El tercer encuentro de la Red de Oficiales Encargados de Hacer Cumplir la Ley Anticorrupción en América Latina y el Caribe (conocida como red LAC LEN) se llevó a cabo entre el 18 y 19 de noviembre pasado. Con el foco puesto en los desafíos planteados por la pandemia del COVID-19, el evento reunió a más de 90 fiscales, fiscalas y funcionarios y funcionarias de los ministerios públicos y organismos de aplicación de la ley penal de 16 países, incluyendo representantes de Canadá, Italia, el Reino Unido y Estados Unidos.

La red LAC LEN, establecida en 2018 en Buenos Aires, nació a partir de la Iniciativa Anticorrupción de América Latina y el Caribe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Programa Regional de América Latina y el Caribe de la OCDE. Su objetivo es generar un espacio de intercambio de buenas prácticas entre fiscales/as y funcionarios/as de agencias de aplicación de la ley penal, que permita facilitar a las autoridades de América Latina y el Caribe las herramientas para incrementar la capacidad y la experiencia necesarias para investigar y procesar con eficacia los casos complejos de soborno transnacional y corrupción.

La Red proporciona una plataforma para el intercambio informal de información y para la búsqueda y facilitación de asistencia legal y cooperación entre sus miembros. Las actividades de la Red LAC LEN tienen como fin apoyar los esfuerzos de la región en fortalecer la democracia y el estado de derecho y en promover el desarrollo sostenible, en línea con el Compromiso de Lima sobre Gobernabilidad Democrática contra la Corrupción adoptada por la Cumbre de las Américas en abril de 2018, y el Plan de Acción para la Integridad y el Buen Gobierno, que fue aprobado en la Reunión de Alto Nivel de El Programa Regional OECD LAC de octubre de 2018, en Lima, Perú.

Al reconocer que la pandemia del COVID-19 incrementó significativamente los riesgos de corrupción en América Latina y el Caribe, al igual que en todo el mundo, la LAC LEN 2020 se concentró en debatir desafíos, intercambiar buenas prácticas y compartir ejemplos de casos de investigación concretos relacionados con tres ejes principales:

• Los desafíos planteados por la pandemia del Covid-19 en relación con la corrupción en las contrataciones públicas.
• Los programas de integridad empresarial en el marco de la responsabilidad de las personas jurídicas.
• El trabajo en las investigaciones con testigos, informantes y denunciantes.

La reunión se inauguró con una sesión de alto nivel en la que participó el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, junto con el Ministro de la Contraloría General de la República de Brasil, Wagner Rosário, la fiscala general de Costa Rica, Emilia Navas Aparicio, y el jefe de División de la Oficina de Programas y Políticas Globales de la INL (EEUU), Robert Leventhal.

En ese contexto, el procurador Casal mencionó los últimos avances normativos en materia de lucha contra la corrupción y el soborno transnacional; en especial describió cuáles son los desafíos que se presentan para la aplicación efectiva de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. También hizo mención de los esfuerzos que conlleva la aplicación de las leyes en el contexto de la pandemia por Covid-19 y sintetizó las acciones llevadas a cabo para asegurar la continuidad del trabajo de todas las dependencias del MPF, a la par de las medidas sanitarias para preservar la salud de sus miembros y el público en general.

En este panel también se repasaron las actividades de la LAC LEN y cómo ellas inciden en la labor diaria de los y las fiscales, y se exploraron futuras oportunidades de trabajo en conjunto para los años siguientes. Esta sesión permitió lanzar el nuevo proyecto sobre "Respuesta global de los oficiales encargados de hacer cumplir la ley anticorrupción en situaciones de crisis", implementado por la OCDE con el apoyo de la Sección de Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico y Aplicación de la Ley (INL) de los Estados Unidos.

La representación por parte del MPF de la República Argentina estuvo encabezada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de su cotitular, la fiscala federal María Laura Roteta, quien además copreside la LAC LEN junto con el director de Responsabilidad de Personas Jurídicas de la Contraloría General de la República de Brasil, Marcelo Pontes Vianna. Ambos estuvieron a cargo de la apertura del encuentro y moderaron los paneles en los que expusieron fiscales/as y oficiales de cumplimiento de los distintos países que integran la Red. El encuentro contó también con la participación del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, quien expuso acerca de los desafíos planteados por la pandemia del Covid-19 en los casos en los que interviene la PIA, relacionados a hechos de corrupción en las contrataciones públicas.

Acompañaron a la delegación argentina, funcionarios de la PROCELAC y de la PIA, junto con integrantes de la Secretaría de Coordinación Institucional y de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional.