Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez requirieron al juez Ariel Lijo que cite a indagatoria a 36 personas, entre las que se encuentran los responsables de la droguería Suizo Argentina, en el marco de la causa que investiga las presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

“Existió una cooptación por parte de la Suizo Argentina S.A sobre la ANDIS: recibía información anticipada; controlaba y administraba las compulsas, determinando los precios de venta de medicamentos PACBI propios y de otras firmas, con sobreprecios y valores discrecionales que derivaron en un aumento sustancial de los precios; y, utilizaba a la firma Génesis S.A. como firma interpuesta para aumentar los valores de venta al Estado Nacional”, indicaron el responsable de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5 y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

Además, sostuvieron que los responsables de la droguería Suizo Argentina daban “órdenes a los responsables de ANDIS sobre a qué firmas pagar y a cuáles no; como así también, a qué personas designar dentro de la agencia y a quienes despedir”. En ese sentido, remarcaron que en 15 meses, entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería adquirió más de 137 mil millones de pesos en órdenes de compra, “cifra atravesada por sobreprecios y valores antojadizos puestos por la firma, mediante competencias simuladas”.

El pedido de indagatorias incluye a directivos y responsables de 12 droguerías involucradas en las presuntas maniobras de corrupción. En el escrito, requirieron también que se cite al extitular de la agencia, Diego Spagnuolo; al director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS Daniel María Garbellini ; y a los lobbistas Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian junto con otros tres imputados a que amplíen sus indagatorias.

Los fiscales describieron a la maniobra como “un circuito orquestado para garantizar que la Suizo Argentina S.A. se posicione como su principal proveedora” y detallaron que, entre mayo de 2024 y agosto de 2025 se le adjudicaron a la droguería un total de 137.118.708.357,77, pesos lo que significó un 29,54% del total adjudicado por la Agencia Nacional de Discapacidad.

“Éste es uno de los casos de corrupción que mayor aversión genera, ya que las víctimas son las personas con discapacidad y sus familias. Y dentro de ese colectivo, los que menos recursos tienen. Los pobres. Los más vulnerables. Los que necesitan del Estado para obtener una medicación sin la cual la vida puede presentarse más cruel de lo que ya es para ellos”, mencionaron, al respecto de quienes resultaron víctimas de las maniobras investigadas.

“La corrupción no solo representa un daño para las instituciones de los países, sino también afecta directa o indirectamente los derechos de las personas, en especial, genera un impacto negativo en aquellos grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad o discriminación histórica y, paradójicamente, quienes más necesitan de la asistencia del Estado”, agregaron.

“En lugar de cumplir con su mandato institucional de diseñar políticas inclusivas y garantizar el acceso a prestaciones de salud indispensables en igualdad de condiciones, la ANDIS canalizó pagos indebidos a determinadas empresas que, a su vez, poseían acuerdos con la agencia y entre sí para la distribución de ganancias, observándose un direccionamiento de adjudicaciones, una marcada cartelización e incluso sobreprecios millonarios pagados con erario público. Todo lo cual aconteció a cambio de diversos retornos para los funcionarios públicos a cargo de la ANDIS”, denunciaron los fiscales.

El marco de la investigación

Cabe resaltar que se trata del tercer tramo de la investigación por las presuntas maniobras de corrupción dentro del organismo. En primer lugar, se procesó a Spagnulo y a otras 18 personas por integrar una asociación ilícita que, desde el Estado, generaba millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas relacionadas con medicamentos de alto costo y baja incidencia. Dichos procesamientos fueron confirmados por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal en septiembre pasado.

El segundo foco del caso estuvo puesto en el proceso de adquisición de insumos, en el que la semana pasada el juez Lijo ordenó el procesamiento de 19 personas, en línea con lo que había requerido la fiscalía.

Dentro del nuevo pedido que hicieron los representantes del MPF, se reiteró la existencia de una organización delictiva integrada por diversos funcionarios públicos y distintas personas del sector privado vinculadas a la venta de medicamentos de alto costo y baja incidencia y que habría funcionado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.

“Desde dicha organización se cometieron una serie de ilícitos que involucran sumas millonarias de dinero, en perjuicio de la administración pública nacional; puntualmente, en perjuicio de fondos comprometidos con un sector poblacional en situación de especial vulnerabilidad: personas con discapacidad y/o que perciben pensiones no contributivas y carecen de otra cobertura de salud -entre ellas, madres de siete o más hijos y mayores de setenta años en situación de pobreza”, recalcaron.

En la investigación, colaboraron la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI).

El control de la Suizo Argentina sobre el organismo estatal

“La ANDIS llevó la bandera de la Suizo Argentina S.A. durante toda su gestión: no fue una firma más en el entramado ilícito, fue la que mediante diversas maniobras lo controló”, postularon los fiscales.

En ese sentido, indicaron que Spagnuolo, Garbellini, Atchabahian y Calvete llevaron adelante relaciones directas con la firma y sus intermediarios, la cual ocupó un rol clave en el marco de la asociación ilícita y las maniobras detectadas, en particular, desde mayo de 2024 a agosto de 2025. 

Especificaron que la empresa desplegó una serie de acciones ilegales a través de sus directivos y con el aporte indispensable de Atchabahian, que era el nexo entre la droguería y los responsables políticos del organismo. En ese sentido, mencionaron una conversación en la que el lobbista le decía al entonces funcionario Garbellini que era necesario “contar con gente con la bandera correcta dentro de la agencia”, en relación a que debía responder a lo que la Suizo Argentina requería.

“Los límites entre los intereses públicos y privados, se desdibujaron completamente, de manera intencional y a cambio de retornos”, especificaron y agregaron que se logró determinar que la ANDIS “funcionó como una verdadera ventanilla de pagos de sumas millonarias administrada discrecionalmente por la Suizo Argentina S.A”.

“Existió un doble pacto: por un lado, con ANDIS para tener la información anticipada, garantizarse el rol de firma administradora y máxima ganadora y, por otro lado, con las firmas cartelizadas quienes tenían que obedecer el juego de la Suizo Argentina S.A para vender en ANDIS”, señalaron en relación a la responsabilidad que tuvieron los directivos de la droguería dentro del esquema delictivo investigado.

En ese sentido, hicieron foco además en que la compañía utilizó a la Droguería Génesis S.A., una firma que hasta 2023 resultaba casi inexistente, para llevar adelante negocios. “En otras palabras, Droguería Génesis S.A., a partir de 2024 resultó una de las principales firmas privadas receptoras de pagos del tesoro nacional: ocupando el puesto 10 de firmas beneficiadas, siendo la Suizo Argentina S.A. el puesto 1”, explicitaron.

“Éste es uno de los casos de corrupción que mayor aversión genera, ya que las víctimas son las personas con discapacidad y sus familias. Y dentro de ese colectivo, los que menos recursos tienen. Los pobres. Los más vulnerables. Los que necesitan del Estado para obtener una medicación sin la cual la vida puede presentarse más cruel de lo que ya es para ellos”, mencionaron los fiscales, al respecto de quienes resultaron víctimas de las maniobras investigadas.

Además, mediante la reconstrucción de diálogos y mensajes que se pudieron recuperar de los celulares de varios de los implicados, los fiscales evidenciaron como ambas firmas “tenían aceitado el circuito completo de recepción de pagos del erario público nacional”, además de que poseían una “prioridad en ser ganadoras y en tiempos de cobro”. 

En otro tramo del requerimiento, señalaron que la ANDIS compró los medicamentos PACBI alterando la razonabilidad del gasto público. En esa línea, describieron a la maniobra como “un circuito orquestado para garantizar que la Suizo Argentina S.A. se posicione como su principal proveedora” y detallaron que, entre mayo de 2024 y agosto de 2025 se le adjudicaron a la droguería un total de 137.118.708.357,77, pesos lo que significó un 29,54% del total adjudicado por la Agencia Nacional de Discapacidad.

Las droguerías

Dentro del escrito, la fiscalía explicó cómo la droguería tenía conocimiento de cómo se manejaban las otras compañías involucradas en las adjudicaciones de medicamentos. “En un mercado con competencia real, ninguna droguería tendría motivo ni medios para llevar con esa precisión y nivel de detalle la participación acumulada de sus competidoras vinculada a un sistema de compulsas de precios regulado por una agencia estatal”, recalcaron.

Para los representantes del MPF, los archivos cotejados en la causa demostraron que la Suizo Argentina S.A. conocía, antes del cierre de cada compulsa, qué droguería se adjudicaría cada medicamento, con qué descuento y cómo se ubicarían las restantes. “Esto justamente porque era la firma que administraba y controlaba las compulsas de precios tomando decisiones que, en verdad, debieron ser producto de la libre competencia en el marco de una agencia pública nacional”, aclararon.

“La Suizo Argentina S.A. definía quién ganaría, quién no y llevaba un control de los porcentajes de ganancias provenientes de ANDIS, de cada firma cartelizada”, recalcaron