28 de mayo de 2024
28 de mayo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Alegato del fiscal general Carlos Schaefer junto a la PROCELAC
Corrientes: piden condenas de 4 años y 6 meses de prisión para dos exintegrantes de la cooperativa Pyramis por intermediación financiera no autorizada y lavado
La fiscalía solicitó además la aplicación de multas del triple del valor de las operaciones de lavado de activos e intermediación financiera. Por su parte, la Unidad de Información Financiera, querellante en el proceso, requirió condenas de 6 años de prisión y multas de cinco veces el valor de las maniobras ilícitas.

El fiscal general Carlos Schaefer y el auxiliar fiscal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Juan Argibay Molina, solicitaron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes que condene a sendas penas de 4 años y 6 meses de prisión a Rodolfo Siviero y Ana Karina Alonso, exintegrantes de la cooperativa Pyramis, por los delitos de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos agravado por su habitualidad realizados desde esa entidad entre 2012 y 2015. Además, pidieron la imposición de multas por el triple del valor de las operaciones de lavado de activos e intermediación financiera.

Oportunamente, la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) del Ministerio Público Fiscal, a cargo de María del Carmen Chena, determinó el monto de las operaciones ilícitas en 32 millones de pesos, suma que, en caso de recaer condena, será actualizada.

A su turno, la Unidad de Información Financiera (UIF), que interviene como querellante en el proceso, le solicitó al tribunal condenas de 6 años de prisión y multas de cinco veces valor de las maniobras.

El caso

De acuerdo con la investigación desarrollada por la Fiscalía Federal de Corrientes, a cargo de Flavio Ferrini, al menos desde 2012 hasta octubre de 2015, la Cooperativa de Créditos y Servicios Pyramis Limitada se desempeñó como una entidad financiera bajo la apariencia jurídica de una cooperativa, a través de la cual los imputados habrían desarrollado una operatoria que consistía en la captación de fondos del público que luego eran utilizados para el otorgamiento de préstamos, descuento de cheques y operaciones cambiarias.

De este modo -a través de un accionar ajeno a las disposiciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA)-, habría obtenido alrededor de 68,5 millones de pesos de personas ajenas a la entidad y capitalizado más de 9,5 millones en intereses, con al menos 212 clientes confirmados. Asimismo, la cooperativa recibía dinero de otras empresas para destinarlo a préstamos, garantizando su cobro con cheques y/o pagarés emitidos por quienes tomaban el dinero.

Según la acusación, las personas imputadas en el caso introdujeron en el mercado formal el provecho económico de la intermediación financiera no autorizada. Para ello habrían utilizado maniobras de diversa naturaleza vinculadas, principalmente, con la actividad inmobiliaria, la construcción y la compraventa de automotores de alta gama, con el objetivo de dar a los fondos obtenidos ilícitamente una apariencia legal.

El juicio

El debate comenzó en octubre pasado y está a cargo de los jueces los jueces Víctor Antonio Alonso, Fermín Ceroleni y Humberto de Jesús Moreira. El imputado Siviero y la imputada Alonso -quienes operaban desde un local dedicado a negocios inmobiliarios- llegaron imputados como coautores, respectivamente, de los delitos de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos agravado por su habitualidad.

También estaban imputados en esa causa Mario Argentino y Lisandro Boschetti -integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa de Créditos y Servicios Pyramis- y Carlos Ramón Contrera -quien también trabajaba con Siviero y Alonso-, pero suscribieron acuerdos de juicio abreviado con la fiscalía y la querella, que el tribunal aún debe resolver. En tanto, el imputado César Octavio Gelmi falleció durante el proceso.

El 21 de marzo pasado, en su alegato, la fiscalía solicitó que se condenara a Siviero y Alonso a penas de 4 años y 6 meses de prisión y se les aplicaran multas de $27.900.014 y $12.294.114, respectivamente. De acuerdo al pedido de la fiscalía, esos montos deberán ser actualizados.

En su alegato, el Ministerio Público Fiscal también solicitó el decomiso de los bienes secuestrados durante la investigación -para ser ejecutados y destinados al pago de las multas-, entre los que se cuentan inmuebles, vehículos de alta gama, grandes sumas de dinero en efectivo y bienes suntuosos, como relojes marca Longiness, Piaget y Rolex.

Las audiencias se reanudarán este martes 28 de marzo, con los alegatos de las defensas de los imputados, tras lo cual el Tribunal Oral Federal dará su veredicto.