24 de septiembre de 2021
24 de septiembre de 2021 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Intervienen los fiscales Carlos Schaefer y Flavio Ferrini, con colaboración de la Procelac
Corrientes: confirman el procesamiento de los directivos de la cooperativa Pyramis por lavado de activos
Se encuentran acusados de canalizar a la economía formal, a través de la compra de automóviles de alta gama e inmuebles, fondos millonarios obtenidos de manera ilegal a través del delito de intermediación financiera no autorizada.

La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes confirmó el procesamiento de los principales directivos de la "Cooperativa de Créditos y Servicios Pyramis” por el delito de lavados de activos. El fallo fue firmado por  las juezas Mirta G. Sotelo de Andreau, Selva Angélica Spessot y María Delfina Denogens, y ante ese órgano tuvo intervención Carlos Schaefer, interinamente a cargo de la Fiscalía General.

Los imputados Mario, Lisandro y Horacio Boschetti, y César Gelmi -miembros del Consejo de Administración de la cooperativa-; y Alfonso Siviero, Ana Karina Alonso y Carlos Contreras -quienes operaban desde un local supuestamente dedicado a negocios inmobiliarios- se encuentran acusados por la canalización a la economía formal, a través de la compra de automóviles de alta gama e inmuebles, de millonarios fondos obtenidos de manera ilegal a través del delito de intermediación financiera no autorizada. Por ese delito precedente los imputados también tienen confirmado un procesamiento. La investigación es llevada adelante en la etapa de instrucción por la Fiscalía Federal N°1, a cargo de Flavio Ferrini, con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

La Cámara rechazó los planteos de las defensas y señaló que no se vieron afectadas sus garantías constitucionales, como postularan en los recursos.

La hipótesis acusatoria es que, desde 2012 hasta octubre de 2015, Pyramis se desempeñó, bajo la apariencia jurídica de una cooperativa, como una entidad financiera

La hipótesis acusatoria es que, desde 2012 hasta octubre de 2015 Pyramis se desempeñó, bajo la apariencia jurídica de una cooperativa, como una entidad financiera. Los imputados desarrollaron una operatoria caracterizada por la captación de caudales del público que después eran reconvertidos para adjudicar préstamos, descuento de cheques y operaciones cambiarias. Dichas actividades ilícitas permitieron a la firma recaudar alrededor de $68,5 millones de personas ajenas a la cooperativa y capitalizar más de $9,5 en intereses, con al menos 212 clientes confirmados.

La pesquisa puso en evidencia los vínculos económicos que la cooperativa mantenía con una gran cantidad de personas jurídicas, a pesar de que su estatuto sólo permitía asociarse a las personas de existencia visible. Se logró establecer así el modus operandi mediante el cual la entidad recibía dinero de otras empresas para destinarlo a préstamos, garantizando su cobro con cheques y/o pagarés emitidos por quienes tomaban el dinero en préstamo.