El fiscal general en lo penal económico, Gabriel Pérez Barberá, y el auxiliar fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Matias Álvarez, expusieron este miércoles sobre los delitos precedentes y las maniobras de lavado de activos, durante la tercera audiencia del alegato en el juicio que se le sigue a once personas acusadas de integrar la organización internacional clan Loza.

La fiscalía, conformada también por la asistencia de la auxiliar fiscal Silvana Iannicelli y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), avanzó con la acusación ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3, que juzga a la organización desde el 27 de mayo pasado. El alegato continuará el próximo miércoles 3 de noviembre a partir de las 14.00.

En este marco, Erwin Raúl Loza, Gonzalo Daniel Loza, Gerardo César Guccione, Alan Iván Loza, Clara Luz Fernández, Juan Carlos Fernández, Eduardo Javier Silveira López, Natalia Soledad Grosso, William Weston Millones, Américo Alfredo Santi y Estela Mari Gallo llegaron a juicio porque se los y las considera parte de una estructura criminal dedicada al lavado de activos con ganancias provenientes de la comercialización y el contrabando de estupefacientes perpetrada desde Argentina hacia España.

En la primera parte de la audiencia, Álvarez profundizó ante el tribunal -integrado Luis Imas, Karina Perilli y Jorge Zabala- sobre la carga probatoria que vincula las actividades de narcotráfico en España con el Clan Loza y expuso con una línea cronológica el desarrollo de los hechos. Sostuvo que los Loza se vincularon con actividades de tráfico de droga desde 1991 y repasó distintas pruebas que forman parte de la causa radicada en España y que incluyen conversaciones de los integrantes de la organización, donde se exponen los operativos narcocriminales, registradas en octubre de 2018 en el país ibérico mediante micrófonos ambientales.

Entre las pruebas, la fiscalía destacó las conversaciones de los integrantes de la organización, donde se exponen los operativos narcocriminales, registradas mediante micrófonos ambientales en octubre de 2018 en España.

“La hipótesis deslizada en la indagatoria de Gonzalo Daniel Loza de que su voz no es la que aparece en los audios ambientales, es claramente inverosímil y una muestra más de la mendacidad de su relato”, señaló Álvarez. Además, subrayó: “Son los propios integrantes de la banda, entre ellos algunos de los aquí acusados, los que cuentan con lujo de detalles cómo funcionaba la operatoria de tráfico de drogas; hablan de los pagos, de los métodos de ocultamiento, de sus contactos en el submundo del narcotráfico. Corroboran todo lo que hemos venido discutiendo en este proceso. Son muchísimos esos diálogos y muy ricos en información”.

En este mismo sentido, Álvarez sostuvo que los 1.142 kilos de cocaína incautados en los dos procedimientos realizados en España expresan una porción de los volúmenes masivos que manejaba la organización que mantenía vínculos con importantes grupos criminales de similar envergadura y complejidad. “Los hechos probados en la causa de España son básicamente una muestra de aquello que las defensas insisten que no está probado en la causa, pero que como vengo diciendo hay pruebas contundentes del contrabando de drogas en 2017 y del vínculo de la organización desde hace muchos años con el tráfico de drogas”, desarrolló el representante del MPF.

“Toda esta secuencia lo que muestra es la real actividad de la organización, es decir el tráfico de drogas; muestra la magnitud de sus operaciones; y muestra el rol que cada uno de los acusados tiene en este esquema: José Gonzalo como líder del grupo y responsable de la llegada a Europa; Junior asistiéndolo en los preparativos y en el cobro del dinero, sucesor de este negocio; Weston Millones como nexo con proveedores en otros países; Erwin Loza como responsable de las actividades en Argentina”, indicó el auxiliar fiscal.

Posteriormente, el fiscal Pérez Barberá profundizó sobre las acusaciones relativas a los hechos de lavados de activos y los mecanismos implementados por la organización para dar apariencia lícita a las ganancias provenientes del narcotráfico mediante la compra de inmuebles y muebles que no podían ser justificados por ingresos económicos legales.

“Son los propios integrantes de la banda, entre ellos algunos de los aquí acusados, los que cuentan con lujo de detalles cómo funcionaba la operatoria de tráfico de drogas; hablan de los pagos, de los métodos de ocultamiento, de sus contactos en el submundo del narcotráfico".

De esta manera, se refirió a la compra de un inmueble en la calle Humberto Primo, adquirido por el líder de la banda Erwin Raúl Loza y por Clara Luz Fernández, señalada como miembro de la asociación ilícita, en diciembre de 2011. Según detalló el fiscal general, la compra se hizo "en favor de Inversora Salteña S.A. que era una sociedad integrada por ellos mismos, y prácticamente como puro reservorio de bienes”.

“Ese bien fue adquirido por un valor declarado de 275 mil  dólares que en esa época equivalían a 600 mil dólares. El solo hecho de que esa operación se hiciese simulándose una gestión de negocios, a favor de una sociedad integrada por los mismos compradores ya deja ver el carácter inusual de esta operación”, indicó Pérez Barberá.

Asimismo, detalló que “Erwin Loza intentó justificar esta adquisición con la venta de tres propiedades anteriores a los mismos vendedores de este bien de la calle Humberto Primo”. El fiscal resaltó las inconsistencias de ese argumento. “Las tres propiedades anteriores fueron vendidas por una suma total de 1.162.000 pesos, muy por debajo de los 2.750.000 pesos declarados, según la escritura, que pagaron por esa propiedad tanto Erwin Loza como Clara Fernández, a través de Inversora Salteña S.A”, explicó.

En este marco, la fiscalía descartó al argumento utilizado por las defensas de que las maniobras correspondían a evasión fiscal, ya que no existían ingresos económicos legales que justificarán el origen de los fondos. “No solamente no pueden justificar la compra de este bien con la venta de esas propiedades sino que tampoco pueden justificar la compra de esas tres propiedades con las que después intentaron justificar la compra del bien de la calle Humberto Primo”, acusó el fiscal.

“Una de estas propiedades anteriores fue adquirida en el 2007 y el informe de AFIP, pedido por esta fiscalía como prueba nueva deja en claro que en ese pedido Erwin Loza no tenía ningún ingreso declarado que pudiera justificar tales adquisiciones”, detalló el fiscal general Pérez Barberá. De esta manera la fiscalía consideró acreditadas las maniobras de lavado de activadas perpetradas por el líder de la organización.