El fiscal general Carlos Gonella y el auxiliar fiscal Gustavo Yofre comenzaron ayer ante el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba el alegato en el juicio a los presuntos integrantes de una asociación ilícita fiscal vinculada a la actividad cerealera. Los acusados están señalados de efectuar operaciones comerciales ficticias con prestanombres y sociedades sin actividad para disminuir las cargas tributarias pertenecientes a la comercialización real de granos. 

En esta primera jornada, Gonella analizó los hechos y la participación de dieciocho de los acusados, por el delito de asociación ilícita fiscal. Después de que se estableciese un cuarto intermedio, se determinó que la exposición de los representantes del MPF continuará el jueves 13, por lo que quedaron quedaron pendientes para esa nueva jornada el repaso de siete hechos de evasión y retención de tributos, el análisis de participación de otros tres imputados a cargo de Yofre, y la calificación legal y el pedido de penas. 

De acuerdo a la acusación, los imputados formaban parte de una organización que, desde 2009, utilizó a personas tanto físicas como jurídicas para montar una operatoria comercial ficticia que le permitió disminuir o anular cargas tributarias correspondientes a la comercialización de cereal y obtener de esa forma importantes beneficios económicos en detrimento del erario público. 

Gonella centró su alegato en la responsabilidad de Fernando Luis Cuello en calidad de organizador, junto con su pareja Natalia de los Ángeles Paulus y los acusados de integrar firmas apócrifas (Diego Ludueña, Rosendo González, Matías Giuggiolini, Daniel Pelayes, Juan José Ros, Rubén Di Primio, Miguel Ángel Ortega, Félix Cabral, Julio González, Alberto Sbagzdis, Rubén Beltrame y Horacio Cismondi) y también firmas reales que -de acuerdo a la acusación- participaron de la maniobra (Jorge Ferrer y Sergio Guevara). 

Según la fiscalía, la actividad desplegada por la organización se había desarrollado en distintas localidades de la provincia de Córdoba, como Río Tercero, San Agustín y Despeñaderos, y también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su metodología consistía en maniobras de ocultamiento de los verdaderos obligados del pago de cargas tributarias mediante la interposición de personas físicas o jurídicas, organizadas para montar una operatoria comercial ficticia en torno al comercio de granos.  

La fiscalía describió que la firma FG Cereales, integrada por Ferrer y Guevara, operaba habitualmente en el mercado de granos, adquiriendo cereal en forma marginal. Para el blanqueo de sus operaciones, indicó el MPF, utilizaba a otras firmas, entre las que se encontraban Algeciras, Vercovir, Corretajes Group y Produc Tan, todas ellas representadas legalmente o integradas por Ros, Cabral, González, Di Primio, Ortega, Guiggiolini, Cismondi, Beltrame y Sbagzdis, además de contar también con Pelayes como persona física. 

Según la fiscalía, todos estos contribuyentes eran funcionales a la emisión de facturas apócrifas, y eran controlados por los integrantes de la organización mediante el manejo de claves fiscales y bancarias. En ese esquema, Cuello cumplía el rol de organizador del grupo y se encargaba de dirigir estas firmas y también a otras encargadas de documentar los servicios de transporte de granos, indicó el MPF. Y agregó que Paulus, entonces pareja de Cuello, oficiaba también de organizadora al ser accionista de la mayoría de estas empresas, y se encargaba de la dirección y gestión diaria de varias de ellas.