El titular de la Fiscalía General Nº 2 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, solicitó al Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 que imponga penas de 4 años y medio hasta 14 años de prisión en el juicio a once personas acusadas de integrar el clan Loza, una organización de alcance internacional dedicada al narcotráfico y al lavado de activos que operaba en Argentina y España.

El fiscal Pérez Barberá solicitó además multas para los acusados que alcanzan los casi 600 millones de pesos (concretamente, $598.287.416) y el decomiso de los bienes que fueron producto de las maniobras ilícitas.

El representante del MPF acusó por los delitos de asociación ilícita, contrabando de divisas en grado de tentativa agravado por su cantidad y por haberse cometido por tres o más personas y lavado de activos agravado por su habitualidad, según cada caso.

En esa línea, el fiscal general requirió la pena de 14 años de prisión para el principal acusado y líder de la organización, Erwin Raúl Loza, a quien consideró responsable de la autoría de asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con el delito de contrabando de divisas en grado de tentativa agravado por su cantidad y por haber sido cometido por tres o más personas en calidad de coautor, en concurso real con los hechos de lavado de activos agravados por el monto y por su habitualidad y comisión en banda, en calidad de autor y coautor según cada hecho.

El fiscal Pérez Barberá requirió también penas de 11, 10 y 9 años de prisión para William Weston Millones, Gonzalo Daniel Loza y Estela Mari Gallo, respectivamente; el primero, en calidad de organizador de la asociación ilícita y las otras personas en calidad de miembros, por los delitos indicados previamente. Además, solicitó condenas de 8, 7 y 6 años de prisión para Gerardo César Guccione, Clara Luz Fernández y Américo Alfredo Santi, también en calidad de miembros de la asociación ilícita.

Asimismo, pidió 5 años y medio de prisión para Juan Carlos Fernández, 5 años de prisión para Eduardo Javier Silveira López y 4 años y medio de prisión para Alan Iván Loza. Consideró al primero miembro de la asociación ilícita, en tanto los otros dos fueron acusados por lavados de activos en calidad de coautores y partícipes necesarios, según cada hecho. Por último, el fiscal pidió la absolución para Natalia Soledad Grosso por la totalidad de los hechos por los que fue imputada.

En su alocución, el fiscal general tuvo probado que “se conformó una asociación ilícita para lavar activos, claramente también para cometer los delitos precedentes aquí juzgados que han sido objeto de tratamiento de este alegato". En este mismo sentido, sobre el rol del liderazgo de Erwin Raúl Loza, el fiscal valoró que “no se aprecian circunstancias atenuantes de peso. Todo lo contrario. Todas las circunstancias que corresponde valorar son agravantes. La extensión del daño causado por su accionar ha sido enorme en términos de lavados de activos”.

“La naturaleza de la acción y los medios empleados por él como jefe para mantener activa a la asociación ilícita durante tantos años y con tanta eficacia es propia de quien ostenta un muy elevado nivel de criminalidad, tal como fue demostrado al valorarse la prueba de los hechos. No puede olvidarse, en efecto, que he pedido que sea condenado no sólo por lavado de activos, sino también por ser jefe de una asociación ilícita de singular peligrosidad –ya acreditada en el alegato correspondiente– y de alcances transnacionales, y también, por supuesto, por contrabando agravado de divisas”, señaló en relación al rol del líder de la organización.

“Con toda la prueba analizada, la documental, la testimonial, la incorporada por su lectura está acreditado absolutamente con certeza la existencia de los hechos de lavado de activos relatados en la acusación”, remarcó.

En el debate actúa también en representación del Ministerio Público Fiscal la auxiliar fiscal de la Fiscalía General Nº 2, Silvana Iannicelli, y el auxiliar fiscal de la Procuraduría de Narcoriminalidad (PROCUNAR), Matías Álvarez. La fiscalía contó asimismo con la asistencia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), encabezada el fiscal general Mario Villar y la fiscal federal María Laura Roteta, y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), encabezada por la titular María del Carmen Chena.