El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 comenzó hoy el juicio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusada de liderar una organización que sustrajo y se apoderó de fondos públicos entre mayo de 2003 y diciembre de 2016. En el debate, el Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal general Diego Velasco junto con el fiscal coadyuvante Juan Argibay Molina y el auxiliar fiscal Diego Puñet.

El juicio abarca las causas Los Sauces y Hotesur, pero durante esta primera audiencia se comenzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio formulado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques en el primero de los casos. 

El fiscal general Velasco junto al fiscal coadyuvante Juan Argibay Molina. Foto: captura de Zoom

Además de la exmandataria, en Los Sauces, hay otros 23 imputados, entre los que se encuentran el diputado nacional Máximo Kirchner y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. La acusación comprende los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y ofrecimiento y admisión de dádivas. Por otro lado, a cinco empleados del Banco de la Nación Argentina se los señaló como implicados en la simulación u omisión de registro de operaciones financieras y bursátiles.

Según informó el tribunal, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Pallioti y Fernando Machado Pelloni, el debate se retomará el próximo lunes, cuando se continuará con la lectura del requerimiento. Además, se explicó que se comenzará con el escrito sobre la causa Hotesur cuando transcurran los diez días hábiles desde la resolución que la Cámara de Casación dictó esta semana y en la que decidió que el juicio por ambas causas se realice de forma conjunta, en línea con lo que había reclamado el MPF.

Una estructura coordinada

En el documento elaborado en agosto de 2018 por los fiscales Pollicita y Mahiques (actual camarista del fuero penal, contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires), se hizo foco en las diferentes causas judiciales relacionadas con Los Sauces y que dieron cuenta de los hechos que habría llevado adelante la organización liderada por Fernández de Kirchner y el fallecido expresidente Néstor Kirchner.

“La asociación criminal investigada canalizó una porción de lo que era sustraído al Estado Nacional —a través de la obra pública vial, mediante el pago de dádivas en virtud de los beneficios y concesiones otorgadas—, a los expresidentes y a su núcleo familiar a través de un esquema de lavado de dinero montado en base a la actividad Inmobiliaria y hotelera que aquellos llevaban adelante a través de la empresa LOS SAUCES S.A”, se explicó en el requerimiento.

Los imputados Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Cristóbal López y Fabián de Sousa. Foto: captura de Zoom

Según se señaló, la puesta en marcha y concreción de la estructura coordinada a través de la división de roles y con la permanencia en el tiempo por más de doce años, le permitió a sus responsables “sustraer de las arcas públicas miles de millones de pesos y luego con esos fondos iniciar un camino de retorno de dichos fondos a través de distintos mecanismos de lavado de dinero a favor de la ex familia presidencial”. En ese sentido, los representantes del MPF habían señalado que la asociación ilícita fue sostenida por lo menos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2016.

“Los planes criminales llevados adelante por esta organización no se agotaban en el sistema de beneficios y prebendas a favor de los empresarios amigos, que de esta forma se enriquecían gracias a los vínculos trazados con los ex titulares del PEN y con otros funcionarios nacionales, sino que en una segunda etapa los empresarios junto con los exmandatarios y otros miembros de la organización, elaboraron un sistema destinado a transferir y disimular parte de las ganancias que se encontraban en poder de los empresarios, a los propios ex presidentes y a su núcleo familiar a través de préstamos, compra de propiedades, alquiler de los distintos complejos hoteleros de su propiedad, construcción de mejoras en dichos establecimientos y alquiler de propiedades”, recalcaron.

Los roles

Además de la expresidenta, en el requerimiento leído durante la audiencia de hoy, se señaló a Máximo Kirchner como organizador de la asociación criminal y se hizo foco en su rol como presidente de la empresa Los Sauces, en la cual se habría ocupado de la firma y cobro de cheques con los que se canalizaban los fondos cuestionados.

Por otro lado, los representantes del MPF identificaron a los empresarios Báez, López y De Sousa como organizadores de la asociación ilícita. En ese sentido, remarcaron que los dos expresidentes lograron que “su socio personal” Báez se transformara en el dueño de un conglomerado empresarial de más de 30 sociedades y que los otros dos implicados se convirtieran “en la cabeza de un holding empresarial compuesto por más de 150 empresas, expandiendo todos ellos su entramado societario y consolidando un crecimiento exponencial del patrimonio personal y del de su núcleo familiar en miles de millones de pesos”.

El imputado Lázaro Báez, conectado desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Foto: captura de Zoom

También se mencionó el rol que tuvieron distintos miembros de la asociación como los escribanos Jorge Ludueña y Carlos Albornoz; el directivo y apoderado de varias de las compañías de la familia Kirchner Osvaldo Sanfelice; además del contador de la familia presidencial Víctor Manzanares. 

Dentro de los imputados en este tramo se encuentran también Romina Mercado (sobrina del expresidente) y tres hijos de Lázaro Báez: Martín, Leandro y Luciana. La lista la completan el exgobernador de la Provincia de Santa Cruz Carlos Sancho, Emilio Martín, Claudio Bustos, Martín Jacobs, Norma Abuin y Alberto Leiva.

Por otro lado, se encuentran en etapa de juicio los empleados del Banco Nación que intervinieron en una parte de la trama criminal Rolando D’Avena, Marcelo Mazú, Raúl Avarese, Lisandro Gauna y Monica Romero.