La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) junto con la Fiscalía Federal N°2 de Morón y la Fiscalía General N°1 ante el Tribunal Oral Federal de San Martín participaron de una nueva inspección al Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz. La anterior había sido la realizada a comienzos de junio pasado, y resultó ser una de las inspecciones más grandes realizada a una cárcel. Gracias a la participación de magistrados, funcionarios y empleados de las tres dependencias, la delegación pudo dividirse en dos grupos que les permitió visitar varios pabellones de los módulos uno y cinco. Este último es en el que se alojan los jóvenes adultos. Además, un tercer grupo luego recorrió las instalaciones del Hospital Penitenciario Central del penal.

El titular de la Procuvin, Abel Córdoba; el coordinador del Área de Encierro del organismo, Roberto Cipriano García; el fiscal federal de Morón, Leonel Gómez Barbella, y la secretaria de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de San Martín, Guillermina Jiménez, estuvieron al frente de la comitiva que buscó constatar las condiciones de detención de ese complejo que en la actualidad tiene una población de 1600 personas privadas de la libertad.

Durante el procedimiento, que se extendió por más de ocho horas, los funcionarios se entrevistaron con las personas encerradas y registraron las instalaciones. En diálogo con Fiscales, Gómez Barbella destacó que pudieron recibir una serie de habeas corpus manuscritos por los propios internos, así como otras denuncias penales relacionadas con las condiciones de detención. Además, recogieron consultas vinculadas con la desatención de la defensa y el poder judicial. Muchos, también, reclamaron por la falta de atención médica. En síntesis, se contactaron hechos que no habían sido notificados a la Fiscalía Federal de Morón, como el caso de un detenido que tras incendiarse su celda, había sido derivado a un hospital extramuros.

Junto al titular de la Fiscalía de Morón estuvieron los empleados de la dependencia Juan Manuel Jacinto y Gabriel Texeira. Ambos quedaron muy conformes y pese al impacto que les generó encontrarse con esa realidad, destacaron lo sumamente importante de este tipo de inspecciones. “Nos llevamos otra impresión de las personas privadas de su libertad. Es decir, las comprendimos como personas, y no sólo papeles que vemos a diario en la oficina”, señalaron.

Gómez Barbella agregó que en las instalaciones del penal hay muchas cosas por mejorar. Finalmente, resaltó que era muy relevante que “el Ministerio Público Fiscal ponga el cuerpo en este tipo de actividades, saliendo de lo que es el escritorio. Permite ver la cara de la realidad”.

Por su parte, Guillermina Jiménez comentó que esta fue su segunda visita al penal. Además de valorar positivamente este tipo de medidas, la funcionaria remarcó lo importante de “sentirnos parte de un todo. Un Ministerio Público Fiscal unido trabajando en una causa común, trabajando por la legalidad del proceso”.

La secretaria de la Fiscalía también destacó el trabajo de la Procuvin, que posibilitó ponerle el cuerpo a todo este tipo de medidas. Jiménez estuvo acompañada por el empleado de dependencia del Ministerio Público Matías Espósito quien, al igual que Juan Manuel y Gabriel, participaba de su primera inspección a un penal. Señaló que había sido una “experiencia enriquecedora que por su trabajo no es habitual conocer”, y añadió que todo el conocimiento teórico sobre lo que debería ser una cárcel “discrepaba absolutamente con la realidad”.

Pabellón séptimo

Una de las primeras instalaciones que se visitó fue el pabellón 7 del módulo 1, conocido como el “pozo”. Allí, se encuentran los internos que son sancionados por los agentes del propio servicio penitenciario federal. Una nueva condena que no proviene de la justicia a detenidos que muchas veces apenas están procesados. Paredes sucias y llenas de humedad, luces en mal funcionamiento, pisos semi inundados y mal olor fueron algunas de las primeras impresiones que constató la delegación del MPF antes de cualquier tipo de contacto con los internos. Enseguida, a medida que se abrían las puertas de las celdas, la apariencia del exterior se prolongaba en esos espacios. O incluso empeoraba. Celdas sin luces ni vidrios, colchones desechos, falta de ropa de cama y abrigo eran algunas de las características comunes de los calabozos. A eso se sumaba la ausencia de agua así como también, a veces, inodoros que no funcionaban.

La inspección general

A partir de las entrevistas confidenciales y de lo visto en el lugar, los funcionarios pudieron relevar que el ingreso de las personas al penal no había variado demasiado en relación con la visita de junio. Ante la evidencia de un complejo penitenciario sobrepoblado, y además de la violencia que muchos sufrieron al ingresar, también se constató que al ser trasladados del pabellón de ingreso a uno de alojamiento definitivo, permanecen en ese nuevo lugar encerrados durante 48 horas incomunicados, sin posibilidad de alimentarse ni de contacto con otras personas. Tanto Córdoba como Jiménez solicitaron que se abrieran esos calabozos. Junto al estado de los detenidos -que se encontraban entre perdidos y doloridos por golpes- también pudieron constatar que en ninguna de esas celdas ubicadas en el pabellón 2 del módulo 5 había agua y que el inodoro tampoco funcionaba. En uno de los calabozos, incluso, ni siquiera había un colchón y el interno se cubría con frazadas que le habían facilitado sus compañeros.

Este pabellón es conocido como “la villa”. Se le dio ese nombre por ser uno de los más vulnerables, descuidados, sucios, con problemas de agua en la duchas. Los suelos están inundados y son los propios internos los que deben luchar a diario para limpiarlos y quitar el agua. “Curiosamente hoy hay gente ahí afuera arreglando no sabemos qué”, comentaban los internos por unos hombres que estaban trabajando y hacían sonar un ruido aparentemente desconocido en ese lugar: máquinas soldadoras, agujereadoras, entre otras cosas. “Seguro que hoy también nos traen una comida mejor. Todo porque ustedes están acá”, agregaron.

En efecto, sobre la comida, varios resaltaban las cosas distintas con las que se encontraron: una ensalada de repollo, un poco de carne hervida en las fuentes plásticas, aunque nada lucía en demasiado buen estado. Dentro de unas ollas, había toda clase de verduras hervidas en descomposición junto con pedazos de huesos con algo de carne a su alrededor. “¿Usted comería esto?”, preguntaron los internos al titular de la Procuvin. “No, no es comestible eso”, contestó. “¿Por qué lo tenemos que comer nosotros?, ni a los perros le deben dar este alimento”.

Esa comida había llegado alrededor de las 15:00 y, de acuerdo a otras de las cosas que manifestaron los internos, era la única que recibían en el día. Tanto en este pabellón, como el otro que se visitó del Módulo, así como aquellos que inspeccionaron en el complejo de jóvenes adultos, las irregularidades edilicias y los maltratos se repetían como un mantra del cual parece imposible despojar a los espacios de encierro. En el caso del complejo de jóvenes adultos, los funcionarios además relataron que en la comunicación con los detenidos se evidenció la forma de gobierno penitenciario que atemoriza a las personas encerradas, donde el miedo es un efecto de ello que no se termina de disipar ni siquiera con la presencia de autoridades judiciales en los pabellones.

En el camino de un pabellón a otro, pudo observarse que las amplias instalaciones de patios, dotadas de canchas de fútbol, básquet y espacios al aire libre, estaban todas en desuso. Esta característica se reproducía a lo largo de todo el penal, ya que “el régimen penitenciario vigente incluye, por decisión penitenciaria, mantener enclaustrados a los detenidos sin ningún acceso al aire libre, lo cual deriva en el desarrollo de afecciones en la salud, padecimientos propios de salud mental que son consecuencia directa del encierro en esas condiciones”, destacó el titular de la Procuvin.

Pese a contar con las instalaciones, la irracionalidad y la imposición de condiciones de encierro gravoso se extienden por varias jornadas. A modo de ejemplo, los días siguientes a los de lluvia, los detenidos no acceden al aire libre, ya que el personal penitenciario aduce que “no quiere ensuciarse las botas”.

A la vez, en numerosos pabellones se observó a personal penitenciario sin identificación visible, práctica que dificulta saber quiénes son los uniformados durante su servicio. Por otra parte, fueron comunes las denuncias recibidas por falta de atención médica, así como también la interrupción de los tratamientos con fármacos o psicofármacos.

Esto último llevó a que una parte de la delegación se dirigiera al Hospital Penitenciario del Complejo, el HPC, como lo abrevian todos. Allí, el médico Walter Sosa, jefe de la División del Cuerpo Médico, acompañó a los funcionarios por todas las salas y oficinas del lugar que, pese a la hora (15:30), lucía despoblado. Había salas de rayos, odontología, kinesiología, psicología, psiquiatría, farmacia, archivo de historias clínicas y documentación, pero muy pocas se evidenciaban en funciones. Incluso, muchas, estaban cerradas al mismo tiempo que en las celdas los detenidos reclamaban ser asistidos en su salud. Al finalizar el recorrido, se analizaron historias clínicas de detenidos, documentos que a simple vista lucían desintegradas e incompletas.

Las referencias constantes de los detenidos indicaban situaciones procesales pendientes, prisiones preventivas prorrogadas sin que se realizaran los juicios, el poco o nulo contacto con sus defensores, escasos cuidados médicos, y con el resultado de que los propios detenidos se reguardan entre ellos del modo de gobierno carcelario. Abundaron señalamientos de que había detenidos a los que nunca les solía faltar nada, en referencia a los apresados por crímenes de lesa humanidad. Incluso la Procuvin y las fiscalías pudieron constatar que eran los únicos con la puerta del calabozo siempre abierto y con un acceso constante al único patio del hospital.

Finalmente, a partir de los casos relevados, se iniciaron distintas actuaciones judiciales tendientes al cese de las violaciones de derechos y su investigación.

Por la Procuvin, también participaron de la inspección María Belén Gonzalo, María Luz Damone, Bárbara Astrid Franco, Juan Manuel Introzzi y Laura Sobredo.

La medida fue desarrollada en el marco de las atribuciones con las que dotó a la Procuvin la procuradora General, Alejandra Gils Carbó, mediante la resolución 455/13, que entre otras cosas la faculta para "disponer la realización de inspecciones en todos aquellos establecimientos en los cuales permanezcan personas privadas de su libertad a fin de controlar las condiciones de encierro, e instar acciones de protección y resguardo de su integridad".