22 de febrero de 2024
22 de febrero de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Organizado por el Ministerio Público panameño junto a organizaciones internacionales
Procuvin intervino en Panamá en la capacitación a fiscales sobre investigación de la tortura
Funcionarios de la Procuraduría contra la Violencia Instucional participaron en octubre de tres jornadas destinadas a capacitar a los fiscales panameños. La actividad respondió a una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado local brindara formación a sus funcionarios en la investigación de esa práctica ilegal.

El titular de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, Abel Córdoba, y el coordinador del Área de Encierro del organismo, Roberto Cipriano García, intervinieron en Panamá en la capacitación de fiscales sobre investigación de casos de tortura.

Los funcionarios de la Procuración General de la Nación fueron invitados a las jornadas sobre "Estándares Internacionales en Materia de Prevención e Investigación de Casos de Tortura y Otras Penas o Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes" organizadas entre el 14 y el 16 de octubre por la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Ministerio Público panameño.

Durante la apertura de las jornadas, la procuradora general de Panamá, Ana Isabel Belfon Vejas, destacó las buenas prácticas de la Procuvin argentina, y las mencionó como las pautas que deben aplicarse en los casos e investigaciones de torturas.

La actividad se desarrolló en el marco de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado panameño, luego de que fuera condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso del inmigrante ecuatoriano Jesús Tranquilino Vélez Loor, quien fuera detenido por una presunta violación a la ley migratoria y alojado en cárceles destinadas a personas imputadas por delitos penales, donde fue torturado y se le negaron garantías fundamentales, como el acceso a la justicia.

Cuando la Corte IDH declaró responsable de esas violaciones al Estado panameño, le ordenó -entre otras medidas de reparación- la capacitación de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal en la persecución penal de las torturas.