09 de diciembre de 2022
09 de diciembre de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Alegato del fiscal general Carlos Gonella
Córdoba: piden penas de tres años de prisión en suspenso y multas de más de cien millones de pesos en un juicio por intermediación financiera no autorizada
De acuerdo con la acusación, los imputados utilizaban distintas empresas que prestaban el servicio de caja de seguridad y ofrecían a sus clientes el depósito de dinero a plazo mediante pago de intereses, para luego utilizar esos fondos para préstamos y créditos sin autorización del Banco Central.

El titular de la Fiscalía General N°2 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba, Carlos Gonella, pidió hoy penas de tres años de prisión en suspenso y una multa de más de cien millones de pesos para cada acusado en un juicio por intermediación financiera no autorizada, agravada por la habitualidad y por su publicidad en medios masivos de comunicación. De acuerdo con la acusación, los siete imputados utilizaban distintas empresas que prestaban el servicio de caja de seguridad y ofrecían a sus clientes el depósito de dinero a plazo mediante pago de intereses, para luego utilizar esos fondos para préstamos y créditos, sin contar con la autorización del Banco Central de la República Argentina.

En el juicio, que comenzó a mediados de abril, se juzgan diez hechos ocurridos entre 2013 y 2014. En su alegato, Gonella solicitó una pena de tres años de prisión en suspenso y una multa, en cada caso, de 104.065.493,16 pesos para Juan Carlos, Iván, Pablo y Mariano Barrera y Carlos Orlando Reartes, por considerarlos coautores de los diez hechos. Carlos Alejandro Reartes fue acusado como cómplice necesario de nueve hechos, todos en concurso real, por lo que el pedido de pena fue de dos años y seis meses de prisión en suspenso, mientras que para José Luis Cavazza, señalado como cómplice necesario de un solo hecho, se solicitó una condena de un año y 4 meses de prisión en suspenso, más una multa de $52.032.746,58.

De acuerdo con la acusación, en todos los hechos la modalidad fue siempre la misma: en alguna de las tres firmas que integraban (BACAR Traca SRL, Compañía Barrera S.A.y Blicen S.A., todas con domicilios en el barrio centro de Córdoba capital) persuadían a los clientes para que, bajo la figura simulada de un contrato de caja de seguridad, depositasen su dinero en la empresa a plazo a cambio del pago de intereses notoriamente más altos que los de las instituciones autorizadas por el Banco Central.

Una vez captados los fondos, los imputados habrían desarrollado la actividad de intermediación financiera valiéndose de sus locales comerciales, que contaban con una zona de cajas de seguridad, otra de oficinas y una tesorería.

Una vez captados los fondos, los imputados habrían desarrollado la actividad de intermediación financiera valiéndose de sus locales comerciales, que contaban con una zona de cajas de seguridad, otra de oficinas y una tesorería. Para la fiscalía, toda esta infraestructura excede los requerimientos que implica el alquiler de cajas de seguridad y permite sostener que esto era solo una pantalla de una actividad principal de intermediación financiera.

Según la fiscalía, la diferencia porcentual de interés ofrecida por las tres firmas para aquellas personas que decidieran convenir los contratos de asistencia financiera o depósitos a plazo, tanto en pesos como en dólares, era notoriamente mayor en comparación con las tasas ofrecidas por los bancos autorizados por el BCRA: hasta del 30 por ciento anual en pesos, según el monto, y hasta del 18 por ciento en dólares, en comparación con las tasas regulares ofrecidas por entidades financieras autorizadas que, al momento de los hechos, eran entre un 30 y 50 por ciento menores.

De acuerdo a la acusación formulada en la elevación a juicio de la causa por la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba, a cargo de Enrique Senestrari, los imputados desarrollaron actividades de intermediación financiera no autorizada agravada convirtiendo, en la práctica, las firmas a su cargo en una banca paralela y no regulada, atentando de esta manera contra el orden económico y financiero del Estado argentino. Los imputados publicitaban sus servicios tanto en sus locales, ubicados en un importante centro comercial de la ciudad de Córdoba y en plena zona financiera, como también a través de publicidades en distintos medios de comunicación.

Además, a través de la operatoria de descuento de cheques y de la caución de cheques en garantía, los imputados habrían instrumentado préstamos de dinero a terceros a través de una tasa de interés muy superior a la ofrecida por la banca autorizada. Así, según la acusación, lograron seducir a una cantidad indeterminada de personas para que depositaran a plazo sus ahorros para captar fondos que luego “colocaban” en el mercado por medio de préstamos, y también mediante remesas y giros al exterior.