Ante el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba, el fiscal general Carlos Gonella y el auxiliar fiscal Gustavo Yofre pidieron penas de hasta ocho años de prisión para quince presuntos integrantes de una asociación ilícita fiscal vinculada a la actividad cerealera, evasión y retención de tributos. Están acusados de efectuar operaciones comerciales ficticias con prestanombres y sociedades sin actividad para disminuir las cargas tributarias pertenecientes a la comercialización real de granos. Además, solicitaron la extinción de la acción penal contra una de las acusadas, que falleció esta semana.

Los alegatos habían comenzado la semana pasada, cuando Gonella analizó los hechos y la participación de la mayor parte de los acusados por el delito de asociación ilícita fiscal. Por la extensión de la jornada, se dispuso un cuarto intermedio hasta ayer, cuando los representantes del MPF concluyeron su exposición con el análisis de participación de otros tres imputados, tramo a cargo de Yofre, y la calificación legal y el pedido de penas. 

Para el Ministerio Público Fiscal, los imputados formaban parte de una organización que utilizó a personas tanto físicas como jurídicas para montar una operatoria comercial ficticia que le permitió disminuir o anular cargas tributarias correspondientes a la comercialización de cereal y obtener de esa forma importantes beneficios económicos en detrimento del erario público. En su alegato inicial, Gonella centró la responsabilidad en Fernando Luis Cuello en calidad de organizador, junto con su ex pareja Natalia de los Ángeles Paulus, fallecida esta semana. 

De acuerdo al fiscal, un grupo de personas en el que estaban Diego Ludueña, Rosendo González, Matías Giuggiolini, Daniel Pelayes, Juan José Ros, Rubén Di Primio, Miguel Ángel Ortega, Félix Cabral, Julio González, Alberto Sbagzdis, Rubén Beltrame y Horacio Cismondi integraban firmas apócrifas, mientras que también existían firmas reales que participaban de la maniobra, como es el caso de los imputados Jorge Ferrer y Sergio Guevara. 

En la jornada de ayer, Yofre centró su intervención en la participación de otros tres imputados: Rubén Ceva, María Fernanda Farías y Julio Daniel Luján. De acuerdo con su exposición, los acusados y la acusada integraban firmas que operaron de manera habitual en el mercado de granos adquiriendo cereal en forma marginal, a productores ocultos, lo cual les permitió disminuir o directamente anular las cargas tributarias que se debían ingresar por la legítima comercialización del cereal. En el caso de Ceva el auxiliar fiscal señaló que, en su carácter de contador público de la organización, prestó un asesoramiento técnico indispensable y realizó las tareas necesarias para documentar las operaciones fraudulentas efectuadas por las firmas apócrifas utilizadas por la organización. 

La fiscalía señaló que la metodología de la organización consistía en maniobras de ocultamiento de los verdaderos obligados del pago de cargas tributarias mediante la interposición de personas físicas o jurídicas, organizadas para montar una operatoria comercial ficticia.

En Córdoba y Buenos Aires

Según la fiscalía, la actividad desplegada por la organización se había desarrollado en distintas localidades de la provincia de Córdoba, como Río Tercero, San Agustín y Despeñaderos, y también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su metodología consistía en maniobras de ocultamiento de los verdaderos obligados del pago de cargas tributarias mediante la interposición de personas físicas o jurídicas, organizadas para montar una operatoria comercial ficticia.  

La fiscalía describió que la firma FG Cereales, integrada por Ferrer y Guevara, operaba habitualmente en el mercado de granos, adquiriendo cereal en forma marginal. Para el blanqueo de sus operaciones, indicó el MPF, utilizaba a otras firmas, entre las que se encontraban Algeciras, Vercovir, Corretajes Group y Produc Tan, todas ellas representadas legalmente o integradas por Ros, Cabral, González, Di Primio, Ortega, Guiggiolini, Cismondi, Beltrame y Sbagzdis, además de contar también con Pelayes como persona física. 

De acuerdo a la fiscalía, todos estos contribuyentes eran funcionales a la emisión de facturas apócrifas, y eran controlados por los integrantes de la organización mediante el manejo de claves fiscales y bancarias. En ese esquema, Cuello cumplía el rol de organizador del grupo y se encargaba de dirigir estas firmas y también a otras encargadas de documentar los servicios de transporte de granos, indicó el MPF. Y agregó que Paulus, entonces pareja de Cuello, oficiaba también de organizadora al ser accionista de la mayoría de estas empresas, y se encargaba de la dirección y gestión diaria de varias de ellas. Gonella incluyó también el repaso de siete hechos de evasión y retención de tributos realizados por la organización en este mismo marco. 

El pedido de penas

Con estos argumentos, la fiscalía pidió una pena de ocho años de prisión y diez de inhabilitación para Cuello, en su calidad de jefe de una asociación ilícita fiscal, y cómplice necesario de un hecho de evasión simple, cincuenta y un delitos de apropiación indebida de tributos y otros dos de evasión agravada. Para Ceva, solicitó una pena de siete años como coautor del delito de asociación ilícita fiscal, y cómplice necesario en dos hechos de evasión agravada y veintiséis de apropiación de tributos, los mismos delitos por los que se pidieron cinco años y seis meses para Ferrer y Guevara. 

Julio Daniel Luján fue señalado como coautor de asociación ilícita fiscal y coautor de un hecho de evasión simple y otro de apropiación indebida de tributos, por lo que se pidió una condena de cuatro años de reclusión. El resto de los imputados fueron acusados por el delito de asociación ilícita, con pedidos de penas de prisión de cinco años (Ludueña), cuatro (Farías) y tres años y seis meses (Pelayes y González) en grado de coautores. Finalmente, la fiscalía solicitó tres años de prisión en suspenso, en carácter de cómplices secundarios, para Di Primio, Giuggioloni, Ros, Ortega y Cismondi; en el caso de Beltrame soliciaron tres años y seis meses de cumplimiento efectivo.

La fiscalía también pidió la absolución de tres personas que habían sido procesadas (Julio González, Marcelo Sbagzdis y Félix Cabral) por falta de tipo subjetivo, al considerar que se trata de personas con rasgos socioculturales que les impedían entender el carácter ilícito de las maniobras y fueron engañadas para prestar su firma, y de otro imputado más, Pablo Zotello, por el beneficio de la duda. Además, a raíz del fallecimiento de Natalia Paulus esta semana, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se declare la extinción de la acción penal por muerte, para decretar su absolución.