La fiscal ad hoc ante la Cámara de Nacional Apelaciones Verónica Fernández de Cuevas y el titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Palazzani, expusieron ante los camaristas Mario Filozof y Marcelo Lucini sus argumentos contra la calificación de “exceso de legítima defensa” de la resolución dictaminada por el juez Osvaldo Rappa, e insistieron en que diversos testigos presenciales declararon que solo se escucharon y vieron los tres disparos efectuados por el oficial de la policía metropolitana, Ricardo Ayala. Además, solicitaron que se modifique la calificación a “homicidio calificado en grado de tentativa, agravado por su condición de ser miembro de una fuerza de seguridad” y, en función de ese requerimiento y del riesgo de entorpecimiento de la investigación derivado entre otros factores de las presiones ejercidas por un inspector de la Policía Metropolitana denunciadas por testigos, que pidieron que se decrete la prisión preventiva de Ayala.

Cuevas manifestó que el uniformado acusado “intentó dar muerte a Lucas Cabello mientras cumplía una función de custodia y sus disparos lo llevaron a daños físicos posiblemente irreversibles”. La fiscal ad hoc resaltó que testigos presenciales declararon que Ayala disparó en dirección al piso, donde estaba Cabello herido después del primer disparo. A su vez, destacó que ninguno quienes presenciaron el hecho vieron en el lugar ningún arma más que la reglamentaria del metropolitano. Las tres únicas vainas recolectadas como prueba correspondían a los disparos efectuados por el agente.

"La oficial metropolitana Natalia Montenegro declaró que nunca vio a Cabello armado y que en otra ocasión cuando lo palpó tampoco le encontró arma alguna”, agregó Cuevas. La representante del Ministerio Público Fiscal puso en duda los testimonios de Brian Martínez y Patricia Suarez, quienes habían hecho alusión a una supuesta arma de la víctima.

El cuestionamiento de los testimonios se desprende de declaraciones en el expediente que refieren a las presiones por parte de funcionarios de la fuerza de seguridad porteña sobre los dos testigos. La fiscal general aclaró que no son el resultado de conjeturas, sino que se encuentran acreditadas en los testimonios y en una denuncia radicada ante la justicia.

Por su parte, Palazzani solicitó a los magistrados la necesidad de reconocer el hecho, no como un simple caso penal más, sino como un claro episodio de violencia institucional. El titular de la Procuvin cuestionó la resolución dictaminada por no “contemplar la asimetría fundante del Estado detrás de la violencia ejercida por el oficial Ayala”. Al mismo tiempo, objetó las descripciones referidas a Cabello en la resolución por ser de carácter estimgatizante para con la víctima. “Los fallos judiciales tiene un carácter performativo. Por eso es necesario un posicionamiento claro para que no se repitan más este tipo de hechos”, subrayó Palazzani.

La querella, a cargo de Nahuel Berguier y Federico Paruolo, ratificó la posición de los fiscales y destacó “la irracionalidad” de la actuación del oficial Ayala. Berguier cuestionó las caracterizaciones estigmatizantes que se deducen de la resolución y que intenta perfilar a la víctima como un hombre corpulento, que tenía una “actitud increpante”, que no estudiaba ni trabajaba. Por el otro lado la querella objetó que se refiera al imputado como un efectivo policial de sólo de 20 años, con poca experiencia y actuando en un barrio hostil.