El fiscal Federal de Tucumán, Carlos Brito, y el fiscal General a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, participaron esta madrugada de un operativo inédito en la provincia de Tucumán, que incluyó el allanamiento simultáneo de 45 propiedades, cinco detenciones y el secuestro de unos 30 mil pesos en el marco de la causa que la se investiga al “Clan Ale” por conformar una asociación ilícita que se dedicaría al lavado de activos provenientes de la trata de personas y el narcotráfico. La medida, solicitada por los representantes del MPF, fue ordenada por el juez Federal Fernando Poviña. En este caso, la colaboración de la procuraduría especializada se efectiviza a través de su Área Operativa de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, a cargo de Mateo Bermejo.

El procedimiento comenzó a ejecutarse esta madrugada, luego de que los miembros de la Procelac y la Fiscalía se reunieran con decenas de funcionarios y agentes de la Unidad de Información Financiera (UIF) para coordinar el operativo. Allí, estructuraron un plan en conjunto con la Policía Aeropuertaria (PSA), la fuerza federal de seguridad que intervino.

Una de las viviendas allanadas fue la de Adolfo “el Mono” Ale (hermano de “la Chancha Ala, quien se encuentra detenido). Esto se ordenó luego de que se averiguara que la empresa “Point Limits SRL”, perteneciente a Adolfo Ale y que se dedica a explotar casinos con máquinas tragamonedas, una actividad que funcionaría una pantalla para lavar dinero obtenido ilícitamente. En el allanamiento, se le encontró un arma y municiones. Además, a diferencia de lo ocurrido en diciembre pasado, esta vez “el Mono” quedó detenido.

La misma suerte corrieron otras tres personas que, según las escuchas telefónicas realizadas en la investigación, se dedicarían a la cobranza de deudas para el Clan A mediante métodos extorsivos, y a la compra y venta de estupefacientes. En efecto, en una vivienda se hallaron instrumentos y restos del proceso de producción y fraccionamiento de cocaína que hicieron suponer a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a los miembros de la Procelac que se utilizaban para el fraccionamiento de la droga y su posterior comercialización.

Por otra parte, también se allanó la que fue la residencia de Rubén Ale. Allí, se encontraron tres armas de fuego. Asimismo, en otros allanamientos se secuestraron gran cantidad de DNIs ajenos, que se presume que eran destinados a la falsificación de documentación. En función de esto, se dio intervención a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que ya se encuentra trabajando para analizar si alguna de la documentación obtenida pertenece a víctimas de trata. En uno de los domicilios se secuestró un vehículo que tenía la patente adulterada.

Intervención judicial

Junto a esta serie de medidas, los representantes del MPF también habían solicitado la adopción de otras incidencias precautorias de carácter patrimonial que apuntaban a salvaguardar los bienes de la organización criminal para que los integrantes no se desprendan de ellos. En concreto, se solicitó la intervención judicial, la prohibición de modificar la composición accionaria y evitar distribuir dividendos de empresas vinculadas a la banda (como “Cinco Estrellas” o “Point Limits”, ambas SRL). Además, se solicitó impedir la modificación de la situación patrimonial de la hija de Rubén Ale, debido a que se sospechaba que su padre estaría transfiriéndole los bienes a su nombre. También, se pidió la inhibición general de bienes de los 25 imputados y de las empresas que pertenecerían a la organización.

En función de lo anterior, el juez Poviña dio curso a esos pedidos. A la vez, se está a la espera de que, luego de evaluar la documentación secuestrada, el magistrado también convalide el pedido de los fiscales para que se designe como interventor de “Ponit Limits” a un funcionario del Ministerio Público, lo cual constituiría un hecho novedoso en esta materia. Más allá de esto, se estima que el monto de los bienes involucrados en el lavado superaría los 6 millones 300 mil pesos, por lo que el total a cubrir con la medida cautelar alcanzaría los 63 millones de pesos, según lo dispuesto por el Código Penal para el delito de lavado de activos, que prevé una multa que puede llegar a equivaler hasta diez veces el monto de la operación en cuestión.

Un poco de historia

El “Clan Ale”, que se encuentra sospechado de tejer una amplia red de trata de personas para explotación sexual y que habría sido el responsable de la desaparición de Marita Verón, es investigado por la justicia federal no sólo trata de personas, sino también por haber conformado un asociación ilícita dedicada al narcotráfico y el lavado de activos de origen ilícito.

Así, en el marco de esta causa, Poviña procesó en diciembre pasado con prisión preventiva a Rubén "la Chancha" Ale, Jesús Rivero, Fabián González, Víctor Suarez y Roberto Dilascio por considerarlos responsables del delito de lavado de activos y asociación ilícita. Esta medida también había sido solicitada por Gonella y Brito en noviembre de 2013. Vale recordar que el proceso había sido impulsado por la presidenta de la “Asociación Civil María de los Ángeles Verón”, Susana Trimarco, y por la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa en la causa como parte querellante. Luego, fue iniciado por la denuncia de la Procelac y la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas (Protex) de la Procuración General de la Nación.

En su momento, la UIF había detectado diversas maniobras sospechosas de los involucrados en la causa. Algunas de las más destacadas fueron la adquisición de decenas de vehículos, varios de alta gama, así como de diversas propiedades inmuebles.