En línea con la hipótesis delictiva del responsable de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°32, Leonel Gómez Barbella, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°5, Manuel De Campos, procesó sin prisión preventiva a seis oficiales de la Prefectura Naval Argentina (PNA) por estar involucrados en la agresión a un joven durante la madrugada del 11 de septiembre de 2022, en el barrio porteño de Puerto Madero. El juez además trabó un embargo de 800 mil pesos sobre los bienes de cada uno de los involucrados.

La investigación se inició a raíz de la denuncia del adolescente en el Centro de Admisión y Derivación Inchausti, donde fue trasladado en el marco de una causa que tramita ante el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el robo a mano armada del que resultó víctima un turista. Dado que hasta entonces no se habían individualizado a las personas responsables, la causa fue delegada a la fiscalía, por aplicación del artículo 196 bis del Código Procesal Penal de la Nación.

De acuerdo con la prueba recabada por la fiscalía, aquel día la víctima -que entonces tenía 14 años de edad- se encontraba con unos amigos en la intersección de las calles 8 y 13, en la dársena “F” del barrio Puerto Madero, cuando dos cabos segundos de la PNA comenzaron a perseguirlos en una motocicleta.

Los efectivos habían llegado al lugar luego de que un hombre denunciara el robo de una mochila con dinero cuando descendía de su automóvil. En ese evento habrían intervenido tres personas que circulaban en una motocicleta y cuyas características y vestimenta eran similares a las del adolescente.

Una vez que redujeron al adolescente y cuando estaba en el piso, boca abajo, uno de los prefectos comenzó a pegarle puñetazos en la cara, mientras que el otro le pisó el pie izquierdo y su espalda, durante un tiempo prolongado. Instantes después llegó al lugar otro móvil de la Prefectura, del cual bajaron un auxiliar, una oficial ayudante y otro cabo segundo.

En ese contexto, uno de los prefectos se acercó a la víctima y le pegó un puntapié, lo cual quedó registrado en las cámaras de seguridad apostadas en la zona. A consecuencia de las lesiones sufridas, el adolescente fue llevado al Hospital “Dr. Juan A. Fernández” bajo la custodia de dos prefectos, uno de los cuales lo amenazó con que sí volvía a verlo, lo mataría.

La víctima, de 14 años, se encontraba con amigos en la intersección de las calles 8 y 13, en la dársena “F” del barrio Puerto Madero, cuando dos cabos segundos de la PNA comenzaron a perseguirlos en una motocicleta tras recibir el reporte del robo de una mochila a un turista.

La postura del MPF

Luego de una serie de medidas que incluyeron el reconocimiento de personas, la fiscalía le imputó a dos de los imputados el haber aplicado torturas sobre el adolescente “a quien privaron ilegítimamente de su libertad, provocándole diversas lesiones -hinchazón, moretones, corte en la zona del ojo izquierdo, dolor corporal concentrado, especialmente en su tobillo, y numerosos raspones en su cuerpo”. Estableció también que los seis implicados “fueron los oficiales que participaron en el hecho que dio lugar a la detención del menor de edad” y les endilgó la privación ilegítima de la libertad de la víctima. Remarcó además que cuatro de los imputados omitieron evitar la tortura “llevada a cabo por sus compañeros policías en aquella oportunidad”.

En este sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal entendió que el caso debía valorarse a la luz de la “Convención sobre los Derechos del Niño”, en cuyo artículo 37 establece: “Los Estados Partes velarán porque: a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 16 años de edad; b) Ningún niño será privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda. c) Todo niño será tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad”.

El fiscal Gómez Barbella agregó que todos los imputados “procedieron a privar ilegítimamente de su libertad al menor de un modo violento, claro está, donde se le aplicaron repetidamente golpes por parte de algunos y otros dejaron que ello suceda, mientras que simulando falsamente como autoridad pública tener la potestad de ejercer esa detención cuando en rigor, se trataba de un menor de edad y no podían privarlo de su libertad de tal forma, pues debería aplicarse el último recurso para su detención -además recordemos la cantidad significativa de policías que actuaron en su contra-, y en el caso concreto, tampoco tuvieron presente la necesidad como persona del aquí damnificado por su minoridad”.

Una vez que redujeron al adolescente y cuando estaba en el piso, boca abajo, uno de los prefectos comenzó a pegarle puñetazos en la cara, mientras que el otro le pisó el pie izquierdo y su espalda, durante un tiempo prolongado. Otro le pegó un puntapié. La escena quedó registrada en las cámaras de seguridad de la zona.

Por ese motivo, el fiscal solicitó la detención y llamado a declaración indagatoria de dos de los prefectos por imposición de torturas y por “privación ilegal de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público que actuó con abuso de sus funciones contra la persona que detuvieron en desempeño de un acto de servicio y por aplicarse violencia”. Pidió asimismo que los restantes efectivos fueran indagados por el delito de “omisión funcional punible en concurso ideal con privación ilegal de la libertad agravada por haberse cometido con violencia y por cometerse simulando autoridad pública”.

Indagatorias y procesamientos

En base a las pruebas colectadas, el juez De Campos hizo lugar al llamado a declaración indagatoria y, luego, decretó los procesamientos de las personas imputadas, aunque por delitos menores a los endilgados por el Ministerio Público, tales como apremios ilegales e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El juez procesó además a los otros cuatro involucrados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y a uno de ellos se lo indicó también como el responsable del delito de “amenazas simples”.

En la resolución, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°5 tuvo en cuenta que la víctima identificó a algunos de sus agresores durante la rueda de reconocimiento, las filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona obtenidas por el Centro de Monitoreo Urbano y el informe del Ministerio de Seguridad de la Nación.

En relación a los dos procesados por la agresión contra la víctima, el juez entendió que ambos “no tuvieron como fin neutralizar o repeler una agresión de parte de un menor a quien superaban en fuerza física” y que además “no había motivos para golpearlo cuando ya estaba neutralizado y había otros agentes a su alrededor”.

Consideró que el resto omitió intervenir en las agresiones y señaló particularmente al oficial a cargo del móvil policial, el que efectuó las comunicaciones con el Juzgado y quién debía velar por el correcto desempeño del personal a su cargo. “Pese a lo cual omitieron cumplir con las pautas de actuación que la situación les exigía ante una detención y el cumplimiento de las normas aplicables”, concluyó el magistrado.

La fiscalía informó que continuará con la investigación a fin de identificar otros posibles partícipes en los hechos que tuvieron por víctima al menor de edad, al cual definió como un caso de violencia institucional.