera de todo sistema de progresividad de la pena, en celdas sin vidrios.

A raíz de las denuncias judiciales que en esa jurisdicción indican la presencia de facas, lanzas y hierros con puntas, se buscó especialmente en el penal la presencia de ese tipo de elementos. Así, dieron con una habitación donde había baldes que contenían decenas de esas armas, sin ningún tipo de rotulación, registración o declaración de su existencia a una autoridad judicial. Ante esa situación, el fiscal Gelvez procedió a clausurar el recinto, que resultó ser el Depósito de Elementos Secuestrados de la Sección Requisa, para dejar todo a disposición del Juzgado Federal de Rawson.

Por otro lado, en el sector donde se equipan los guardias encargados de la requisas, los funcionarios hallaron cuatro cadenas para atar a las personas, junto a los bastones y las esposas que utilizan regularmente los penitenciarios en los procedimientos. Las cadenas tenían vendas en sus extremos. Las autoridades del penal explicaron que no se utilizaban, pero la apariencia y el estado de las condiciones de acceso a ellas convencieron a los funcionarios de lo contrario y procedieron a su secuestro, tal como ocurrió hace dos años en un penal de Córdoba.

Un penal con historia... de violencia

"Hay muchos hechos de violencia que observamos a diario donde los detenidos denuncian severidades, apremios ilegales, torturas y hechos de violencia entre internos, que se supone o se deja entrever que fue promocionada o permitida", explicó a Fiscales el fiscal Gelvez. "Hay violencia generada en una cárcel de máxima seguridad que no debiera ocurrir. Se debiera cumplir con la finalidad de la pena, que es la resocialización, y no se cumple. Las condiciones no son buenas porque hay violencia y porque tampoco hay atención adecuada de patologías o de personas lesionadas", precisó.

En febrero del año pasado el juez federal de Rawson Hugo Sastre requirió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación la intervención del penal luego de que el fiscal Gelvez le pidiera en dos oportunidades la indagatoria del entonces jefe de la unidad, Juan de la Cruz Céspedes, por demorar la contestación de información y entregarla parcialmente en la investigacion de la muerte de Juan Moreno. Pero hasta hoy, el centro de detención siguió funcionando y no fue intervenido.

En diciembre de 2013, la Procuvin había realizado una inspección al penal. Tres días después, el detenido Cristian Pereyra -para quien se había ordenado un traslado a otra unidad, que no se cumplió- fue hallado ahorcado en el área de Sanidad.

Para entonces, la cárcel de Rawson tenía antecedentes similares. En septiembre del año pasado, el juez Sastre procesó sin prisión preventiva a 14 agentes y oficiales del SPF por "abandono de persona agravado por el resultado muerte" en el caso del suicidio de David Daniel Dubra, un hombre de 37 años, quien el 25 de enero de 2012 apareció ahorcado en su celda pendiendo de una sábana.