El sexto encuentro de la Red de Oficiales Encargados de Hacer Cumplir la Ley Anticorrupción en América Latina y el Caribe (conocida como red LAC LEN) se llevó a cabo en San José de Costa Rica, del 5 al 7 de noviembre pasado. En esta oportunidad, las reuniones se centraron en temas de cooperación internacional y en la responsabilidad de las empresas en investigaciones de corrupción complejas, así como en otras prioridades para la región.

La actividad reunió a fiscales y funcionarios de los ministerios públicos y organismos de aplicación de la ley penal de varios países de la región y de Estados Unidos. En esta ocasión, la red LAC LEN fue copresidida por la fiscal adjunta María Natalia Villalta Hidalgo, de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de Costa Rica, y por Silvana Carrión Ordinola, Procuradora Pública de la Procuraduría Ad Hoc Caso Lava Jato de la Procuraduría General del Estado de Perú.

El primer encuentro de la red se celebró en 2018 en Buenos Aires, a partir de la Iniciativa Anticorrupción de América Latina y el Caribe y del Programa Regional de América Latina y el Caribe de la OCDE. El objetivo de la Red LAC LEN es dotar a las autoridades encargadas de la aplicación de la ley en América Latina y el Caribe de herramientas, capacidades y conocimientos para investigar y enjuiciar eficazmente los casos de corrupción complejos, incluidos aquellos de carácter transnacional. Esto se logra principalmente a través de formación práctica basada en casos reales y dirigida por pares.

Representando al Ministerio Público Fiscal de Argentina, participaron el fiscal general Diego Luciani y la auxiliar fiscal y coordinadora del Área de Delitos contra la Administración Pública de la PROCELAC, Ileana Schygiel.

El fiscal general Diego Luciani participó como expositor en el panel sobre casos reales de corrupción transnacional, en el que se presentaron investigaciones concluidas con la implicación de personas jurídicas. Las exposiciones se centraron en la detección de estos delitos, el establecimiento de jurisdicción y la cooperación con jurisdicciones extranjeras, además de analizar los desafíos enfrentados, las estrategias para superarlos y las lecciones aprendidas.

La auxiliar fiscal Ileana Schygiel disertó sobre el uso de intermediarios en casos de soborno transnacional, la investigación y enjuiciamiento de personas jurídicas y la recopilación de pruebas e información a través de la cooperación interinstitucional en casos de corrupción.

Otros paneles de la reunión LAC LEN abordaron el uso de nuevas tecnologías en investigaciones de corrupción, la cooperación internacional en casos resueltos mediante resoluciones extrajudiciales, el fortalecimiento de la protección a denunciantes como herramienta para detectar y combatir la corrupción, y la lucha contra la corrupción en contrataciones públicas para proyectos de infraestructura. También se presentaron casos hipotéticos y se desarrolló un panel para el intercambio de experiencias y preocupaciones comunes en la región.

Como es habitual en estos encuentros, la última jornada estuvo dedicada a un taller organizado por las autoridades del país anfitrión. En esta ocasión, el taller versó sobre ciberdelincuencia y corrupción, e incluyó temas como la obtención de evidencia digital de dispositivos electrónicos, herramientas para combatir el cibercrimen y el uso de instrumentos internacionales.

Argentina es miembro de la Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, que establece un marco legal para tipificar el delito de soborno a funcionarios públicos extranjeros y prevé medidas para garantizar su aplicación efectiva. Asimismo, contempla un mecanismo de seguimiento entre pares, a través del Grupo de Trabajo sobre Soborno de la OCDE, que supervisa la implementación de estas obligaciones. En este contexto, la República Argentina ha superado en el año 2023 la Fase 3 bis de este sistema de evaluaciones, y a partir del año 2025 será sometida a la evaluación correspondiente a la Fase 4.