31 de enero de 2023
31 de enero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Alegato del fiscal Carlos Gonella y el auxiliar fiscal Gustavo Yofre
Córdoba: solicitan penas de hasta cuatro años y seis meses de prisión para tres acusados de integrar una asociación ilícita fiscal vinculada a la actividad cerealera
De acuerdo con la acusación, formaron parte de una estructura con la participación de prestanombres y empresas ficticias para dotar de aparente legalidad y documentar falsamente el circuito de compraventa y traslado de granos marginal.

El titular de la Fiscalía General N°2 de Córdoba Carlos Gonella y el auxiliar fiscal Gustavo Yofré pidieron hoy penas de hasta cuatro años y seis meses de prisión para tres personas acusadas de integrar una asociación ilícita fiscal. De acuerdo con la acusación formulada en el alegato, formaron parte de una estructura económica ficticia con la participación de personas físicas (prestanombres) y/o jurídicas insolventes (conocidas como “carpetas”) para dotar de aparente legalidad y documentar falsamente el circuito de compraventa y traslado de granos marginal, desde su origen en el campo hasta su destino final, ya fuera en la industria local o a través de exportación. 

Para el Ministerio Público Fiscal, desde fecha no determinada pero hasta abril de 2011, Jorge Wolfel, el contador Víctor Iglesias y el licenciado en Administración Sergio Tovagliari, junto a dos personas que fueron desvinculadas de la causa por prescripción, forjaron “un acuerdo tácito de voluntades para cometer una pluralidad indeterminada de delitos de naturaleza tributaria, en un lapso de tiempo prolongado, cumpliendo diferentes roles y realizando diferentes aportes”. 

Los tres imputados fueron señalados por el Ministerio Público por el delito de asociación ilícita fiscal en calidad de partes. En el caso de Iglesias, el pedido de pena fue de cuatro años y seis meses de prisión, para lo que se consideró su nivel de instrucción como contador público nacional, su experiencia en el rubro, la extensión del daño y la pluriofensividad de la maniobra al falsificar firmas y sellos de escribanos, junto con el impacto económico que resultó de ella.

Respecto a Tovagliari, se reclamaron tres años y diez meses, dado su grado de conocimiento en administración de empresas, la falta de motivos económicos y la extensión del daño. Respecto a Wolfel, se consideró como agravante su contribución a la asociación y su rol activo para la creación de las "carpetas", y se tuvo en cuenta como atenuantes su edad -tiene 70 años-, con algunos problemas de salud y baja instrucción, por lo que se solicitaron tres años y seis meses de prisión. 

Ocultamiento de la capacidad contributiva

De acuerdo a la fiscalía general, la organización ocultaba al fisco la capacidad contributiva del verdadero productor agropecuario para que pudiera así evadir el pago de tributos nacionales como Ganancias o IVA. Además, tornaron imposible el cobro en virtud de la insolvencia de sus prestanombres, generaron crédito fiscal espurio con usinas de facturación apócrifa, e intentaron obtener beneficios fiscales fraudulentos derivados de la inscripción de sus testaferros en el Registro Fiscal de Operadores de Granos y Legumbres Secas. Por último, para llevar a cabo su objetivo, la organización habría generado y utilizado distintas “carpetas” para dar apariencia de lícitas a firmas inexistentes. 

Para Gonella y Yofre, de la prueba incorporada se pudo corroborar que Wolfel se dedicaba a la creación, uso y compraventa de “carpetas” y usinas tanto para la generación de factura apócrifa y venta del crédito fiscal ficticio generado a través de ella, como también para el blanqueo de cereales adquirido en negro. 

De las transcripciones de las escuchas telefónicas dispuestas en la causa se corroboró también la existencia de distintas empresas vinculadas a comercialización de cereales que fueron utilizadas por la organización para la creación de crédito fiscal ficticio y su posterior venta. Entre ellas, se encuentran Stella Marys Cereales y Aradores Cereales, manejadas por los acusados Tovagliari e Iglesias, junto también con otras cuatro firmas, que entre mayo de 2008 y marzo de 2011, ocultaron ventas de granos por $508.433.478,67. También, a través de otras tres carpetas, se intentó generar crédito fiscal espurio a los fines de obtener saldos de libre disponibilidad para su posterior venta a terceros, por un valor cercano a los cuatro millones de pesos. 

Según el fiscal general y el auxiliar fiscal, dentro de la asociación investigada Víctor Iglesias y Sergio Tovagliari se valían de sus conocimientos en ciencias económicas para intervenir activamente en la creación, administración, representación y/o uso de las firmas. Al mismo tiempo, Wolfel era el encargado de conseguir y llevar adelante dichas “carpetas”, tanto para blanquear la compraventa marginal de granos como para obtener crédito fiscal espurio con el objeto de ser posteriormente vendido a terceros.