El fiscal general a cargo del Área de Análisis de la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA, Pablo Ouviña, presenta el cuarto informe de gestión semestral sobre los documentos de inteligencia desclasificados en relación al atentado perpetrado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994.

El documento se publica en cumplimiento con la sentencia dictada, el 26 de enero de 2024, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el marco del caso “Asociación Civil Memoria Activa vs. Argentina (Fondo, Reparaciones y Costas)”, mediante la cual se dispuso que el Estado Argentino garantice “la  implementación del área específica de análisis de la totalidad del acervo documental de inteligencia desclasificado en el seno de la UFI-AMIA, velando por la compilación y la sistematización de la información, siguiendo las buenas prácticas en materia de gestión archivística”, y mantenga “una comunicación constante con las víctimas y los querellantes”.

Tras los primeros tres informes —publicados el 11 de diciembre de 2024, el 13 de junio y 15  de diciembre de 2025—, el nuevo relevamiento da cuenta de la labor del Área de Análisis de la UFI-AMIA —creada por Resolución PGN N°13/2023— y sus equipos de Conservación, de Análisis Documental y de Digitalización sobre la información desclasificada de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que tuviera vinculación con el atentado a la sede de la AMIA.

Labores desarrolladas durante el periodo

El documento consigna que, durante el primer semestre de 2026, el Área de Análisis continuó su trabajo de identificación, sistematización, conservación, digitalización y análisis de los documentos desclasificados, al tiempo que comenzó con la mudanza de parte del archivo alojado en la sede ubicada en dos subsuelos del Palacio Barolo, en la avenida de Mayo al 1300, hacia el Edificio N°23 del Espacio para la Memoria y Derechos Humanos que funciona en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Entre el 18 de febrero y el 12 de marzo de 2026, se realizaron siete operativos –con el empleo de dos camiones– para trasladar la totalidad de las bases de datos “Salta” y “Estados Unidos”, y gran parte del “Fondo Dirección de Terrorismo” hacia el nuevo predio. Los procedimientos fueron supervisados por el Área de Análisis de la Unidad, y contaron con la asistencia de colaboradores de Servicios Generales y Patrimonio del Ministerio de Justicia, al tiempo que personal de la Escribanía General de Gobierno y agentes de la Policía Federal Argentina y del cuerpo de Bomberos se abocó a custodiar la manipulación y traslado del acervo documental.

En abril de 2026, la empresa CIH Soluciones Ambientales comenzó con la descontaminación de la documentación, afectada por asbesto, que se encontraba resguardada en el depósito del primer subsuelo del Palacio Barolo. En esta oportunidad se trabajó sobre 988 cajas originales que fueron reacondicionadas en 1.902 cajas estandarizadas, las cuales esperan su traslado al nuevo lugar de almacenamiento. Además, se solicitó autorización para extraer muestras sobre otros documentos, a fin de determinar si también resultaron afectados por el asbesto y, en caso de que así fuera, proceder a su descontaminación.

Por su parte, el equipo de Análisis Documental avanzó en la digitalización e inventario del contenido de cuatro cajas originales —que contenían 75 biblioratos, carpetas, sobres y anillados— del Fondo de la Dirección de Terrorismo y con parte de la documentación de los Fondos documentales provenientes de la base Contrainteligencia (“EE.UU.”) de la Secretaría de Inteligencia (SI). A la fecha se inventariaron 475 cajas: 17 de ellas contienen documentación en formato papel y 458 contienen documentación en soporte magnético (54.272 casetes), lo que representa el 43% del total estimado de casetes correspondientes a esta base.

Además, con colaboración de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), se digitalizaron las imágenes de 95 VHS, y el área continuó con su trabajo sobre la descripción de contenido de las últimas 39 digitalizaciones entregadas por la DATIP.

A su vez, el equipo de Análisis produjo dos informes sobre los documentos desclasificados que integran los fondos documentales de la ex Secretaría de Inteligencia. Uno de ellos —denominado “Caso Trío”— reconstruyó y sistematizó la información desclasificada sobre la operación de la SIDE, desarrollada entre 1994 y 1998, sobre tres ciudadanos iraníes vinculados a la empresa IMANCO S.A.; el rol del denominado “Testigo A” y sus vinculaciones con agentes de inteligencia y funcionarios judiciales. El segundo informe se centró en el análisis de las agendas de Carlos Alberto Telleldín, y reconstruyó actuaciones de la ex SIDE para averiguar un número telefónico que figuraba en la agenda del imputado —que pertenecía al círculo íntimo del imputado Mohsen Rabbani— cuyos resultados no habrían sido informados al juzgado interviniente.

Por otra parte, el informe precisa la labor del equipo de Conservación que intervino 66 unidades documentales en soporte papel —que suman un total de 13.321 hojas— pertenecientes al Fondo de la Dirección de Terrorismo (Fondo DT). Además, trabajaron —junto los demás equipos— en el proceso de inventariado de los casetes del fondo de la Base “EEUU” y se estableció que solo el 4,75% de las cintas presenta algún tipo de deterioro.

Finalmente, el equipo de Digitalización hizo esa tarea con los cuerpos del expediente principal y de legajos de la investigación conocida como “Causa Amia”, con lo cual obtuvo una versión de mejor calidad que la que se tenía hasta el momento respecto de 12.436 fojas, que conformaban las 52 unidades documentales contenidas en cuatro cajas. Toda la documental fue puesta a disposición de las partes para solicitar en formato PDF (con OCR) y consultar a través de la plataforma INDEXAR.

Trabajos en curso

El documento también refiere que los equipos del Área de Análisis de la UFI-AMIA aún no se trasladaron al edificio N°22 del predio de la ex ESMA, donde funcionaran sus oficinas, dado que continúan los trabajos de infraestructura informática, conectividad y equipamiento, entre otros.

A pesar de ello, se continua con un esquema de trabajo que involucra traslados periódicos de documentación e inspecciones al edificio donde se almacena el acervo documental, para relevar y controlar las condiciones ambientales y edilicias del espacio. Ello, a fin de garantizar la continuidad de las tareas y supervisar el estado de los documentos.

Por otra parte, están en proceso de elaboración los informes referidos a Kanoore Edul y la Triple Frontera que fueron solicitados por la querella “Memoria Activa”. También se mantuvieron reuniones con las partes querellantes para abordar los informes elaborados y aquellos pendientes de producción, inquietudes que pudieran surgir o nuevos requerimientos vinculados a la documentación desclasificada.

Finalmente, se reiteró el pedido a la Secretaría de Inteligencia del Estado, para que busque y remita toda aquella resolución, normativa o directiva que pueda brindar información sobre la creación, funciones, composición y subordinación orgánica de ciertas áreas o dependencias del organismo. También, se requirió que informe si habían detectado eventuales irregularidades asociadas a distintos registros informáticos de datos existentes o que hayan existido en el ámbito de la institución, y si la migración de datos reportada en 2018 pudo haber afectado la integridad de los datos resguardados y, en ese caso, la medida o extensión de los daños.