El Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba impuso hoy penas de hasta seis años y seis meses de prisión para un grupo de trece personas que fueron encontradas como integrantes de una asociación ilícita fiscal que, de acuerdo a la acusación del Ministerio Público Fiscal, desde 2009 utilizó a personas físicas y jurídicas para montar una operatoria comercial ficticia que le permitió disminuir o anular cargas tributarias correspondientes a la comercialización de cereal y obtener, de esa forma, beneficios económicos en perjuicio del erario público. En representación del Ministerio Público Fiscal intervinieron el fiscal general Carlos Gonella y el auxiliar fiscal Gustavo Yofre.

Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 9 de agosto. El juicio había comenzado a principios de marzo, en tanto que el alegato de la Fiscalía General concluyó a mediados de mayo, cuando se pidieron penas de hasta ocho años de prisión para quince de las personas que llegaron al debate acusadas de integrar una asociación ilícita, evasión y retención de tributos por la actividad desplegada en distintas localidades de la provincia de Córdoba, como Río Tercero, San Agustín y Despeñaderos, y también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El volumen operado, según los cálculos que se realizaron, supera los 1500 millones de pesos.

El MPF también había postulado cinco absoluciones y la extinción de la acción penal en torno a una imputada que falleció durante el transcurso del juicio, lo que así se resolvió.

El veredicto por unanimidad de los jueces José Fabián Asís -presidente- y Jaime Díaz Gavier y la jueza María Noel Costa fue dado a conocer pasadas las 18. Las audiencias se celebraron de manera virtual -pero con el tribunal constituido en la sala de audiencias- y fueron transmitidas por el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación. Durante esta mañana se recibieron las últimas palabras de los acusados. Uno de los imputados que hizo uso de ese derecho fue Fernando Cuello, a quien los fiscales en su alegato ubicaron como el organizador de la agrupación criminal y fue a quien se impuso la pena más alta, a seis años y medio de prisión. El hombre describió la conformación de grupos empresarios y su formación profesional en la Universidad Católica de Córdoba, sus primeros negocios y cómo se volcó luego a la industria cerealera durante el primer lustro de la década de los 90, en particular al acopio de granos. En un tramo de la exposición se refirió al predio en el que construyó su vivienda, que “no estaba en un loteo ni en un barrio privado, como en los que viven algunos de los funcionarios que hoy me están querellando”.

A su término, Gonella calificó la expresión como de extrema gravedad, en tanto el principal acusado dejó asentado que conoce domicilios de quienes lo acusan. El fiscal general resaltó que, en tanto funcionarios del MPF, se trata de un dato sensible por las características de su función, por las que existen tratados internacionales que buscan garantizar su desempeño libre de intimidaciones. “Que un acusado como jefe de una asociación ilícita haya dicho eso con liviandad es extremadamente grave” añadió, por lo que le pidió al tribunal que deje constancia en actas o en la sentencia “para tomar las medidas del caso”.

Las condenas

La pena más alta fue para Cuello, a quien el TOF condenó como jefe de la asociación ilícita fiscal, partícipe necesario de evasión agravada y de apropiación indebida de tributos. También fue inhabilitado para comercializar granos y actividades vinculadas. A su vez, el contador Rubén Ceva fue condenado a cinco años y medio e inhabilitado para ejercer la profesión.

Por su parte, Jorge Ferrer y Sergio Guevara fueron penados, ambos, a cinco años de prisión y Julio Luján y Daniel Velayes a cuatro, todos como coautores integrantes de la asociación ilícita fiscal y de la evasión y la apropiación de tributos. Otro grupo de acusados –integrado por Gastón Ludueña, Rosendo González, Néstor Beltrame, Rubén Di Primio, Miguel Ortega, Matías Giuggiolini y Osmar Sismondi- fueron condenados a dos años y medio, al ser encontrados partícipes secundarios de la asociación ilícita. También hubo cinco absoluciones por ese delito, en línea con lo postulado por el Ministerio Público Fiscal.

Durante su alegato, la fiscalía describió que la firma FG Cereales operaba habitualmente en el mercado de granos adquiriendo cereal en forma marginal. Para el blanqueo de sus operaciones utilizaba a otras firmas, entre las que se encontraban Algeciras, Vercovir, Corretajes Group y Produc Tan, representadas legalmente o integradas por los acusados. Según la Fiscalía General, estos contribuyentes eran funcionales a la emisión de facturas apócrifas, y eran controlados por los integrantes de la organización mediante el manejo de claves fiscales y bancarias. En ese esquema, Cuello cumplía el rol de organizador del grupo y se encargaba de dirigir estas firmas y también a otras encargadas de documentar los servicios de transporte de granos, resaltó el MPF al formular la acusación.