De acuerdo con el decreto que dispuso su venta, el grupo empresario beneficiado debía abonar por el astillero alrededor de 60 millones de dólares, financiados a nueve años. Sin embargo, ante reiterados incumplimientos, el Estado nacional inició una serie de acciones judiciales que sacaron a la luz que, al momento de la contratación, el holding adjudicatario no habría contado con capacidad económica para hacer frente a las obligaciones asumidas. La empresa habría garantizado el pago del capital con una caución de una compañía aseguradora insolvente y no habría constituido el aval bancario exigido para respaldar el pago de los intereses.

Además, en 1993, el grupo habría vendido, a una empresa vinculada y aparentemente sin autorización, un terreno propiedad de Tandanor por 18 millones de dólares.

La colaboración que actualmente presta la PROCELAC en el caso consiste en el relevamiento, sistematización y análisis de las pruebas recolectadas durante la investigación, la identificación de los aspectos que ameriten una mayor profundización y la recomendación de estrategias en esa dirección. Toda la actividad tiene como fin fortalecer la actuación de la fiscalía a cargo de León en el juicio oral.