La fiscal Federal subrogante de San Juan, Katia Troncoso, y el fiscal General a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, requirieron la elevación a juicio por el delito de asociación ilícita para cinco miembros de una organización que operó entre 2001 y 2005 en la capital de esa provincia generando facturas apócrifas para empresas propias u ofertando ese servicio ilegal a otras firmas para que pudieran evadir el pago de impuestos.

Los acusados son el contador Francisco Martiniano Place (49 años) y la abogada María Graciela Vega Lecich (57), a quienes se considera los jefes de la asociación ilícita; el contador Sebastián Fernández de Cieza (38), imputado como uno de los principales partícipes de la maniobra; Pedro Octavio Lima (41), uno de los "prestanombres" para concretar las operaciones; y Hermógenes Enrique Peña (69), a quien se imputa de haber actuado como testaferro de la organización. Si bien el caso tiene más imputados, este es el primer tramo que llegará a juicio oral de un expediente de trámite complicado y sinuoso, en el que recientemente la Cámara Federal de Mendoza decidió apartar al juez Miguel Gálvez porque perdió la parcialidad.

El requerimiento de elevación a juicio en esta causa -la principal abierta por corrupción en el ámbito federal de esa provincia- es producto del trabajo de la Fiscalía Federal de San Juan con la asistencia técnica de la Procelac a través de su área de Delitos Tributarios y Contrabando, que coordina Juan Zoni. En esa labor, los funcionarios del Ministerio Público analizaron cinco mil fojas del cuerpo principal del expediente y otras diez mil fojas que conforman anexos documentales. Para ello fue relevante la colaboración prestada por la Oficina de Digitalización de causas de la Procuración General.

En la presentación de 97 carillas, Troncoso y Gonella sostuvieron que los cinco acusados "componían una organización delictiva dedicada a la comercialización de facturas apócrifas, que luego eran utilizadas por sus clientes, para disminuir las bases imponibles de sus obligaciones tributarias ante el fisco nacional".

Las maniobras -señalaron los fiscales- permitieron a los contribuyentes que adquirían las facturas "detraer de su contabilidad los supuestos gastos originados en los trabajos consignados en las mismas, evadiendo de esta manera -fundamentalmente- el Impuesto al Valor Agregado (por el aumento ficticio de su crédito fiscal) y a las Ganancias (por el aumento, también irreal, de sus gastos deducibles) que les correspondería tributar".

En otros términos, indicaron, "la asociación efectuó falsas facturaciones de mercaderías y locaciones de obras y servicios para facilitar que terceras empresas ajenas a ella evadan el pago de los tributos a su cargo". Al respecto, consideraron que "se encuentra demostrado que los responsables de la asociación ilícita se contactaron con las empresas usuarias a efectos de ofrecerle la 'venta de los comprobantes comerciales' por operaciones que, naturalmente, nunca existieron".

Place, Vega Lecich, Fernández de Cieza, Lima y Peña se habrían dedicado "en forma organizada", entre 2001 y 2005, a la "comercialización de documentación comercial apócrifa (especialmente facturas)" que correspondían a una constelación de 47 firmas. Las facturas fueron utilizadas al menos por 85 personas físicas y jurídicas para evadir impuestos, todas de la más variada gama de rubros comerciales y de servicios.

La pruebas y las maniobras

La documentación que prueba los hechos fue especialmente obtenida en allanamientos realizados al estudio contable Place y Asociados y al estudio jurídico de Vega Lecich, en la ciudad de San Juan, que los fiscales definieron como "pantallas" de las "actividades delictivas".

Entre las pruebas, los fiscales ponderaron "los correos electrónicos remitidos entre los integrantes de la organización entre sí, y los enviados entre aquellos sujetos y sus clientes". En esos mensajes, por ejemplo, aparecen los porcentajes que cobraban los emisores de las facturas calculados sobre el IVA. Así, en algunas operaciones ficticias una factura podía costar hasta el 30 por ciento del IVA del precio facturado. El número de la "comisión" podía variar en virtud de la cantidad a facturar y del tipo de cliente.

Gonella y Troncoso describieron "la progresión de actividades coordinadas" que permitieron llevar adelante las maniobras de evasión. Al respecto, mencionaron que la organización constituyó y adquirió sociedades fantasma, "empresas cuyo objeto social de los más diverso, en manos -al menos formalmente- de las mismas personas; lo que demuestra lo inverosímil de su existencia". En el mismo contexto, los imputados seleccionaron y contrataron testaferros "para ocupar los cargos directivos de aquellas sociedades ficticias y/o aparentar el dominio del capital social".

Para todo ello se acondicionaron también las oficinas de los estudios contable y jurídico; prepararon y presentaron a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) declaraciones juradas de IVA en las que consignaron créditos fiscales y retenciones irreales para compensar los débitos fiscales que originaban las transacciones falsas, e "inclusive, el pago de algunos importes menores en concepto de IVA, todo ello, en miras a dar una imagen real a sociedades imaginarias", acusaron los fiscales.

Las maniobras, describieron Gonella y Troncoso, también incluyeron el establecimiento de contacto con los falsos usuarios para la selección de los tipos de servicios y/u operaciones comerciales a facturar, y "la elección de las empresas fantasmas que habrían de nominar a los supuestos emisores de los comprobantes falsos".

Asimismo, según la acusación, los imputados se aprovecharon de "empresas en estado de cesación de pagos, utilizando su condición económica como pantalla para emitir facturación apócrifa".

Los fiscales remarcaron que "son numerosos los indicios que permiten aseverar la existencia sólo formal de las operaciones que se documentan a través de las facturas cuestionadas".

En ese sentido, enumeraron que las firmas intervinientes se caracterizan por no haber declarado empleados en relación de dependencia o porque su número no se condice con la naturaleza de la actividad que desarrollan; no poseen bienes registrables; no presentan declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y/o del IVA; presentan "inconsistencias entre las ventas y/o ganancias declaradas y los depósitos bancarios informados"; no ingresan importes relevantes en concepto de IVA, dado que emiten declaraciones juradas con créditos y débitos fiscales por montos similares, o exteriorizan mayor crédito que débito fiscal; y omiten actuar como agentes de retención de los impuestos. Tampoco, puntualizaron los fiscales, suscribieron contratos con aseguradoras del riesgo del trabajo y las prestadoras de servicios públicos informaron sobre ellas consumos pocos relevantes.