El defensor público oficial Gustavo Kollmann solicitó al juez federal Claudio Bonadío -a quien recusó anteayer- que suspenda las audiencias que fijó para tomarle declaración indagatoria el 18 y el 25 de noviembre a sus representados, el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, y el fiscal en lo penal económico, Emilio Guerberoff, respectivamente, en el marco de la causa que los tiene imputados por los delitos de violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y violación de secretos, expediente iniciado a raíz de la denuncia de una jueza imputada por sus vínculos con el narcotráfico.

El defensor Kollmann realizó la petición a través de un recurso de reposición, un procedimiento previsto para que la autoridad judicial reconsidere su decisión. Kollman además presentó otros dos escritos en los que solicita tener acceso al contenido de la causa y que se lo notifique de las audiencias en el mismo expediente, dado que inusualmente esta vez Bonadío lo notificó de las indagatorias mediante el envío de una cédula. En los pedidos Kollmann dejó en clara la afectación del derecho de defensa en juicio, dado que no pudo ver ni controlar el contenido del expediente.

En el recurso de reposición, en tanto, el defensor recordó que el martes pidió el apartamiento de Bonadío por temor de parcialidad, dado que el juez es denunciante de Gonella en una causa previa. En ese sentido, Kollmann señaló que la decisión del juez de rechazar la recusación y citar igualmente a la indagatoria a los fiscales "incumple la normativa procesal en torno al trámite que rige la recusación de jueces en nuestro ordenamiento procesal, al tiempo que vulnera de manera flagrante el debido proceso, la garantía de defensa en juicio y ante todo la garantía que asiste a todo imputado a ser juzgado por un juez cuya imparcialidad no esté cuestionada".

Kollmann indicó que el artículo 61 del Código Procesal Penal estipula que el juez recusado que rechaza la impugnación debe remitir el escrito por el que se solicita su apartamiento y un informe realizado por el propio magistrado al tribunal competente, en este caso la Cámara Federal porteña, que "previa audiencia en que se recibirá la prueba e informarán las partes, resolverá el incidente dentro de las 48 horas sin recurso alguno".

El artículo 62 de la misma norma, en tanto, estipula que "si el juez fuere recusado y no admitiere la causal, siendo manifiestamente inciertos los hechos que se alegan, continuará la investigación aún durante el trámite del incidente".

Por eso Kollmann en su presentación le indicó a Bonadío que "podrá compartir o no los motivos de recusación expuestos por esta Defensa Pública Oficial, más resulta insostenible afirmar que los mismos son inciertos". En efecto, el defensor señaló que "resultan datos ciertos y concretos los expedientes judiciales citados en el escrito de recusación que como prueba se han ofrecido, y que fundan dos de las tres causales alegadas por esta Defensa para lograr el apartamiento". De esa forma, hizo alusión a que Bonadío actuó profesionalmente contra Gonella en otro expediente, en el que además lo denunció, lo cual demuestra que el juez carece de la imparcialidad que le exige la ley.

El defensor de los fiscales advirtió en esa línea a Bonadío que, si se llevaran a cabo las indagatorias que dispuso para las próximas dos semanas, los dos actos podrían ser declarados nulos, de prosperar ante la Cámara Federal la recusación interpuesta el martes.

Kollmann refirió que no hay "urgencia alguna que amerite materializar la audiencia" el martes próximo, sobre todo porque los fiscales Gonella y Guerberoff "se encuentran a disposición de la presente pesquisa desde el primer momento" y porque asimismo es "lógico hacer honor a la máxima economía procesal", teniendo en cuenta la eventual nulidad de todo lo actuado. Por eso, la defensa requirió suspender las audiencias hasta que la cuestión fuera resuelta por la Cámara Federal.

El derecho de defensa, en jaque

El defensor de los fiscales Gonella y Guerberoff además solicitó que se deje sin efecto la notificación mediante una cédula -un breve documento utilizado usualmente para dar a conocer a las partes una decisión pero no sus fundamentos- del rechazo de la recusación y de la disposición de las indagatorias para el 18 y el 25 de noviembre.

"El medio escogido para notificar a esta defensa ha impedido valorar las constancias obrantes en el expediente de referencia", indicó Kollmann, quien asimismo precisó que esa circunstancia "se ha agravado" porque no tuvo acceso a la causa en las "reiteradas ocasiones" en las que la solicitó en la mesa de entradas de la Secretaría del Juzgado.

Por el contrario, indicó el defensor, en todos los expedientes anteriores a este el juez Bonadío, los otros jueces del fuero y la propia Cámara Federal siempre lo notificaron remitiéndole el expediente a su despacho de la Defensoría, de manera de poder compulsar el contenido de lo actuado en la causa o los incidentes abiertos.

Por ese motivo, en otro escrito el defensor Kollmann requirió al juez que lo autorice a "tomar vista del legajo", dado que faltan muy pocos días para la primera indagatoria dispuesta y hasta ahora no ha podido compulsar las actuaciones, lo cual -recordó- viola el derecho de defensa en juicio consagrado en la Constitución y en pactos internacionales.

De hecho, el representante de los fiscales enumeró otras dos circunstancias que afectaron ese derecho: se le denegó el permiso para presenciar la declaración testimonial del director de Comunicación Institucional de la Procuración General de la Nación, Luis Villanueva, el 31 de octubre pasado, por lo cual interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio que aún no fue resuelto ni notificado; y nunca le fue contestado su pedido de fotocopias de la causa realizado el mismo día.