Juan Pablo Curi, a cargo de la Fiscalía Federal de Dolores, solicitó que sea elevada a juicio la causa que tiene como imputados a cuatro familiares directos de uno de los miembros de la “banda de Aníbal Gordon”, acusados de canalizar en el mercado legal bienes procedentes de delitos de lesa humanidad.

A lo largo de la pesquisa, se establecieron distintas hipótesis de investigación enmarcadas en el contexto de los crímenes de lesa humanidad cometidos tras el Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Una de ellas, por la que ahora se requirió el avance a la etapa de juicio, quedó circunscripta a la adquisición por parte del grupo Gordon de dos lotes de terrenos ubicados en Chascomús, provincia de Buenos Aires.

La prueba recabada a lo largo de la investigación, que tramita ante el Juzgado Federal de Dolores, logró establecer que la compra de las parcelas fue realizada en octubre de 1976 con parte del dinero sustraído de la vivienda de Alberto Cecilio Mechoso Méndez, miembro del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y víctima de la organización, durante su secuestro. Este episodio tuvo lugar el 26 de septiembre de ese mismo año, oportunidad en la que agentes uruguayos y argentinos irrumpieron en su domicilio y detrajeron una suma de entre dos a ocho millones de dólares estadounidenses.

La compra de las parcelas fue realizada en 1976 con parte del dinero sustraído de la vivienda de Alberto Cecilio Mechoso Méndez, miembro del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y víctima de la banda

A partir de ese momento, se llevaron adelante diferentes escrituras públicas, cesiones de derechos, poderes especiales de escrituración, cesiones de poderes especiales de escrituración, boletos de compra-venta a precios irrisorios y/o actos simulados con la participación de personas interpósitas y con identidades falsas.

Por su parte, los imputados, al menos desde el año 2009, participaron en una sucesión de actos irregulares por los que se intentó disimular la titularidad real y el origen del dinero con el que fueron adquiridos los terrenos ubicados a la vera de la laguna de Chascomús. Finalmente, en el 2008 lograron registrarlos a su nombre en el Registro de la Propiedad de la provincia de Buenos Aires, integrándolos de ese modo al sistema económico legal, y administrarlos, incluso hasta la actualidad, sin perjuicio del embargo decretado sobre los mismos en el marco de la causa, por la suma seis millones quinientos mil pesos.

Para la fiscalía, desde el 2009 los imputados participaron en una sucesión de actos irregulares para disimular la titularidad real y el origen del dinero con el que fueron adquiridos los terrenos ubicados a la vera de la laguna de Chascomús

En la investigación colaboraron conjuntamente el Área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), ambas de la Procuración General de la Nación.