El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata dio inicio ayer al juicio en la causa que tiene como imputados a tres mujeres y un hombre, hijas e hijo del fallecido Leonardo Miguel Save, sindicado integrante de “la banda de Aníbal Gordon” -organización paramilitar que actuó en la época del terrorismo de Estado-, acusados realizar diversas maniobras para incorporar al mercado legal dinero procedente de delitos de lesa humanidad perpetrados por su padre.

Las personas imputadas, representadas en juicio por la Defensoría General de la Nación, son María Eugenia, María Natalia, Marcelo Leonardo y Ana María Save. El caso llegó a debate oral y público luego de que la Cámara Federal de Apelaciones, en sintonía con el planteo del MPF, rechazara la aplicación del instituto de la reparación integral para declarar extinta la acción penal.

Durante la audiencia de apertura, el fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi, a cargo de la instrucción de la causa y de la acusación del Ministerio Público Fiscal en esta instancia de juicio, dio lectura a la síntesis del requerimiento de elevación a juicio. Lo hizo acompañado por la auxiliar fiscal María Eugenia Montero y por el auxiliar fiscal Julio Darmandrail, integrantes de la Oficina de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad  de Mar del Plata, dependencia da cargo de la fiscal federal Laura Mazzaferri. La fiscalía cuenta en el proceso con la colaboración de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación. Durante la instrucción del caso, contó también con la asistencia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.

El juez Roberto Falcone lleva adelante el debate de forma unipersonal. Curi expuso en la lectura la hipótesis que buscará demostrar a lo largo del juicio, que refiere a la adquisición de dos terrenos por parte de miembros de “la banda de Aníbal Gordon” de manera extorsiva o mediante algún otro medio ilícito, en el marco del terrorismo de Estado.

Explicó que en la causa se abordó el marco contextual del plan sistemático de represión y exterminio perpetrado en el país; las distintas normas dictadas tanto en el periodo democrático previo a la dictadura como con posterioridad al 24 de marzo de 1976; y precedentes de sentencias dictadas en otros procesos vinculados con la investigación de grupos paraestatales que intervinieron antes y después del golpe de Estado.

El fiscal Curi explicó que la maniobra se llevó a cabo “a través de una serie de actos irregulares, en los que intervinieron los acusados, al menos desde el año 1999 y que tuvieron por finalidad la registración de los inmuebles bajo su titularidad en la Dirección Provincial de Registro de la Propiedad de la provincia de Buenos Aires”, que se concretó en 2008.

El fiscal precisó que en ese contexto se ubicó el padre de los acusados, Leonardo Miguel Save, como parte de ese proceso “antisubversivo”, particularmente como integrante de una de las organizaciones ilegales al servicio de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y que luego aquél sujeto se instaló en la ciudad bonaerense de Chascomús, de donde era oriundo. Añadió que en la investigación se determinó la vinculación de Save con un proyecto inmobiliario frustrado, denominado Boating SRL, y la compra de terrenos con dinero espurio -que fueron motivo de investigación- con el fin de trasmitirlos a sus herederos bajo apariencia de legalidad.

El fiscal acompañó la exposición con cuadros explicativos. “El suceso imputado consiste en haber adquirido, transferido, ocultado y administrado las parcelas identificadas catastralmente como Partido 027, Circunscripción XI, Parcelas 1164M y 1164X –antiguamente 1164G y 1164H-, ubicadas en el barrio Parque Girado de la localidad de Chascomús, pertenecientes originariamente a las familias Girado y Vanzato respectivamente”, relató Curi.

Explicó que la maniobra se llevó a cabo “a través de una serie de actos irregulares, en los que intervinieron los acusados, al menos desde el año 1999 y que tuvieron por finalidad la registración de los inmuebles bajo su titularidad en la Dirección Provincial de Registro de la Propiedad de la provincia de Buenos Aires”. La registración se configuró en 2008, momento a partir del cual los imputados continuaron administrando los predios hasta la actualidad.

De acuerdo con la prueba reunida, la compra de los terrenos se realizó en octubre de 1976 con parte del dinero sustraído días antes de la vivienda de unas de las víctimas de la organización, Alberto Cecilio Mechoso Méndez.

“Al mismo tiempo –continuó-, mediante dichas operaciones se buscó aparentar y disimular el origen ilícito del dinero con el que se adquirieron las parcelas, el que provenía de hechos constitutivos de crímenes de lesa humanidad cometidos por la organización conocida como la banda de Aníbal Gordon, durante la última dictadura militar, de la que participaba entre otras personas, Leonardo Miguel Save, progenitor de los imputados, hoy fallecido”, indicó el fiscal.

Añadió que la compra de los terrenos -de acuerdo a la prueba reunida- se realizó en octubre de 1976 con parte del dinero sustraído de la vivienda de unas de las víctimas de la organización, Alberto Cecilio Mechoso Méndez, durante su secuestro. Este episodio tuvo lugar el 26 de septiembre de 1976, ocasión en la que agentes uruguayos y argentinos irrumpieron en su casa de la calle Miralla 2864 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y detrajeron una suma de entre 2 a 8 millones de dólares.

El fiscal precisó que, a partir de ese año, se llevaron adelante diferentes escrituras públicas, cesiones de derechos, poderes especiales de escrituración, cesiones de poderes especiales de escrituración, boletos de compra-venta y/o actos simulados con la participación de personas interpósitas o con identidades falsas. Brindó al respecto los detalles de una secuencia de actos irregulares, que permitieron a los imputados registrar bajo su titularidad los terrenos en cuestión.

La conducta reprochada, explicó Curi, encuentra adecuación típica en el delito de lavado de activos de origen ilícito por el que deberán responder en carácter de coautores penalmente responsables, de acuerdo a lo previsto en los artículos 45 y 303, inciso primero, del Código Penal.

Luego fue el turno de las querellas representadas por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que expusieron sus acusación. En el debate -que retomará las audiencias el 14 de febrero- también interviene como querella adhesiva el Comité para la Defensa de la Ética, la Salud y los Derechos Humanos (CODESEDH).