08 de diciembre de 2021
08 de diciembre de 2021 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Una rápida respuesta de la Procuvin y la fiscalía de Resistencia
Torturas: allanan por segunda vez en menos de dos meses la Unidad 7 del Chaco
Un preso fue golpeado y luego atado y dejado en el suelo durante horas. La fiscalía se constituyó en el penal con un médico y probó las lesiones. El juez Skidelsky ordenó el allanamiento y secuestró documentación para identificar a los responsables.

La Unidad 7 de Resistencia, Prisión Regional del Norte del Servicio Penitenciario Federal, fue allanada por segunda vez en menos de dos meses a raíz de casos de tortura ejercida por agentes penitenciarios contra internos de ese penal.

El martes pasado, personal de la Gendarmería Nacional y de la fiscalía federal de Resistencia participaron de un allanamiento ordenado por el juez federal de aquella ciudad, Carlos Skidelsky.

El procedimiento se produjo a pedido del fiscal Patricio Sabadini, a raíz de la denuncias del detenido J.Z., quien relató que fue brutalmente golpeado cuando salía de las duchas del pabellón 1, para internos sancionados, y luego fue sometido a la tortura que sus ejecutores denominaron "el barquito".

El suplicio consistió en atar las extremidades de la víctima por la espalda, de manera que quede arqueada y con el abdomen, en este caso, sobre el suelo mojado. J.Z. relató que la tortura se prolongó durante dos horas y que estuvo a cargo de siete funcionarios penitenciarios, a la mayoría de los cuales pudo identificar.

También relató que tras la tortura un médico ingresó a la celda y le aplicó una inyección para atenuar el dolor.

J.Z. se encontraba en el pabellón de sancionados por una discusión que había mantenido con otro preso. En ese lugar los internos salen de la celda individual media hora por día sólo para ducharse.

El relevamiento de las pruebas en este caso se produjo por el rápido accionar del Ministerio Público frente a una denuncia de estas características. El hecho ocurrió el 22 de julio y la denuncia fue formulada telefónicamente -desde el penal- ante la Procuraduría contra la Violencia Institucional el jueves 25 de julio al mediodía.

Al día siguiente, el secretario de la fiscalía de Resistencia, Marcelo Burella, se constituyó en el penal con un médico de la Policía Federal y tomó la denuncia a J.Z, un joven de entre 25 y 26 años. El médico que acompañó a la fiscalía pudo constatar lesiones en la cara y en las muñecas de J.Z., que databan de tres a cinco días, según informó.

Con esa información, el lunes 29 la fiscalía requirió el allanamiento, dispuesto finalmente el martes pasado por Skidelsky.

El procedimiento estuvo dirigido a recabar la documentación que permitiera reconstruir cómo estaba compuesto el plantel de penitenciarios al momento de ocurrido el hecho y todos los elementos relativos a la atención médica de J.Z. Durante el procedimiento, el personal penitenciario entregó diferentes libros y registros documentales, que fueron secuestrados por orden judicial. En tanto, los gendarmes tomaron fotografías de distintos ámbitos del penal.

J.Z. permanece todavía preso en la Unidad 7, aunque ya solicitó su traslado a los penales de Ezeiza o Devoto. La víctima está detenida a disposición del juez de Ejecución porteño, Axel López, quien ya ordenó su traslado, aunque la medida aún no se concretó.

Huelga de hambre

En este contexto, los detenidos del pabellón 13 iniciaron el jueves pasado una huelga de hambre que culminó al día siguiente, luego de que las autoridades del penal satisficieran su reclamo para la instalación de una nueva línea telefónica para llamadas entrantes, dado que en la actualidad sólo funciona una para recibir llamadas y otras dos para realizarlas desde el penal.

El reclamo había sido formalmente presentado por los internos el jueves 25 y tras la demora de una semana en resolver la petición, los internos decidieron comenzar con la protesta, que duró unas horas, hasta que llegó la solución, que fue comunicada por oficio desde el penal a la fiscalía.

Antecedentes

La Unidad 7 viene siendo foco de atención a nivel nacional por graves hechos de violencia institucional en los últimos meses. La Procuración Penitenciaria de la Nación y la Procuraduría contra la Violencia Institucional solicitaron, en distintas oportunidades, que se adopten medidas para proteger a los internos.

El 13 de junio, el juez López le envió al director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel un oficio en el que solicitó se "disponga de medidas de intervención directa a los efectos de fiscalizar la actuación del personal de ese establecimiento carcelario e intentar evitar, de una vez por todas, la continuidad sistemática de prácticas que impliquen condiciones crueles de detención".

Y a fines de ese mes, el titular del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N°2 porteño, Marcelo Peluzzi, intimó al director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, para que "brinde una solución urgente" a la situación de vulneración de derechos de los internos de aquella Unidad y prohibió el traslado de presos a su cargo hacia ese penal. El magistrado realizó además una inspección a la cárcel, dado que varios de los detenidos a su disposición se encuentran alojados allí, a cientos de kilómetros del lugar de residencia de sus familiares y entorno.

También en junio, el fiscal de Resistencia Carlos Amad solicitó la detención de siete penitenciarios de ese penal por las torturas a dos internos y la violación de uno de ellos. En forma contemporánea a ese pedido, Amad participó de otro allanamiento a la cárcel por la denuncia de un preso a quien penitenciarios le habían encargado el crimen de otro interno. En ese procedimiento secuestró la sierra con la que se iba a construir la faca para concretar la agresión.

La Unidad 7 de Resistencia fue una de las primeras visitadas por el titular de la Procuvin, Abel Córdoba, tras haber asumido ese cargo. El 24 de abril el fiscal se constituyó con sus pares de Resistencia en el penal para hacer un relevamiento de las condiciones de detención.