El Ministerio Público Fiscal expuso ayer la segunda parte de su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el juicio que tiene a doce personas acusadas de integrar una organización dedicada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en la ciudad de Itatí, provincia de Corrientes. En este marco, expusieron ayer el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, y el auxiliar fiscal de la dependencia, Martín Uriona, quienes actúan junto al titular de las Fiscalía General N° 4, Juan Patricio García Elorrio. A los imputados se les atribuyen los delitos de asociación ilícita y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes -en la modalidad de comercio- en calidad de coautores, agravado por haberse servido de menores de dieciocho años de edad y por la intervención de funcionarios públicos.

Iglesias profundizó ayer acerca de la connivencia que la organización narcocriminal poseía con autoridades públicas de orden municipal, provincial y federal. De esta manera, explicitó cómo el accionar de las autoridades habría permitido brindar seguridad a las maniobras ilícitas, vigilar el ingreso al pueblo de personas ajenas, y hasta la reventa del material estupefaciente que obtenían de procedimientos policiales irregulares.

"Existía en Itatí una especie de estado policial subterráneo, en el cual algunas conductas eran merecedoras de investigación o reproche, un homicidio claramente lo era, otras no tanto. Se naturalizaban. El tráfico de marihuana estaba naturalizado. ¿Por qué estaba naturalizado? Porque era un negocio para ambas partes, para quienes desarrollaban las actividades de narcotráfico y también para las autoridades policiales, que obtenían un beneficio económico a cambio dejarlas actuar, de no ser un obstáculo para el funcionamiento de la empresa criminal y si la empresa criminal sufría un percance acudían en su ayuda en su rescate", explicó Iglesias.

Además, el fiscal citó la declaración de un testigo que advirtió “la existencia de la connivencia policial, de policía provincial, policía federal, Gendarmería, Prefectura. Pero no era solamente policial, sino también connivencia judicial", en relación a las acusaciones al ex juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila y a sus secretarios penales Federico Grau y Carlos Molina, a quienes los narcos accedían a través de un grupo de abogados que les servían de intermediarios, según señala la acusación.

"El tráfico de marihuana estaba naturalizado. ¿Por qué estaba naturalizado? Porque era un negocio para ambas partes, para quienes desarrollaban las actividades de narcotráfico y también para las autoridades policiales", aseveró la fiscalía

En este mismo sentido, Iglesias indicó que es "necesario explicar cómo fue esa connivencia para entender la operatividad que tenía la organización criminal y los motivos por los cuales pudo operar durante tanto tiempo". Por último, convocó a hacer "un análisis conglobante de la totalidad de los elementos de prueba en la totalidad de los expedientes vinculados a esta organización narcocriminal".

Por su parte, Uriona analizó en detalle las pruebas vinculadas a cada una de los hechos imputados. “Es relevante señalar que se han registrado una gran cantidad de comunicaciones, tanto llamadas como mensajes de texto, que se encuentran relacionadas a las actividades ilícitas que se la han imputado a estas doce personas acusadas", sostuvo.

Tras la conclusión de la audiencia, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el miércoles 12 de mayo, ocasión en la que la fiscalía continuará con la tercera parte del alegato.

Qué se juzga

El juicio contempla tres causas unificadas, que se vinculan a su vez con otras 39 causas conexas y en las cuales se decomisaron entre 2011 y 2017 un total de 18 toneladas de marihuana en 28 procedimientos. 29 acusados celebraron con el MPF ante el tribunal un acuerdo de juicio abreviado en los términos del artículo 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación, en los que se pactó condena. Los acuerdos se encuentran pendientes de homologación por parte del tribunal.

Durante las audiencias de debate se expuso que los acusados utilizaban la vía fluvial proveniente de la República de Paraguay para concretar el tráfico de las sustancias ilícitas. El ingreso a la Argentina era instrumentado a través de la ciudad de Itatí de la provincia de Corrientes, para su posterior distribución y comercialización al resto del país, particularmente hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Catamarca.

Según la acusación, la presunta asociación ilícita concretaba su accionar con numerosos vehículos de pequeño, mediano y gran porte -algunos de los cuales se encontraban circulando con chapas patente apócrifas-, embarcaciones, gran cantidad de teléfonos celulares, armas de diverso calibre y proyectiles.