El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Palazzani, junto a los fiscales ad hoc José Nebbia y Fernando Vallone y la coordinadora del Área de Encierro, Bárbara Franco, denunciaron penalmente hoy a las autoridades del Complejo Penitenciario Federal de Devoto por alojar a 13 personas en lugares de detención que provocan una gravísima violación a los derechos humanos.

La Procuvin también pidió en la presentación que se haga cesar la comisión del delito mediante la clausura preventiva de todos los retenes de los módulos 1, 2, 5 y 6 del Complejo, disposición que, a criterio de los fiscales, resulta la medida cautelar más idónea para esos fines. La denuncia es producto de una inspección llevada a cabo el pasado viernes 6 de mayo -sin previo aviso- por Vallone, Franco, los secretarios ad-hoc Cristina Mengarelli y Lucas Logioco, el licenciado Juan Introzzi y Luciana Virgolini: en aquella ocasión, pudo advertirse que en los denominados retenes de los módulos mencionados se encontraban alojadas desde hacía varios días trece personas, que padecían un régimen de detención que la Procuraduría calificó como “inhumano”.

Muchos de esos sitios carecen de baños, agua, luz artificial y duchas, a pesar de que se somete a la persona allí detenida a un régimen de aislamiento grupal durante todo el día. También, se comprobó que esos recintos están sucios, las ventanas carecen de cerramientos, la alimentación brindada es inadecuada y la atención sanitaria deficiente. Los colchones y la ropa de cama tampoco son apropiados, e incluso se detectó su faltante en muchos casos.

En la presentación, se resaltó que las condiciones de detención impuestas a las víctimas violan varias de las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela)”, aprobadas por la Asamblea General de la ONU en diciembre del año pasado.

La Procuvin viene denunciando la existencia de esos sitios. En esta ocasión, también destacó que el Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, luego de un monitoreo efectuado el 23 de febrero de 2016, le recomendó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) clausurar definitivamente esos sectores denominados retenes.