El juez federal Nº 2 de Tucumán, Fernando Luis Poviña, le tomó ayer declaración indagatoria durante tres horas a Rubén "la Chancha" Alé por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos.

El acusado no contestó las preguntas de la fiscalía, a cargo de Carlos Brito, pero sí respondió cuando fue requerido por el juez. En su declaración, Alé negó ser parte de una asociación ilícita, dijo ser "empresario" y que la flota de remises que maneja no son suyas sino de "terceras personas" con las que está asociado.

El imputado reconoció ser el dueño de algunas de las propiedades inmuebles y dijo que la empresa “Cinco Estrellas S.R.L." era propiedad de su hijo y de la pareja, que él solo había ayudado a constituirla "porque quería dejarle algo a sus hijos".

Esta es una de las empresas, junto a  "Points Limits SRL”, “Transportadora Leonel SRL” y “Gerenciadora Deportiva del NOA”, que les permitió a los acusados contar con una estructura  para canalizar en forma eficiente los activos de origen delictivo.

Otro de los puntos importantes en la declaración de Alé fue que reconoció los vínculos "comerciales y personales" con varios de los acusados como María Jesús Rivero, su ex mujer, María José Cuño, su actual pareja, entre otros. Cabe recordar que Rivero prestará declaración indagatoria hoy y está acusada de ser la organizadora de la asociación ilícita, además de estar imputada por lavado de activos.

Durante esta primera jornada declararon también Víctor Suárez, acusado de participar de la asociación ilicita y ser autor del delito de lavado de dinero. y Pablo González, por lavado de activos. Suárez negó formar parte de cualquier asociación, aunque reconoció que desarrolla actividades comerciales sin declarar, entre las que se encuentra la concesión que tiene de la cantina del club San Martín de Tucumán, donde Alé fue presidente.

Suárez declaró que ganaba 100 mil pesos por mes por tener un kiosko polirubro más la posesión de dos autos que utiliza como remís, además de detallar que los ingresos de su esposa son de 3.000 pesos. Reconoció tener un vínculo con "la Chancha"  y con el hermano de éste , Ángel "el Mono" Alé, acusado también de lavado y asociación ilicita y que también prestará declaración indagatoria hoy.

Los fiscales Carlos Gonella y Carlos Brito solicitaron la detención de las doce personas que fueron llamadas a indagatoria: La "Chancha" Alé, su hermano "el Mono" Alé, su ex mujer Rivero, su hijo Angel Adolfo Alé; además de Víctor Alberto Suárez, Julia Esther Piccone, Fabián Antonio González, María Florencia Cuño, Andrea Viviana Acosta, Pablo González, Valeria Fernanda Bestan y Daniela Milhein. Ahora el juez tiene diez días para resolver la situación de los imputados e imputadas.

La causa

El 18 de octubre pasado el juez Poviña dispuso llamar a declaración indagatoria a los doce nombrados, dividiéndolos en tres grupos: los que tenían que responder por asociación ilícita y lavado de dinero, los que exclusivamente debían responder por lavado y, por último, la que debía declarar únicamente sobre el cargo asociación ilícita, Daniela Milhein, quién fue absuelta en el juicio por el secuestro y la desaparición de Marita Verón.

Poviña hizo lugar a lo solicitado en su oportunidad por el Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera (querellante en la causa), destacando que “valorados sus fundamentos y las constancias, vale decir el plexo probatorio obrante en autos, estimo que existe prueba suficiente –en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, “motivo bastante”- para llamar a prestar declaración indagatoria”.

El pedido de indagatoria había sido solicitado por los fiscales José Díaz Vélez, que estuvo a cargo de la Fiscalía Federal N° 1 de la ciudad de Tucumán, y Carlos Gonella, Fiscal General a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos -Procelac-, junto con Omar Gabriel Orsi, Coordinador del Área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procelac.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron en su pedido de indagatoria que se pudo comprobar que los acusados integran una “asociación ilícita con carácter estable, permanencia temporal y estructura funcional, al menos desde el año 2002 e ininterrumpidamente hasta la actualidad, destinada a la comisión de múltiples delitos de acción pública con el objeto de conseguir, en la mayoría de los casos, un rédito económico”. Entre esos delitos, se encuentra la trata de personas.

Díaz Vélez, Gonella y Orsi sostuvieron que la organización contaba con una importante estructura funcional al blanqueo de los fondos obtenidos en forma ilícita, caracterizada por la“diversificación de actividades, circulación y aprovechamiento regular de la productividad económica del grupo delictivo”, distinguiéndose el aporte esencial de Adolfo Ángel Alé, Andrea Viviana Acosta, Ángel Adolfo Alé, María Florencia Cuño, Oscar Roberto Dilascio, Víctor Alberto Suárez, Fabián Antonio González, Valeria Fernanda Bestán y Julia Esther Picone. Todos ellos fueron quienes intervinieron directamente en los negocios concretados con los fondos obtenidos de la actividad de la organización, y simulaban tener la titularidad de los bienes para ocultar su procedencia real.

La investigación surgió a partir de un informe de la Unidad de Información Financiera, que, luego de una denuncia de Susana Trimarco, madre de Marita Verón, detectó diversas maniobras sospechosas de todos los involucrados en la causa. Algunas de las más destacadas fueron la adquisición de decenas de vehículos, varios de alta gama, así como de diversas propiedades inmuebles.