14 de agosto de 2022
14 de agosto de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Más de 3300 personas están encerradas a disposición del fuero extraordinario
No tienen condena tres de cada cuatro detenidos a disposición de jueces federales
Los datos corresponden a un relevamiento de la Procuraduría contra la Violencia Institucional sobre la situación en cárceles federales. Los jóvenes adultos (18 a 21 años) y las mujeres son los grupos más vulnerados, con cifras de encarcelamiento preventivo de 77% y 62%, respectivamente, que superan la media de 57%. El SPF custodia personas a disposición de la justicia federal, la nacional y provinciales.

El 73 por ciento de los detenidos en cárceles federales a disposición de jueces federales no tiene condena, mientras que ese porcentaje asciende al 77 en el caso de jóvenes detenidos de entre 18 y 21 años y al 62 por ciento en el caso de las mujeres.

Las cifras de los colectivos integrados por jóvenes adultos y mujeres los muestran como los grupos más vulnerados del sistema, dado que en ambos casos superan al 57 por ciento de la población general que está detenida en forma preventiva. 

Un dato adicional al caso de la población femenina es que el 9 por ciento del conjunto convive con sus hijos en un penal o se encuentra embarazada.

Los números se desprenden de un informe sobre la población de las cárceles federales realizado por la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), que concluyó que "la política criminal de encarcelamiento preventivo es enfáticamente sostenida por las prácticas de encierro cautelar de la Justicia Federal".

La Procuvin puso énfasis en la situación de jóvenes adultos y mujeres que registran porcentajes de encierro superiores a la media: "Para ambos colectivos se identifican indicadores de agravamiento procesal que refuerzan su condición de grupos subalternos al interior de la ya vulnerada clientela del sistema penal".

El relevamiento realizado por el Área de Registros y Base de Datos de la Procuvin es producto de la sistematización de los partes que le remite semanalmente el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y refleja el estado de la situación al 29 de noviembre de 2013, cuando el número de personas privadas de la libertad en las 28 cárceles y las 10 alcaidías de esa institución ascendía a 10.043.

Esa "imagen histórica" del sistema revela que el 34 por ciento de las personas está detenida a disposición de jueces federales (3376), un 59 por ciento a cargo de jueces nacionales (5935) y el 7 por ciento (732), de magistrados provinciales.

Del total de la población carcelaria, el 92 por ciento son hombres y el 8 por ciento, mujeres; y el 96 por ciento tiene 21 años o más, mientras que el 4 por ciento tiene entre 18 y 21 años.

La Procuraduría a cargo del fiscal Abel Córdoba precisó que "existen dos elementos estructurales que convergen en el agravamiento de la política criminal de encarcelamiento": el uso extendido de la prisión preventiva y la "modalidad de confinamiento territorial en unidades penales ubicadas a más de mil kilómetros de la jurisdicción de residencia del detenido/a y de los órganos jurisdiccionales de la causa penal".

Situación procesal por jurisdicción

En tanto, las personas detenidas sin condena a disposición de magistrados de la justicia nacional es del 51 por ciento, mientras que las que están detenidas a disposición de jueces provinciales es del 29 por ciento.

Las cifras se dan en el marco de un promedio general de 57% de la población carcelaria procesada pero sin condena, encerrada en establecimientos federales. La Procuvin indicó en su informe que estos números demuestran que "el actor judicial colabora en el sostenimiento de una masa de detenidos/as preventivos superior a los condenados", dado que el encarcelamiento preventivo depende en muchos casos de la voluntad de los operadores del sistema judicial.

En cambio, precisó la Procuraduría, "entre la masa de detenidos/as condenados, la incidencia del SPF es mayor en cuanto al influyente rol de los informes criminológicos que elabora, de 'conducta' y 'concepto', y que definen la resolución de los pedidos de libertad vinculados a la progresividad de la pena". 

La Procuvín informó que el documento sobre la situación del sistema carcelario se enviará a la Cámara Federal de Casación Penal, al Ministerio de Justicia de la Nación, a la Defensoría General de la Nación, al Consejo de la Magistratura, a la Procuración Penitenciaria de la nación, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a diferentes comisiones del Parlamento nacional.