La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), a cargo de fiscal Héctor Andrés Heim, elaboró el informe semestral "Población privada de libertad en cárceles federales (diciembre 2019 – junio 2020)", un documento que sistematiza los datos de población de los establecimientos penales publicados por el Servicio Penitenciario Federal (SPF). La información fue procesada por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la procuraduría especializada, que utiliza la información como insumo estadístico descriptivo, pero también como herramienta de análisis del sistema carcelario.

Entre los objetivos del trabajo estadístico se encuentran la difusión de información actualizada sobre la cantidad, distribución y evolución de la población penal. El acceso a datos sobre composición de acuerdo a variables socio-demográficas y relativas a las situaciones procesales. Además, de la observación de la instrumentación de criterios judiciales sobre la población encarcelada y características específicas de colectivos vulnerables (mujeres, mujeres embarazadas, niños con sus madres, jóvenes adultos, personas trans).

El documento incluye el período iniciado el 20 de marzo, fecha en la que entró en vigencia el Aislamiento Social Preventivo y obligatorio (ASPO), en el cual diversos organismos de derechos humanos y órganos judiciales instaron a la instrumentación de medidas alternativas a la prisión con el objetivo de descomprimir los elevados niveles de hacinamiento.

De esta manera, el informe detalló que el primer semestre de 2020 "culmina con 11.786 personas privadas de su libertad en establecimientos del SPF", lo cual “implicó una disminución del 16 por ciento de la población detenida”. Asimismo, no se registró “alojamiento de personas por encima de la capacidad operativa declarada por el SPF. La disminución de la población permitió contrarrestar el 14,5 por ciento (14.016) de sobrepoblación registrado en diciembre de 2019.”

Asimismo, el documento señaló que “la disminución de la población impactó fuertemente en la cantidad de personas detenidas sin condena, que se redujo en un 19,5 por ciento. Las personas condenadas disminuyeron un 11,2 por ciento”. En este mismo período también se produjo una reducción proporcional en relación a los fueros, ya que se redujo “un 16 por ciento de las personas detenidas por orden de la justicia nacional y del 17 por ciento por el fuero federal”.

En relación al conjunto de mujeres y mujeres transgénero la disminución llegó al 38 por ciento, “constituyendo el segmento en que más impactó la reducción poblacional”. A su vez, el informe destacó que la mayoría se encuentra detenida por disposición de la justicia federal.

En este mismo sentido, la población de jóvenes adultos alojados tuvo una reducción del 22 por ciento. El documento también subrayó que la mayoría se encuentra detenido sin condena (71 por ciento).

En términos relativos, entre los complejos en que más impactó la reducción poblacional se encuentran el Complejo Penitenciario Federal IV de mujeres con un -75 por ciento de población; el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un -31 por ciento; y el Complejo Penitenciario Federal III de Salta, con un -20 por ciento.

En relación a la reducción en las cárceles, el informe subrayó la situación en la Unidad 13 de mujeres de Santa Rosa, con un -70 por ciento de población; la Unidad 19 de pre-egreso de Ezeiza, con un -65 por ciento; y la Unidad 31 de Ezeiza, con -53 por ciento.