Esta semana continuó el juicio por el “vaciamiento” del Banco Mayo con las primeras declaraciones testimoniales de los testigos, luego de que durante los tres meses iniciales del debate hicieran su descargo los acusados, entre los que se encuentra el ex presidente de la DAIA Rubén Beraja. En las audiencias del martes y miércoles realizadas ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 intervino el fiscal general Fernando Arrigo junto al fiscal ad-hoc Adrián Gutiérrez y Federico Donth Leger, quienes junto a Ricardo Esteban integran el equipo fiscal. A lo largo de las dos jornadas declararon integrantes del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que formaron parte de la verificación realizada a la entidad en 1998, que culminó con una denuncia penal acumulada a la que habían realizado los ahorristas y una sanción administrativa previa a su cierre y liquidación.

La audiencia del martes comenzó con la declaración del testigo Héctor Biondo -propuesta por el imputado León Laniado-, quien se desempeñó como subgerente general de Operaciones del Banco Central. Dijo que tuvo que “administrar los créditos del Banco Mayo y muchos otros” en un “contexto de riesgo sistemático”, que atribuyó a la “Crisis del Tequila” de 1995 a pesar de que los hechos investigados se produjeron en 1998. Ante las consultas del fiscal general Arrigo, el testigo manifestó que estuvo presente en algunas de las audiencias de este juicio porque le “interesó saber qué pasó”; al juez Julio Panelo le contestó que tiene “una relación profesional” con el acusado y que ambos han “seguido en contacto”. También brindó su testimonio el contador Alberto Toledo, ex interventor judicial del Banco Mayo y funcionario del Banco Central, quien indicó que desde ese rol -junto a otro interventor- “acompañábamos el proceso de reestructuración” y participaron de la transferencia de activos al fideicomiso Acex. Tras un cuarto intermedio fue el turno de la testigo Claudia Cagide, quien fuera subinspectora en la verificación y remitía informes a sus superiores en el Banco Central.

Durante la jornada del miércoles brindó su testimonio la entonces jefa de Inspectores del Grupo D -en el que se encontraba el Banco Mayo junto a otras instituciones-, Elba Castaño. En su declaración dio cuenta de que a medida de que la entidad percibía los redescuentos de parte del BCRA, en lugar de cumplir con las obligaciones asumidas se permitían giros en descubierto a empresas vinculadas -o con “influencia controlante”, tal es el caso de Icatur, Manfisa SA y Viviendas Mayo- o a actividades comerciales, como los 24 millones de dólares destinados a solventar noches en tiempos compartidos. Contó además que durante la verificación advirtieron cheques pagados por altas sumas, que llevaban las iniciales de Beraja y eran cobrados por caja sin ningún tipo de control.

El juicio

14 personas llegaron al debate oral y público -que se reanudará el martes próximo- acusadas de los delitos de asociación ilícita y defraudación contra la administración pública. Durante la etapa de instrucción, se investigaron una serie de irregularidades que presentaba el Banco Mayo Cooperativo Limitado: el 9 de octubre de 1998, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias resolvió la suspensión total de las operaciones por el término de 30 días. En ese sentido, se consideró que la entidad investigada no había podido revertir la pérdida de sus depósitos, a pesar de los redescuentos, y que la Subgerencia General de Operaciones había informado que ya no era posible otorgar otros redescuentos por falta de garantías para cubrir las asistencias.

Pocos días después -el 16 de octubre de 1998- la Asociación Protectora de Suscriptores de Planes de Ahorro -Protección del consumidor- denunció que las conductas irregulares en el Banco habrían llevado a una pérdida de u$s 200.000.000 en un mes y medio. A partir de allí, se dio curso a una investigación orientada a la administración, manejo y/o cuidado del Banco que provocó su cierre y liquidación, en perjuicio de su patrimonio, del de sus clientes y del propio Banco Central de la República Argentina (BCRA), quien había otorgado u$s 298.000.000 en concepto de redescuentos.