La Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal n°12, a cargo de Alejandra Mángano, conjuntamente con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Laura Roteta y Mario Villar, y con la colaboración de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) de la Procuración General de la Nación, a cargo de Carmen Chena, requirieron la elevación a juicio parcial de Enrique Juan Blaksley Señorans y otras 16 personas por los delitos de asociación ilícita, estafa, insolvencia fraudulenta, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos de origen ilícito.

En el expediente se investigó a una organización destinada a cometer delitos fraudulentos al menos desde 2007 hasta la actualidad. El monto global involucrado en las defraudaciones arribaría a 1.500.000.000 pesos;  318 víctimas fueron estafadas.

Maniobras fraudulentas y asociación ilícita

En el expediente se investigó a una estructura criminal creada, organizada y liderada por Enrique Juan Blaksley Señorans, conformada por diferentes personas físicas y jurídicas, destinada a cometer delitos que funcionó cuanto menos a partir del año 2007  hasta la actualidad.

El MPF en esta oportunidad solicitó al Juzgado Federal Nº1 la elevación a juicio de Enrique Juan Blaksley Señorans, como jefe de la asociación ilícita y de Federico Dolinkue, Alejandro Carozzino, Verónica Vega y Pablo Andrés Willa, como integrantes del núcleo jerárquico del grupo. Y finalmente como miembros y participantes de las diversas maniobras del grupo: Rafael María De La Torre Urizar, Guillermo MÜller, Esteban Casco, María Rita Blaksley Señorans, Alexis Dietl, Francisco Blaksley Señorans, Juan Pablo Blaksley, Maria Paola D’Angelo, Felipe Badino, Olga Susana Masdeut, Damián Gómez y Daniela Sarsa.

El mecanismo para llevar adelante las maniobras, según el documento de la Fiscalía,  implicaba que Enrique Juan Blaksley  Señorans se presentara como un exitoso hombre de negocios, que previamente se encargó de posicionar publicitariamente a su empresa Hope Funds S.A. en diversos eventos masivos. De esta forma, consiguió con facilidad que una numerosa cantidad de personas confiara en él  –y su firma-, entregándole sus ahorros.

El aspecto de solidez y confianza de la empresa se basó en una construcción a partir de supuestas vinculaciones con personas de renombre, con la participación de las empresas que forman parte de su conglomerado en diversos negocios reconocidos,  como Hard Rock o Hertz, y la utilización de los propios mutuantes – a muchos de los cuales se les devolvieron, en un comienzo, las sumas de dinero para consolidar una falsa situación de confianza-. Y así conseguir datos de personas a las que luego se les ofrecerían las inversiones.

La empresa utilizaba marcas reconocidas ajenas  para generar credibilidad en los negocios, lo que en realidad no eran más que una pantalla para hacerse de fondos propios. Los gastos de marketing fueron solventados por los ahorristas y no con fondos de la compañía. Según el documento de la Fiscalía, el monto global involucrado en las estafas arribaría a la suma de $ 1.500.000.000.

Entramado societario y lavado de activos

La compleja red de sociedades utilizadas por la organización les permitió a los imputados insertar en el mercado el dinero obtenido ilícitamente con el fin de darle apariencia lícita. Se valieron cuanto menos de 42 sociedades y 3 fideicomisos inmobiliarios en el ámbito nacional, y 66 sociedades en el exterior. Estas últimas se radicaron en 13 jurisdicciones, entre las que se encuentran los Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Perú, Islas Vírgenes Británicas, España, Italia, Indonesia, Marruecos, Singapur, Suiza, Nueva Zelanda y Curazao.

Ahora bien, en el caso de las sociedades nacionales algunas contaban con actividad real, mientras que otras eran solamente una pantalla.  En ambos casos fueron utilizadas como  vehículo para canalizar los fondos de origen delictivo. Las sociedades extranjeras se utilizaban para canalizar los activos ilícitos obtenidos de las estafas hacia el exterior, al no contar con un flujo comercial transparente que permita justificar la adquisición de inmuebles ni el movimiento de dinero en cuentas bancarias.

A modo representativo, la Fiscalía constató que lavaron activos por U$S 331.229 mediante la utilización de un fideicomiso inmobiliario suscribiendo adhesiones a personas que carecían de capacidad económicas. Tales participaciones luego fueron cedidas a una empresa fantasma que las cedió nuevamente a Hope Funds S.A., dotando a ese crédito de una apariencia de licitud.

Cooperación internacional

El Ministerio Público Fiscal libró más de veinte exhortos internacionales a fin de solicitar cooperación a la República de Panamá, Confederación Suiza, Reino de España, Reino de Marruecos, Islas Vírgenes Británicas, Mancomunidad de las Bahamas, Estados Unidos de América, República de Indonesia, Nueva Zelanda, República de Italia, República del Perú, República Oriental del Uruguay,  República de Costa Rica, República de Singapur, República Federal de Alemania, República de Letonia, República de Austria, Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China, Federación de San Cristobal y Nieves, País de Curazao, República Popular China y Barbados.