La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) encabezó el martes la inspección más numerosa de funcionarios del Ministerio Público realizada en una cárcel, con tres fiscales y 17 empleados y secretarios de fiscalías de San Isidro, San Martín y Dolores que realizaron tareas de monitoreo -con entrevistas confidenciales- en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz. Algunas situaciones constatadas fueron de tal gravedad que los funcionarios debieron tomar medidas en el lugar, ordenando resguardos y realojamiento de personas en riesgo, suministro de comida y atención médica a una importante cantidad de internos. La intervención frente a un caso de cuatro personas encerradas que se prendieron fuego mientras se realizaba la inspección en otros lugares del penal derivó en la necesidad de recoger testimonios y disponer medidas para la adecuada atención médica de la victima con mayor gravedad.

El titular de la Procuvin, Abel Córdoba; el coordinador del Área de Encierro del organismo, Roberto Cipriano García; el fiscal de San Isidro, Fernando Domínguez, y el fiscal de Dolores, Orlando Giménez, estuvieron al frente de la comitiva que se dividió en tres grupos para constatar las condiciones de detención de ese complejo que tiene una población de 1500 personas privadas de la libertad. La situación en el penal está siendo analizada en el marco de distintos habeas corpus colectivos que tramitan en juzgados federales de Morón.

Durante el procedimiento, que se extendió durante doce horas, los funcionarios visitaron diferentes módulos e ingresaron en los pabellones para entrevistar a las personas encerradas y registrar las instalaciones.

Mientras los funcionarios realizaban el monitoreo en el hospital de la cárcel, constatando historias clínicas, cuatro detenidos de uno de los módulos que aún no habían sido inspeccionados se prendieron fuego dentro de sus celdas. Fue como protesta por el accionar del SPF, que los reingresó en un pabellón donde esa mañana se produjeron hechos de violencia. Los agentes los retiraron del sitio y, en vez de trasladarlos para evitar nuevos hechos, los alojaron en el mismo lugar.

Los fiscales y secretarios advirtieron la situación por los gritos desgarradores de uno de los quemados, cuyo cuerpo fue afectado en un 70 por ciento por el fuego. Las otras tres personas tenían lesiones leves.

El fiscal de San Isidro, Fernando Domínguez, y el coordinardor del Área de Encierro de la Procuvin, Roberto Cipriano García, encabezaron una investigación que dio con testigos de los hechos y elementos de prueba.

La inspección

A partir de las entrevistas confidenciales y de lo visto en el lugar, los funcionarios pudieron relevar que actualmente el ingreso de las personas al penal se realiza "con violencia en la totalidad de los casos". La modalidad incluye desnudez, golpes y humillaciones de distinto tipo, y es conocida como "la bienvenida". "Te preguntan sobre datos personales y te pegan si tenés un hijo, porque dicen que sos un boludo por meterte en problemas; y si no tenés hijos o pareja, te pegan igual, porque sos un boludo por no tenerlos", contó uno de los detenidos. La fase del ingreso culmina con horas de espera en una celda, desprovista de todo.

Las acciones -señalaron los testimonios recogidos- son similares en el momento de la requisa, una situación regular que consiste en el ingreso de los penitenciarios a los pabellones para revisar cada celda. Varios detenidos refirieron padecer convulsiones u otras secuelas psicológicas o físicas, por los golpes recibidos en ese contexto.

La alimentación es escasa y la conclusión asoma antes de cualquier pregunta en la languidez de los rostros y la holgura de la ropa. Los jóvenes se sostienen los pantalones. Los rostros angulosos y el pelo corto resaltan aún más la dimensión de las orejas. Las cicatrices surcan, invariablemente, sus cueros cabelludos, sus cejas, sus cuellos y sus brazos.

La inspección constató que los detenidos reciben comida dos veces por día: a las 14:00 y a las 18:00, lo que implica un ayuno de veinte horas, salvo por un mate cocido que suele servirse a las 8:00. Comen con las manos, porque no hay cubiertos. Los alimentos suelen estar crudos o en estado de descomposición. Los días de visita son las jornadas donde la situación mejora, gracias a la provisión que reciben de sus familiares.

No obstante, los agentes del Servicio Penitenciario Federal suelen destruir y arrojar al piso, tal las denuncias recibidas, la comida "que contiene algún relleno". Esa suerte corren las milanesas, el pan relleno y hasta las galletitas Pepas con dulce de membrillo.

Mayor gravedad reviste el incumplimiento de la entrega de las dietas especiales que deben recibir las personas con VIH, tuberculosis, diabetes y otras enfermedades, lo que provoca un agravamiento de las patologías y dificultades para tomar medicamentos sin haber ingerido alimentación alguna.

Para las personas encerradas, un día en la vida intramuros tiene básicamente dos instancias: doce horas en una celda individual cerrada y otras doce en el espacio común del pabellón. El encierro individual transcurre entre las 20:00 y las 8:00. La gran mayoría de las celdas no tiene luz ni agua, y no está permitido tener botellas de ningún tipo. Eso implica que pasan sed y que las necesidades básicas permanecen en el inodoro hasta que la celda es abierta y pueden llevar agua en palanganas o baldes.

Todos los pabellones tienen puertas que comunican con patios. Esos accesos sólo son abiertos durante media o una hora por día de lunes a viernes y, en general, coincide con la necesidad del SPF de mantenerlos limpios. Por esa razón, la mayoría de las veces las personas detenidas salen a realizar tareas de limpieza.

La atención médica también es deficiente. Gracias a la intervención de los funcionarios del Ministerio Público, varias personas encerradas pudieron acceder a profesionales de diferentes especialidades. Los médicos trabajan en el penal cinco horas por día y sólo atienden a requerimiento del paciente. Las personas detenidas mencionan como "pedido de audiencia" -por los trámites que conlleva- a la solicitud del médico.

Durante la inspección, se entrevistó una persona que estaba muy angustiada por la incertidumbre de no saber si había contraído VIH. Le habían hecho el análisis pero no le notificaron el resultado. Desde hacía varios días, solicitaba diariamente sin éxito que lo lleven a Sanidad para le informen oficialmente. Había adelgazado varios kilos en pocas semanas. Al consultar su historia clínica, se constató que el resultado del examen –que era negativo-  llevaba varios días archivado en el legajo y el paciente no había sido notificado. El médico a cargo dijo que se le "había pasado" la notificación.

También, se constató impericia profesional para la clasificación de las personas. Los funcionarios pudieron advertir cómo detenidos que ingresaban por primera vez al sistema eran llevados al mismo pabellón que condenados que llevan meses o años en el lugar. Incluso, los representantes del Ministerio Público tuvieron que intervenir para evitar que el SPF ingresara a dos personas a un pabellón en el que estaban amenazadas por otros detenidos.

A partir de los casos relevados, se iniciaron distintas actuaciones judiciales tendientes al cese de las violaciones de derechos y su investigación.

Además de los funcionarios indicados, también participaron de la inspección por la Procuvin, Barbara Franco, Antonella Mirenghi, Maria Laura Grigera, Alejandra Leiva, Cristina Mengarelli y Diego Rocca; por la Fiscalía Federal N°1 de San Isidro, Tomás Labal, Diego Garzo, Norberto Baldanza y Mariana Pita Osella; por la Fiscalía Federal N°2 de San Isidro, Dolores Dellepiane, Candelaria Montenegro, Facundo Ernesto Bahit y Agustín Alejandro Mosso; por la Fiscalia ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de San Martín, Guillermina Jiménez y Daiana Loffreda; y por la Dirección de Comunicación Institucional de la Procuración General, Lucas Miguel.

La inspección fue desarrollada en el marco de las atribuciones con las que dotó a la Procuvin la procuradora General, Alejandra Gils Carbó, mediante la resolución 455/13, que entre otras cosas la faculta para "disponer la realización de inspecciones en todos aquellos establecimientos en los cuales permanezcan personas privadas de su libertad a fin de controlar las condiciones de encierro, e instar acciones de protección y resguardo de su integridad".