El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 dio inicio hoy al juicio al empresario Enrique Blaksley y otros 18 acusados por los delitos de asociación ilícita, estafa, insolvencia fraudulenta, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos de origen ilícito.

El Ministerio Público Fiscal, representado en el debate oral por el titular de la Fiscalía General N° 2 Abel Córdoba, sostiene ante el tribunal integrado por los jueces Néstor Guillermo Costabel, Ricardo Basílico y Jorge Gorini, que los acusados intervinieron en una asociación criminal creada, organizada y liderada por Blaksley. La estructura ilegal funcionó a partir del 2007 y defraudó a cientos de víctimas que habían confiado dinero bajo la figura de contratos de mutuo, certificados de inversión, contratos de inversión y de adhesión a fideicomisos inmobiliarios, con la promesa de ser invertido y retornado en el caso de los primeros, con intereses elevados, luego de un plazo. Según sostiene la fiscalía, lo acordado no sucedió y el dinero fue ilícitamente capitalizado por los imputados.

Además, el MPF señaló que los imputados defraudaron al fisco y se valieron de un complejo entramado societario con el fin de insertar en el mercado el dinero obtenido ilícitamente, con la consecuencia posible de que adquiera la apariencia de un origen lícito. De esta manera, el monto global involucrado en las defraudaciones asciende a 1.500.000.000 pesos en perjuicio de 318 víctimas. Se estima, sin embargo, que la cantidad de víctimas ascendería al millar de personas.

Enrique Juan Blaksley Señorans, Federico Armando Dolinkue, Alejandro Miguel Carozzino, Verónica Ines Vega, Pablo Andrés Willa, Guillermo Muller, Esteban Casco, María Rita Blaksley Señorans, Alexi Dietl, Rafael María de la Torre Urizar, Francisco Blaksley Señorans, Juan Pablo Blaksley, María Paola D´Angelo, Felipe Badino, Olga Susana Masedu, Damián Gómez y Daniela Sarsa están imputados por los delitos mencionados. También se encuentran señalados Pablo Andrés Willa y Ronaldo Martin Bergman, junto a Blaksley y Dolinkue, por lavado de activos en otra causa vinculada que fue unificada a este juicio. Allí también se encontraba acusado Manuel Jorge Villar como coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos, pero la acción penal en su contra se extinguió por su fallecimiento.

A través de la plataforma Zoom, durante la jornada de hoy se realizó primero una audiencia virtual solicitada por el acusado Andrés Willa, abogado del grupo empresario, con el objetivo de solicitar una probation. Tanto las querellas como el MPF se opusieron y fue rechazada por el tribunal.  Luego se dio inicio el debate oral, se constató la presencia de las partes y se leyeron los requerimientos de elevación a juicio y se declaró abierto el debate. Finalmente, se convocó a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves 4 de marzo.

Mecanismo de estafa

La fiscalía sostiene que el mecanismo del que se habrían valido los acusados fue haber utilizado la fachada de solidez de la empresa, que se construyó con hipotéticas relaciones con personas de renombre, y con la participación de las firmas que forman parte de su conglomerado en diversos negocios reconocidos. De esta manera, la imagen deHope Funds fue construida a través de una planeada estrategia de marketing que brindó confianza a las víctimas: se reflejaba una presunta solidez en la estructura económica de la empresa, y se lograba así obtener de parte de las personas damnificadas una disposición patrimonial, bajo el supuesto compromiso de su restitución con importantes intereses.

Luego, la defraudación se concretaba a partir de la desviación de los fondos entregados por las víctimas, así como de las ganancias no declaradas de las empresas involucradas, para su aplicación o bien su ocultamiento con el fin de imposibilitar o dificultar su cobro y recupero por parte de los acreedores.

“La captación sucesiva de inversores permitió alimentar de liquidez suficiente a la maniobra de modo tal que fuera posible ir abonando los intereses comprometidos a medida que era necesario, e incluso restituir los capitales entregados, a aquellos mutuantes que no quisieran renovar inicialmente sus aportes. En otras palabras, parte de la maniobra defraudatoria consistió, en este sentido, en que el dinero de los nuevos inversores fue utilizado para realizar pagos a quienes invirtieron con anterioridad”, había señalado el MPF en el requerimiento de elevación a juicio.

La instrucción de la investigación fue instrumentada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°12, a cargo de Alejandra Mángano, conjuntamente con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), encabezada por Laura Roteta y Mario Villar, y con la colaboración de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) de la Procuración General de la Nación, a cargo de Carmen Chena.