En línea con lo solicitado por el fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia, Federico Martín Carniel, la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la PGN, a cargo de Carmen Chena, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de los fiscales Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta, el Tribunal Oral de Resistencia dispuso medidas cautelares de orden patrimonial sobre los bienes de cinco personas físicas y nueve personas jurídicas, para asegurar el decomiso de los activos que fueron objeto, producto y/o provecho de los delitos investigados, como así también las penas pecuniarias.
En las actuaciones se acusa al abogado Carlos Salvatore de liderar una organización dedicada a canalizar al mercado legal los millonarios recursos provenientes del contrabando internacional de estupefacientes. También se juzga a otras cuatro personas, familiares directos e integrantes de su círculo íntimo, quienes formaron parte de las distintas operaciones destinadas a darle apariencia de licitud a las ganancias obtenidas por el delito.
En el marco descripto, el Tribunal Oral decretó el embargo preventivo de sesenta y ocho inmuebles (dos de los cuales se encuentran ubicados en el extranjero) y cuatro automotores. También ordenó el embargo preventivo de las participaciones societarias de cinco imputados respecto de un total de veintiséis personas jurídicas.
Por otro lado, con relación a los productos bancarios, dispuso el congelamiento por noventa días de ciento veintiocho cuentas bancarias (cuentas corrientes y cajas de ahorro).
Este paquete de estas medidas cautelares tienen su génesis en la resolución dictada por la jueza federal de la instrucción con fecha 6 de marzo de 2015 y los objetivos de la nueva solicitud se proponen tanto impedir la caducidad de las medidas, lo que hubiera permitido a los imputados disponer libremente de los bienes obstaculizando su eventual decomiso; como complementarlas profundizando la identificación de nuevos activos con el fin de cubrir los embargos ordenados. En este punto, cabe recordar que la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, el 27 de marzo de 2017, confirmó la traba de embargos sobre los bienes de los imputados hasta cubrir los siguientes montos: a) Carlos Alberto Salvatore $759.653.024; b) Silvia Susana Valles Paradiso $505.381.052; c) Santiago Valles Ferrer $81.401.720; d) Ricardo Gassan Saba $ 264.816.296; y e) Carla Yanina Salvatore D'ursl $6.000.000.