El Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 impuso hoy penas de entre 4 y 10 años de prisión para diez personas  acusadas de integrar el clan Loza, una organización de alcance internacional dedicada al narcotráfico y al lavado de activos que operaba en Argentina y España. Intervinieron en representación del Ministerio Público Fiscal el titular de la Fiscalía General Nº 2 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, la auxiliar fiscal Silvana Iannicelli y el auxiliar fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Matías Alvarez. La fiscalía contó además con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

En su alegato, el MPF había requerido que sean condenados con penas que iban desde los 4 años y medio hasta 14 años de prisión, y con la imposición de multas económicas de hasta 600 millones de pesos.

El tribunal impuso penas de prisión para Erwin Raúl Loza (10 años), Gerardo César Guccione (7 años) y Gonzalo Daniel Loza (6 años), William Weston Millones (8), Estela Marí Gallo (6 años) y Clara Luz Fernández (5 años), Américo Alfredo Santi y Juan Carlos Fernández (4 años y medio) y Eduardo Javier Silveira López y Alan Daniel Loza (4 años). Los acusados fueron condenados por los delitos de asociación ilícita, contrabando de divisas en grado de tentativa y lavado de activos, según cada caso. Respecto de Natalia Soledad Grosso, el tribunal dispuso su absolución, tal como había sido solicitado por el MPF en su alegato final. El próximo 2 de marzo se darán a conocer los fundamentos.

Los jueces Luis Imas, Karina Perilli y Alejandro Zabala impusieron también multas económicas que alcanzan los casi 378 millones de pesos y dispusieron el decomiso de una gran cantidad de bienes que fueron objeto de las maniobras ilícitas.

Las acciones para dar apariencia lícita a los fondos provenientes del narcotráfico eran ejecutadas mediante las compras de muebles e inmuebles a través de sociedades anónimas, entre los que se incluyen vehículos de alta gama y propiedades inmobiliarias.

Según se pudo acreditar durante el juicio, la organización ilícita instrumentaba maniobras de tráfico de estupefacientes (principalmente el contrabando desde Argentina hacia España de clorhidrato de cocaína), contrabando de divisas desde Europa hacia el país y finalmente lavado de activos provenientes de las ganancias producidas por sus actividades ilícitas precedentes. Las acciones para dar apariencia lícita a esos fondos eran ejecutadas mediante las compras de muebles e inmuebles a través de sociedades anónimas, entre los que se incluyen vehículos de alta gama y propiedades inmobiliarias.

El MPF había advertido en el alegato que los mecanismos societarios desplegados “fueron hechos para dar apariencia de licitud a bienes adquiridos con activos provenientes de narcotráfico” y que “son demostrativos de la existencia de una asociación propiamente ilícita”.

En concreto, respecto del lavado de activos, el fiscal Pérez Barberá, en relación con varios hechos, sostuvo que aparecían en la causa “como indicios concretos, toda una serie de datos que la experiencia internacional considera indicadores en abstracto de lavado de activos”.

En ese sentido explicó: “No tenemos aquí solamente inconsistencias fiscales o contables. Además, tenemos a allegados a personas dedicadas al narcotráfico adquiriendo, a través de entes societarios sin actividad suficiente para justificar tales compras, bienes muy valiosos sin documentación respaldatoria suficiente ni consistente, cuya tenencia ni esa persona jurídica ni esas personas físicas pueden justificar como proveniente de una fuente lícita, pagados con dinero en efectivo y a un precio ostensiblemente menor al de mercado, no presentados en los balances de la sociedad, no declarados al fisco, y cuya cantidad es tal que adquiere certeza la hipótesis de esta fiscalía respecto del origen de ese dinero”.

De esta manera, indicó que la estructura criminal operaba los recursos económicos producidos para mantener vigente y funcional a la organización ilícita que se mantuvo operativa en forma estable desde 2008 hasta el 2018, con una división de tareas entre sus integrantes. Dentro de esa estructura algunos de los condenados intervenían en el tráfico de drogas hacia el continente europeo y otros se relacionaban con el lavado de activos en el país.

En relación con las actividades narcocriminales, en el juicio se acreditó que la asociación ilícita estaba relacionada con el tráfico de estupefacientes, especialmente hacia a España, donde se detectó un cargamento de más de una tonelada en 2017. Y que luego la droga era distribuida para su comercialización en distintos puntos de Europa.

“No tenemos aquí solamente inconsistencias fiscales o contables. Además, tenemos a allegados a personas dedicadas al narcotráfico adquiriendo, a través de entes societarios sin actividad suficiente para justificar tales compras, bienes muy valiosos sin documentación respaldatoria suficiente ni consistente", indicó en su alegato el fiscal Pérez Barberá.

En el juicio se acreditó que la estructura criminal tenía a los hermanos José Gonzalo Loza (fallecido) y Erwin Raúl Loza como los líderes que determinaban las directivas a los distintos grupos, además de concretar acuerdos con otros grupos criminales y también definir las decisiones finales sobre la administración de los fondos ilegales. Una importante cantidad de activos fue lavada por ejemplo en la ciudad de Mar del Plata –y también en Buenos Aires– por quienes en el juicio fueron considerados como integrantes del denominado “grupo Suárez-Gallo”, constituido por Miguel Suárez, asociado a los Loza en las actividades de narcotráfico, y su esposa Estela Mari Gallo. Y otro grupo, identificado como “Weston Millones”, también tuvo una activa participación tanto en el tráfico de estupefacientes (en el que intervenía Oscar Weston Millones) como en el lavado de activos, esto último a cargo también de Alfredo Santi.

Durante las audiencias se pudo probar que la asociación criminal tuvo impacto también en otros países, que incluyen Italia, Irlanda, Inglaterra, Bolivia, Colombia y Perú, ya que el clan Loza desplegó vínculos con otras células criminales asentadas en esos países, tanto como en España y en Argentina.

La investigación

El puntapié de la pesquisa fue la detención en noviembre de 2017 de dos personas provenientes de Madrid en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cuando intentaban ingresar al país con 365.800 euros ocultos en tres valijas. A partir de allí, a nivel internacional se desplegó un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) compuesto por Argentina, España e Italia. El ECI coordinó y unificó la información recolectada que permitió identificar a los integrantes de la organización y a su operatoria.

En la etapa de instrucción intervino el juez Pablo Yadarola y el fiscal Pablo Turano, quienes contaron con la colaboración de la PROCUNAR. Así, a nivel nacional se conformó un equipo interdisciplinario con miembros de la Gendarmería Nacional, la Unidad de Información Financiera (UIF), la PROCELAC, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección General de Aduanas y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para avanzar sobre el funcionamiento de la estructura criminal en el país.

Durante la etapa testimonial del juicio, investigadores que formaron parte de este equipo prestaron declaración y ofrecieron detalles de la pesquisa, y señalaron que "la estructura de la organización fue agrandándose de forma paulatina. No es que de un día para el otro contaban con una estructura sólida, sino que fue muy progresivo”. Añadieron que la organización criminal internacional contaba con una logística importante que incluía embarcaciones marítimas y traslados aeronáuticos.